Los intocables del PP tras 20 a?os de corrupci¨®n

Este pol¨ªtico del PP anda metido desde hace a?os en un camino de la vida donde todo son curvas peligrosas. La ruina se le ech¨® encima a cuenta de la corrupci¨®n y en breve se sentar¨¢ en el banquillo amenazado de c¨¢rcel. Con la experiencia del tiempo que lleva atrapado en los juzgados, cuenta ahora a EL PA?S que la justicia no es igual para todos: ¡°Los jefes son intocables. No es lo mismo llevarte por delante a [Luis] B¨¢rcenas que a Mariano [Rajoy]¡±.

Es solo una opini¨®n, aunque los hechos confirman en parte su veredicto. Desde que los gobiernos m¨¢s corruptos del PP comenzar¨¢n a sufrir las consecuencias de sus actos -2018, primera sentencia del caso G¨¹rtel-, todos los jefes-presidentes de esta formaci¨®n pol¨ªtica han salido ilesos del calvario judicial.

La Justicia no ha sido capaz en todo este tiempo de penalizar la conducta de estos intocables. ¡°Los jueces deber¨ªan preguntarse a qui¨¦n beneficia la corrupci¨®n en los partidos y en los gobiernos. Y llegar¨ªan a la conclusi¨®n de que los principales beneficiados son: candidatos en campa?a primero y presidentes del Gobierno despu¨¦s¡±, se?ala el pol¨ªtico procesado por corrupci¨®n.

El PP, sentenciado en dos ocasiones como part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo de los delitos cometidos por la misma trama, acumula en los ¨²ltimos seis a?os numerosas condenas por la corrupci¨®n de sus cargos p¨²blicos. Pero ning¨²n fallo judicial ha golpeado todav¨ªa a sus principales l¨ªderes.

La ¨²ltima sentencia conocida sobre un caso probado de contratos ama?ados a favor de la red G¨¹rtel absolvi¨® el pasado mi¨¦rcoles a Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana entre 2003 y 2011. Pese a que el empresario beneficiado, y condenado, confes¨® los hechos -¡±Yo le ped¨ª a Camps que me ayudara y ¨¦l me ayudaba¡±- el tribunal no encontr¨® la prueba definitiva del delito: ni Camps dio la orden de contratar ni firm¨® ning¨²n documento que le pudiera incriminar. Otros funcionarios del Gobierno de Camps s¨ª han sido condenados por estos hechos.

Muchos a?os antes (2012), Camps ya sali¨® absuelto en otro juicio por supuesto cohecho en el caso de los trajes. Un jurado de nueve le consider¨® ¡°no culpable¡± por 5 a 4. Y eso pese a que la investigaci¨®n acredit¨® con facturas y testimonios que la trama corrupta pag¨® los trajes al entonces presidente y pese a que Camps no logr¨® demostrar el pago de uno solo de los trajes. Su vicepresidente, V¨ªctor Campos, confes¨® los hechos, devolvi¨® los trajes que le regal¨® la trama corrupta y fue condenado por cohecho pasivo impropio a pagar una multa. Esa trama corrupta se enriqueci¨® durante a?os a cuenta de decenas de contratos ama?ados por el Gobierno de Camps, quien dimiti¨® antes de enfrentarse al juicio de los trajes.

Desde aquella sentencia absolutoria hasta hoy, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia han condenado a numerosos dirigentes y cargos p¨²blicos del PP valenciano, muchos de ellos colaboradores principales de Camps. Pero esos castigos nunca rozaron al jefe. Los subordinados siempre cargaron con la culpa.

Sobre esta cuesti¨®n elabor¨® una curiosa teor¨ªa Alberto Jorge Barreiro, magistrado del Supremo jubilado el 30 de abril de 2019. El voto particular de Barreiro contra una sentencia que rebaj¨® la pena a Jaume Matas, ex presidente de Baleares, expon¨ªa las distintas varas de medir la culpa en casos de corrupci¨®n pol¨ªtica: ¡°En este tipo de estructuras jerarquizadas se da la circunstancia de que cuanto menor es la capacidad decisoria y competencial de un funcionario, m¨¢s pr¨®ximo suele estar a la materializaci¨®n de la conducta delictiva y mayores posibilidades tiene de incurrir en la ejecuci¨®n formal de la conducta t¨ªpica (¡­) Se da as¨ª en no pocas ocasiones la grave contradicci¨®n de que la persona responsable de la acci¨®n delictiva es condenada como mero part¨ªcipe del delito y quien es mero ejecutor de los mandatos de un superior, competencial y disciplinariamente, es condenado como aut¨¦ntico autor¡±.

Isabel Gallego, directora general de Medios de la Comunidad de Madrid durante las presidencias de Esperanza Aguirre e Ignacio Gonz¨¢lez, sufre las consecuencias que denunci¨® el magistrado Barreiro. Gallego est¨¢ procesada en el caso P¨²nica por prevaricaci¨®n y malversaci¨®n. ¡°Me acusan de malversar por contratar trabajos que la beneficiaban a ella (Esperanza Aguirre)¡±, indic¨® Gallego en el recurso para intentar librarse del banquillo. El PP de la Comunidad de Madrid se financi¨® ilegalmente entre 2007 y 2011 a trav¨¦s de una caja b alimentada por empresarios contratistas. Con ese dinero se pagaron actos electorales no declarados al Tribunal de Cuentas y otros servicios para mejorar la imagen de sus presidentes.

Un dirigente auton¨®mico, compa?ero de Isabel Gallego en el Gobierno de Aguirre, lo cuenta as¨ª: ¡°La directora de comunicaci¨®n est¨¢ procesada por buscar la forma de encajar un contrato para que Esperanza Aguirre saliera guapa en las redes sociales. Gallego va para adelante en el juzgado mientras que la que sale guapa est¨¢ en su casa¡±.

Las dos fiscales que investigaron durante a?os el caso P¨²nica se negaron a firmar el escrito final de Anticorrupci¨®n, redactado por un compa?ero que lleg¨® despu¨¦s y exculp¨® a Aguirre. La presidenta del Gobierno regional y del PP de Madrid se libr¨® as¨ª de un sumario donde la Fiscal¨ªa pide tambi¨¦n c¨¢rcel para el secretario general del PP-Madrid, Francisco Granados, y para el gerente del PP-Madrid, Beltr¨¢n Guti¨¦rrez, ambos trabajadores a las ¨®rdenes de Aguirre.

La expresidenta madrile?a ha escapado, de momento, a todas las causas judiciales abiertas a su Gobierno. Su vicepresidente Ignacio Gonz¨¢lez pas¨® ocho meses en prisi¨®n preventiva y est¨¢ a la espera de juicio. Francisco Granados, exconsejero y exsecretario general del PP-Madrid, pas¨® 33 meses preso y est¨¢ a la espera de juicio. Otro vicepresidente, Alfredo Prada, est¨¢ siendo juzgado por la gesti¨®n de la Ciudad de la Justicia, una obra fara¨®nica empantanada tras una inversi¨®n de m¨¢s de 200 millones. Su consejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia, Alberto L¨®pez Viejo, fue condenado a 27 a?os de c¨¢rcel por el caso G¨¹rtel, una trama que se enriqueci¨® con cientos de contratos ama?ados de la Comunidad de Madrid. Directores generales y alcaldes de la etapa en que Aguirre era la jefa de todo en el PP de Madrid han sido condenados, procesados o imputados en diversas causas.

Es un balance parecido al que presenta Camps al frente del PP valenciano y del Ejecutivo que presidi¨®. El resultado de su gesti¨®n se puede seguir a trav¨¦s de una decena de fallos judiciales para sacar algunas conclusiones: fueron ocho a?os de corrupci¨®n acreditada en casi todas las ¨¢reas del Ejecutivo valenciano que dirig¨ªa Camps. La c¨²pula de su Gobierno -un vicepresidente, varios consejeros y directores generales- y de su partido -secretario y vicesecretario general, gerente, tesorero- ha sido condenada en distintas causas abiertas por corrupci¨®n. Campa?as electorales con Camps de candidato superaban con creces los gastos legales permitidos; muchos actos se financiaban mediante facturas falsas o pagos en b que asum¨ªan empresarios contratistas del Gobierno que presid¨ªa Camps; algunas consejer¨ªas y empresas p¨²blicas adjudicaban contratos ama?ados a la trama corrupta; hasta la visita del Papa se us¨® desde la televisi¨®n p¨²blica valenciana, dirigida por un hombre de confianza de Camps -condenado tambi¨¦n a c¨¢rcel- para enriquecer a la red G¨¹rtel. Pero Camps ¡°nada sabe, nada recuerda, nada reconoce¡±, escribi¨® el juez Jos¨¦ Manuel V¨¢zquez Honrubia, ponente de la sentencia que castig¨® con penas de c¨¢rcel a 18 personas entre pol¨ªticos y empresarios por la financiaci¨®n ilegal del PP valenciano.

El juez V¨¢zquez Honrubia sospech¨® de Camps pero nada pudo hacer: ¡°Es jur¨ªdicamente imposible emitir pronunciamiento alguno al respecto porque en este juicio comparece [Camps] como testigo, por lo que es obvio conforme al principio acusatorio formal que no puede hacerse ni un mero juicio de valor acerca de su conducta¡±.

Tampoco nadie pudo hacer un juicio de valor acerca de la conducta de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar durante los 14 a?os (1990-2004) que presidi¨® un partido financiado ilegalmente con donaciones an¨®nimas de contratistas p¨²blicos usadas para pagar sobresueldos en b: ¡°Nunca supe nada, y yo digo que no existe ninguna caja b del Partido Popular, lo afirmo¡±. Mariano Rajoy, sucesor de Aznar, tambi¨¦n neg¨® conocer esa caja b que aliment¨® al partido durante casi 20 a?os: ¡°Es absolutamente falso¡±.

Pero los tribunales les han desmentido en, al menos, dos sentencias. La ¨²ltima, de la Audiencia Nacional sobre la caja b con la que el partido pag¨® parte de las obras de su sede central, ser¨¢ confirmada en los pr¨®ximos d¨ªas por el Supremo. El ¨²nico condenado en esa causa ha sido Luis B¨¢rcenas, el extesorero que declar¨® al juez que aquella caja b funcion¨® con el conocimiento y consentimiento de los presidentes del partido.

En el caso de la financiaci¨®n ilegal del PP valenciano, el juez conden¨® a quien era secretario general, Ricardo Costa, al que consider¨® ¡°el hombre que est¨¢ detr¨¢s¡±, definido como la persona que ¡°sin intervenir en la ejecuci¨®n tiene un claro dominio de la situaci¨®n, teniendo como tal la posibilidad de hacerla cesar en cualquier momento¡±.

El hombre que est¨¢ detr¨¢s no siempre es visible para los jueces. El Tribunal Supremo acept¨® hace unas semanas la imputaci¨®n por terrorismo del expresidente catal¨¢n, Carles Puigdemont, con el argumento de que ten¨ªa el poder suficiente para controlar los movimientos independentistas y evitar as¨ª la manifestaci¨®n violenta celebrada en el aeropuerto contra la sentencia del proc¨¦s. Para argumentar esta decisi¨®n, cinco magistrados del Supremo tambi¨¦n hicieron referencia a la teor¨ªa del hombre que est¨¢ detr¨¢s: ¡°No se necesita probar la orden de cometer los delitos concretos, dado que quien est¨¢ en la cabeza de la cadena tambi¨¦n puede ser acusado por la omisi¨®n de controlar al aparato de poder, pudiendo y debiendo hacerlo¡±.

Aznar y Rajoy, presidentes de un partido que funcion¨® con una caja b y ocho millones de euros no declarados durante 20 a?os, afirmaron que entre sus funciones no estaba el control de las cuentas del partido. El Supremo tiene teor¨ªas, aplicadas a Puigdemont, que desmontan este intento de exculpaci¨®n.

La c¨²pula pol¨ªtica y policial del ministerio del Interior ejecut¨® entre 2012 y 2016, durante el mandato del Gobierno del PP; decenas de operaciones ilegales consistentes en la persecuci¨®n del adversario pol¨ªtico sin autorizaci¨®n judicial, fabricando en ocasiones pruebas falsas para atribuir delitos que nunca se cometieron. Entre esas operaciones tambi¨¦n estuvo el espionaje a la familia de Luis B¨¢rcenas, extesorero del PP, con la intenci¨®n de robar documentos que pudieran incriminar al Gobierno de Mariano Rajoy en pr¨¢cticas ilegales. Por todo ello, el juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n, ha procesado a media docena de comisarios de polic¨ªa, algunos ya jubilados, al exministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez; y al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Mart¨ªnez.

Rajoy, jefe de Jorge Fern¨¢ndez durante el tiempo que la c¨²pula policial hizo trabajos sucios a favor del Gobierno que presid¨ªa, nunca estuvo investigado en esta causa. El expol¨ªtico del PP que se juega su futuro en un juicio pr¨®ximo lo tiene claro: ¡°No es lo mismo llevarse por delante a B¨¢rcenas que a Mariano¡±.