El Gobierno no encuentra salidas para renovar un Poder Judicial bajo control del PP desde hace 10 a?os

El Gobierno de Pedro S¨¢nchez lleva cinco a?os dando palos de ciego para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como manda la Constituci¨®n. El PP lo impide desde entonces con excusas variopintas. Las f¨®rmulas aplicadas por S¨¢nchez resultaron in¨²tiles, pero agravaron el problema. El bloqueo que impone el PP contin¨²a sin soluciones a la vista.

Es una situaci¨®n desconocida en democracia. La cultura del consenso se impuso sin apenas trabas en el procedimiento de elecci¨®n del Gobierno de los Jueces desde 1985 (cuando se reform¨® la Ley del Poder Judicial para la elecci¨®n por las Cortes de los 12 vocales jueces) hasta 2013 (cuando PP y PSOE pactaron elegir un Consejo de mayor¨ªa absoluta conservadora).

Esa normalidad institucional es imposible desde 2018 por la estrategia que el PP puso en marcha ese a?o con Pablo Casado al frente y que contin¨²a hoy vigente con la direcci¨®n de Alberto N¨²?ez Feij¨®o. El actual l¨ªder del PP esgrime, como su antecesor, distintas excusas para justificar el bloqueo. Feij¨®o denuncia que S¨¢nchez quiere ¡°asaltar¡± el Poder Judicial. Y S¨¢nchez responde que el PP de Feij¨®o tiene secuestrado desde hace cinco a?os al ¨®rgano de Gobierno de los jueces.

Aunque perdi¨® el poder en 2018, el PP controla todav¨ªa un consejo que sigue dominado por unos jueces y juristas conservadores que suman mayor¨ªa absoluta, elegidos hace once a?os a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy con el voto a favor del PSOE. Nunca en 47 a?os de democracia ocurri¨® nada parecido: un ¨®rgano fundamental para el buen funcionamiento del Estado de derecho lleva cinco a?os con el mandato caducado y, adem¨¢s, maniatado por una reforma legal del Ejecutivo de S¨¢nchez ¨Davalada por el Tribunal Constitucional¨D que prohibi¨® que designara cargos judiciales con el mandato caducado. Esa reforma, uno de los palos de ciego aplicados al problema, buscaba forzar al PP para acordar la renovaci¨®n. Con el veto a los nombramientos, jueces conservadores con aspiraciones a ascender en la carrera presionar¨ªan al PP para desbloquear el consejo. Eso pens¨® el Ejecutivo, pero el PP no se inmut¨® y el problema se grav¨®: hay decenas de cargos judiciales pendientes de renovar en tribunales superiores y audiencias provinciales, y hasta un 25% de las plazas de magistrado del Supremo sin cubrir. Hoy la justicia es bastante peor por falta de personal y de direcci¨®n en muchos tribunales.

El Gobierno de S¨¢nchez ha decidido pasar, otra vez, a la acci¨®n. Si el pr¨®ximo 30 de junio no hay acuerdo con el PP para elegir a los 20 nuevos vocales, el Ejecutivo acometer¨¢ reformas legales.

?stas son algunas de las claves que marcar¨¢n el futuro del Gobierno de los jueces :

La indeterminada f¨®rmula de S¨¢nchez. El presidente interino del Poder Judicial, Vicente Guilarte, es un abogado que entr¨® en 2013 al consejo en el cupo de los juristas de reconocido prestigio por ser amigo del entonces presidente Mariano Rajoy. Guilarte escribi¨® en diciembre pasado un art¨ªculo en EL PA?S con su propuesta para desbloquear la situaci¨®n. Consist¨ªa en quitar algunas atribuciones al CGPJ para el nombramiento de presidentes de tribunales superiores, audiencias provinciales, y presidencias de sala en la Audiencia Nacional, y mantener otras funciones ¨Delecci¨®n de magistrados del Supremo¨D en manos de un ¨®rgano intermedio dependiente del consejo. Guilarte sosten¨ªa que, si le quitaban al CGPJ su competencia clave, los pol¨ªticos tendr¨ªan menos alicientes para bloquear la renovaci¨®n de este ¨®rgano.

Cuando Pedro S¨¢nchez sugiri¨® el pasado mi¨¦rcoles una reforma en ese sentido, sin dar m¨¢s detalles, el PP y los medios de comunicaci¨®n afines se lanzaron a interpretar que el presidente estaba proponiendo que los nombramientos de la c¨²pula judicial pasar¨¢n a depender del Gobierno, algo que este nunca dijo. Guilarte, censurado por otros jueces conservadores, intent¨® descalificar la propuesta de S¨¢nchez con escaso ¨¦xito. La pol¨¦mica desatada por la propuesta volvi¨® a poner de manifiesto el escaso inter¨¦s del PP por renovar el Poder Judicial.

Una Sala de lo Penal controlada por detr¨¢s. Pablo Casado, l¨ªder del PP en 2018, logr¨® un acuerdo imbatible para renovar el Poder Judicial. Pese a que el PP se hab¨ªa quedado muy lejos de la mayor¨ªa absoluta en las elecciones generales, el PSOE acab¨® por ofrecerle nueve de los 20 vocales del futuro Gobierno de los jueces¡­ y la presidencia, que asumir¨ªa Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo ascendido a ese puesto por los vocales del PP. Inicialmente la oferta socialista era de 10 vocales, pero sin la Presidencia.

Por si quedaban dudas de aquel acuerdo tan beneficioso para el PP, uno de sus dirigentes elabor¨® el argumentario a favor de la renovaci¨®n, enviado a un grupo de WhatsApp por el entonces senador Ignacio Cosid¨®: ¡°El pacto previo supon¨ªa (10 PSOE + 10 PP + el Presidente (Magistrado del Supremo) PSOE = 21 ) y sin derecho a veto de los candidatos propuestos por el otro (¡­). Con la negociaci¨®n, el PP tiene 9 vocales + el Presidente = 10, y el PSOE tiene 11 vocales. Con otras palabras, obtenemos lo mismo num¨¦ricamente [que en la oferta inicial], pero ponemos un Presidente excepcional, que fue vetado por Rubalcaba en 2013, y ahora no. Un presidente gran jurista con much¨ªsima experiencia en el Supremo, que prestigiar¨¢ el Tribunal Supremo y el CGPJ, que falta le hace, y con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino pr¨®ximas al 21-0. Y adem¨¢s controlando la sala segunda desde detr¨¢s y presidiendo la sala 61. Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera l¨ªnea. Nos jug¨¢bamos las renovaciones futuras de 2/3 del Tribunal Supremo y centenares de nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de Espa?a. Otra consideraci¨®n importante es que este reparto 50% para los pr¨®ximos a?os, supone m¨¢s de lo que nos corresponder¨ªa por el n¨²mero de esca?os o si hubiesen entrado otras fuerzas pol¨ªticas. En fin, un resultado esperanzador. Lo que leo estos d¨ªas es de una ignorancia que raya el delito. Si alguien quiere m¨¢s detalles, estoy encantado. Abzo fuerte¡±.

Manuel Marchena era el aludido en el mensaje y renunci¨® por dignidad al cargo que el PP le regalaba. El rechazo de Marchena frustr¨® el primero de los acuerdos sobre la renovaci¨®n, roto por el PP en el ¨²ltimo momento. El mensaje enviado por Cosid¨® resum¨ªa la estrategia del PP en pol¨ªtica judicial: controlar ¡°desde detr¨¢s¡± ¨®rganos clave, como el Tribunal Supremo.

El Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar tuvo clara esta idea y aplic¨® su rodillo en el Consejo General del Poder Judicial, con mayor¨ªa absoluta de vocales conservadores, para desequilibrar la composici¨®n de la Sala de lo Penal del Supremo, la encargada de investigar y juzgar la corrupci¨®n de la clase pol¨ªtica. Cuando Aznar lleg¨® al poder (1996), siete magistrados progresistas y seis conservadores integraban la Sala de lo Penal del Supremo. Cuando Aznar dej¨® el poder (2004) hab¨ªa 10 magistrados conservadores y solo seis progresistas. La situaci¨®n, 20 a?os despu¨¦s, es todav¨ªa m¨¢s favorable al PP: de los 15 magistrados, s¨®lo tres son de tendencia progresista.

La mayor¨ªa necesaria designar cargos judiciales. La formaci¨®n que ahora preside Alberto N¨²?ez Feij¨®o denunci¨® una reforma legal del Gobierno socialista de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero que imped¨ªa hacer nombramientos de jueces sin una mayor¨ªa reforzada de 3/5 del pleno del Consejo General del Poder Judicial (13 vocales). El PP sosten¨ªa que la reforma favorec¨ªa que una minor¨ªa pudiera bloquear las decisiones importantes y reclam¨® volver a un sistema de mayor¨ªa simple. El Constitucional aval¨® la reforma socialista y concluy¨® que una mayor¨ªa m¨¢s amplia para elegir cargos judiciales ¡°refuerza la legitimidad de los nombramientos¡±. El PP combati¨® aquella reforma que impon¨ªa una mayor¨ªa cualificada para hacer nombramientos de cargos judiciales pero se aprovecha ahora, con sus maniobras de bloqueo, de la mayor¨ªa cualificada que la ley establece para renovar el consejo.

La propuesta de Podemos para nombrar a los 16 vocales por mayor¨ªa absoluta. Podemos ha presentado una proposici¨®n de Ley para cambiar el sistema de elecci¨®n de los 20 vocales del Poder Judicial de manera que 16 de ellos ¨D12 de extracci¨®n judicial y cuatro juristas de prestigio¨D se elijan en el Congreso con mayor¨ªa cualificada de 3/5 en primera vuelta, o por mayor¨ªa absoluta (176 diputados) en segunda. Los otros cuatro juristas de prestigio los elegir¨ªa el Senado con el mismo sistema. El PP no puso objeciones de constitucionalidad a la proposici¨®n de ley cuando la Mesa del Congreso aprob¨® su admisi¨®n a tr¨¢mite. El Gobierno teme que la Comisi¨®n Europea rechace una reforma legal que cambie las mayor¨ªas para la elecci¨®n del Consejo. Pero en Bruselas no existe ninguna norma que imponga un determinado modelo de elecci¨®n del Gobierno de los jueces. Ni siquiera el Reglamento de Condicionalidad de la Uni¨®n Europea, cuyo art¨ªculo 2 enumera los principios que concretan el Estado de Derecho, contiene una previsi¨®n de ese tipo. Podemos esgrime la sentencia del Tribunal Constitucional, que aval¨® el modelo ahora vigente, para justificar la reforma legal propuesta: ¡°Existi¨® consenso impl¨ªcito sobre la necesidad de que los doce vocales procedentes de la Carrera Judicial expresasen no solo diferentes niveles de experiencia por su funci¨®n y su edad, sino las distintas corrientes de pensamiento existentes en aqu¨¦lla, pero ese consenso no parece extenderse hasta la determinaci¨®n del procedimiento adecuado para alcanzar tal resultado, de forma que no se constitucionaliz¨® una f¨®rmula correcta, sino que los constituyentes se limitaron a remitirla a una futura Ley Org¨¢nica¡±.