PSOE y PP pugnan por atribuirse que los funcionarios de prisiones sean autoridad

La batalla parlamentaria entre el PSOE y el PP llega, incluso, a aquellos temas en los que, sobre el papel, est¨¢n de acuerdo. Ambos partidos han presentado, para su toma en consideraci¨®n, sendas proposiciones de ley para modificar la ley general penitenciaria, de 1979, con un mismo objetivo: que los funcionarios de prisiones pasen a ser considerados agentes de la autoridad, una antigua aspiraci¨®n del colectivo por la que se agravar¨ªan las penas para aquellos que atenten contra su integridad y dar¨ªa a su testimonio presunci¨®n de veracidad. En abril, el Senado ya aprob¨® la propuesta del PP en este sentido con ampl¨ªsima mayor¨ªa ¨Dcon el voto favorable de los socialistas y solo tres votos en contra y 11 abstenciones¨D y este martes el Congreso debatir¨¢ y votar¨¢ la del PSOE. Pese a que los textos de ambas son muy similares, el PP a¨²n no ha hecho p¨²blico cu¨¢l ser¨¢ el sentido de su voto ante la iniciativa del partido del Gobierno. La medida afectar¨ªa a cerca de 30.000 funcionarios de las tres administraciones con competencias penitenciarias: la central, la catalana y la vasca.

La pugna entre ambos partidos se produce con un suceso de fondo: el asesinato el pasado 13 de marzo de Nuria L¨®pez, cocinera de la c¨¢rcel de Mas d¡¯Enric (Tarragona), a manos de un interno que luego se suicid¨® y las posteriores protestas de los funcionarios de prisiones, que llegaron a bloquear el acceso a las principales prisiones catalanas. Solo ocho d¨ªas despu¨¦s de aquel crimen, los populares presentaron en la C¨¢mara alta su propuesta, en la que incid¨ªan en la necesidad de que los funcionarios tuvieran la condici¨®n de agentes de la autoridad con el argumento de que, seg¨²n las estad¨ªsticas oficiales de Instituciones Penitenciarias, en 2023 se hab¨ªan producido 508 las agresiones a estos ¨Duna cada 16 horas¨D, lo que supon¨ªa un incremento del 12% con respecto a 2022. La propuesta insist¨ªa en la exposici¨®n de motivos en que ¡°los asesinatos de trabajadores en las c¨¢rceles son una tragedia que no se puede repetir¡±, en referencia al suceso de la c¨¢rcel tarraconense. El pleno del Senado aprob¨® su toma en consideraci¨®n el 24 de abril.

Ese mismo d¨ªa, los socialistas presentaba una propuesta en el Congreso muy similar, aunque a?ad¨ªa un punto tambi¨¦n reclamado por los sindicatos de los funcionarios: que la Administraci¨®n tenga la obligaci¨®n de resarcir a los funcionarios penitenciarios de los da?os materiales o personales que hubieran sufrido durante su actividad profesional. En realidad, la propuesta socialista es pr¨¢cticamente igual a la que ya presentaron en la pasada legislatura junto a sus socios de Gobierno, Unidas Podemos. Entonces, plantearon incluirla como una enmienda en la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza.

Sin embargo, la negativa de ERC y EH Bildu a apoyar este punto, cuyos votos eran fundamentales para intentar sacar adelante la reforma de la ley mordaza ¡ªfinalmente fracasada¨D, hizo que el PSOE optase una proposici¨®n para incluir la medida en la ley general penitenciaria. En marzo de 2022, sali¨® adelante su toma en consideraci¨®n con la ¨²nica la oposici¨®n de ERC, EH Bildu y la CUP. Lo que parec¨ªa que iba a ser un sencillo camino parlamentario para la proposici¨®n, dado el amplio respaldo, se frustr¨® tras el abrupto final de la legislatura que lleg¨® aquella proposici¨®n a la papelera.

Ahora, la toma en consideraci¨®n de la propuesta socialista se encuentra sobre el papel en una situaci¨®n similar a hace dos a?os. Seg¨²n confirman fuentes de EH Bildu, la formaci¨®n de la izquierda abertzale votar¨¢ en contra al considerar que el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad no resolver¨¢ la conflictividad en las c¨¢rceles. ERC, que entonces gobernaba en Catalu?a donde la Generalitat tiene transferida la gesti¨®n de los centros penitenciarios, tambi¨¦n vot¨® en contra al considerar que la medida no reconoc¨ªa todas las reclamaciones de los funcionarios. Ahora, fuentes de la formaci¨®n inciden en que la causa de la conflictividad es, en realidad, la carencia de recursos, por lo que no descartan volver a votar en contra, aunque el sentido de su voto a¨²n no est¨¢ cerrado.

El PNV, en el gobierno de la otra comunidad, el Pa¨ªs Vasco, que tiene esta transferencia, se debate entre la abstenci¨®n y el voto a favor. Lo ¨²nico que ya han descartado los nacionalistas vascos es el voto en contra, seg¨²n fuentes de la formaci¨®n. El resto de partidos, incluido Sumar ¨Dque no tomar¨¢ una decisi¨®n hasta hablar este martes con el grupo socialista¨D, Junts, Podemos, Vox y el PP, no han hecho p¨²blico cu¨¢l ser¨¢ su posici¨®n, aunque diversas fuentes pol¨ªticas apuntan que la mayor¨ªa de estos grupos apoyar¨¢n la propuesta socialistas ya que es ¡°id¨¦ntica a la de 2022¡å.

Mientras, los principales sindicatos de prisiones aspiran a que esta vez salga adelante la reforma. ¡°Se trata pr¨¢cticamente del mismo texto que se aprob¨® en la pasada legislatura y que decay¨® con el adelanto electoral. En aquel momento cont¨® con un amplio apoyo por lo que esperamos que esta vez no cambie. Al menos los dos grandes grupos deber¨ªan votar a favor¡±, se?alan fuentes de Acaip-UGT, la organizaci¨®n mayoritaria entre los trabajadores penitenciarios. Este sindicato recalca que la que el PP present¨® en el Senado ¡°se queda un poco m¨¢s corta¡±, al no recoger las indemnizaciones por da?os, pero tambi¨¦n incide en que la de los socialistas tienen en su opini¨®n una carencia importante: ¡°El texto solo contempla esta protecci¨®n para los funcionarios y deja fuera al personal laboral, como era la cocinera asesinada. Esperamos que en el periodo de enmiendas se corrija y estos compa?eros queden protegidos¡±.

Desde la CSIF apuntan en el mismo sentido. Este sindicato reclama que PP y PSOE consens¨²en un texto ¡°para que pueda ser avalado de manera mayoritaria por el Congreso¡±. Esta organizaci¨®n ya ha iniciado una negociaci¨®n con Instituciones Penitenciarias para establecer un nuevo protocolo contra agresiones en las c¨¢rceles que sustituya al actual. Adem¨¢s, reclama ¡°m¨¢s recursos materiales y humanos¡± y achacan a la actual pol¨ªtica de Instituciones Penitenciarias de reducci¨®n del n¨²mero de presos clasificados en primer grado ¨Del m¨¢s duro pensado para aplicar a los internos potencialmente peligrosos¨D el aumento de la conflictividad dentro de las prisiones que denuncian al haber llevado a m¨®dulos ordinarios presos conflictivos. Incluso han solicitado que Instituciones Penitenciarias adquiera para su dotar a los trabajadores penitenciarios de pistolas el¨¦ctricas ¨Dm¨¢s conocidas por su nombre comercial, Taser¨D, con las que ya cuentan Polic¨ªa Nacional y Guardia Civil.