Catalu?a, motor de las reformas aprobadas en democracia para mejorar la financiaci¨®n de las autonom¨ªas

El Estado de las autonom¨ªas se financia de acuerdo a una ley org¨¢nica aprobada en 1980 que se ha modificado tres veces en democracia (2001, 2009 y 2015) y que tiene un objetivo principal expresado en su art¨ªculo primero: ¡°Las Comunidades gozar¨¢n de autonom¨ªa financiera para el desarrollo y ejecuci¨®n de las competencias que, de acuerdo con la Constituci¨®n, les atribuyan las Leyes y sus respectivos Estatutos¡±. Las dos primeras reformas del sistema (de 2001 y de 2009) para introducir cambios relevantes en la manera de repartir el dinero recaudado por la administraci¨®n central fueron alentadas e impulsadas por el Ejecutivo de Catalu?a con el benepl¨¢cito de los gobiernos del PP y del PSOE.

El peso decisivo de esta comunidad en esas reformas legales que afectaban a todas las autonom¨ªas se deb¨ªa a la influencia que los partidos gobernantes en la Generalitat ejerc¨ªan sobre los ejecutivos centrales, bien fueran del PSOE o el PP. Los votos de los diputados catalanes de las formaciones nacionalistas eran clave en muchos casos para dar mayor¨ªas absolutas, y el Gobierno, a uno u otro partido mayoritario.

2001. CiU pacta con el PP de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar: ¡°El mejor modelo de financiaci¨®n que hemos tenido nunca¡±. En 2001, el Ejecutivo de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar (PP), ya con mayor¨ªa absoluta tras las elecciones celebradas un a?o antes, acord¨® con CiU un nuevo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica que establec¨ªa por primera vez la cesi¨®n a las autonom¨ªas de un porcentaje de determinados impuestos estatales, lo que introduc¨ªa un concepto de corresponsabilidad fiscal en el sistema. Aquella reforma de un modelo que llevaba vigente 21 a?os en Espa?a fue bendecida por los nacionalistas catalanes: ¡°Es sin duda un paso adelante, es el mejor modelo que hemos tenido nunca, con una mejora cualitativa y cuantitativa porque aporta m¨¢s recursos al sistema de financiaci¨®n auton¨®mica en sentido global, y en el caso particular de mi grupo, en Catalu?a¡±, afirm¨® en el pleno del Congreso el diputado de CiU Heribert Padrol i Munt¨¦. El PSOE vot¨® contra la reforma ante las exigencias que introduc¨ªa sobre las competencias sanitarias que deb¨ªan asumir 10 comunidades aut¨®nomas.

2009. El tripartido catal¨¢n aplaude el nuevo modelo. ¡°Estamos federalizando el Estado con liderazgo desde Catalu?a¡±. Ocho a?os despu¨¦s, con un Gobierno tripartito en Catalu?a (PSC, ERC e ICV) y un Gobierno socialista en la administraci¨®n central, se aprob¨® una nueva Ley de Financiaci¨®n Auton¨®mica que mejoraba en 11.000 millones de euros los recursos que llegaban a las comunidades. El PP vot¨® en contra de la reforma con el argumento de que aquel modelo era un traje a la medida de Catalu?a. ERC e ICV, socios entonces del PSC en el Gobierno catal¨¢n, alabaron en el Congreso el cambio legislativo del sistema de financiaci¨®n auton¨®mica: ¡°Lo que estamos haciendo con el nuevo modelo es federalizando el Estado con liderazgo desde Catalu?a¡±, se?al¨® entonces el portavoz de ICV, Joan Herrera. El nuevo modelo lleg¨® a Catalu?a tres a?os despu¨¦s de aprobado su nuevo Estatuto de Autonom¨ªa (2006), impulsado por el tripartito de izquierdas y pactado in extremis con CiU. En ese Estatuto se establec¨ªa una inversi¨®n estatal en Catalu?a similar al peso de esta comunidad en el PIB espa?ol. Aquel Estatuto tuvo el 73,9% de los votos a favor, con una participaci¨®n del 48,9%. El texto s¨®lo recog¨ªa en su pre¨¢mbulo que el Parlamento aut¨®nomo consideraba a Catalu?a una naci¨®n y se remit¨ªa en muchos de sus art¨ªculos a la Constituci¨®n espa?ola.

La sentencia del Tribunal Constitucional que anul¨® en junio de 2010 varios art¨ªculos del Estatut y oblig¨® a interpretar otros de acuerdo a los fundamentos jur¨ªdicos de aquel fallo provoc¨® una manifestaci¨®n encabezada por el entonces presidente catal¨¢n, el socialista Jos¨¦ Montilla, pero no desencaden¨® entonces la reivindicaci¨®n de independencia. Unos meses despu¨¦s, en noviembre de 2010, el Gobierno tripartito pas¨® a mejor vida con unos malos resultados que les dejaron muy lejos de la mayor¨ªa absoluta necesaria para gobernar. CiU recuper¨® su hegemon¨ªa con 62 esca?os y regres¨® al Ejecutivo de Catalu?a que hab¨ªa perdido siete a?os antes.

2012. Rajoy niega el pacto fiscal a Catalu?a entre crisis, recortes sociales, y 44.000 millones de deuda. La crisis econ¨®mica que fabric¨® millones de parados en Espa?a, agit¨® el mandato de Artur Mas en Catalu?a, obligado a recortar el presupuesto de servicios sociales b¨¢sicos entre fuertes protestas sociales. Con 44.000 millones de euros de deuda, la Generalitat atravesaba una situaci¨®n desesperada hasta el punto de tener dificultades para pagar las n¨®minas de sus funcionarios. Su presidente, Artur Mas, reclam¨® el 20 de septiembre de 2012 un pacto fiscal ¨Dun trato privilegiado en financiaci¨®n¨D a Mariano Rajoy, vencedor de las elecciones generales de 2011 con una mayor¨ªa absoluta aplastante. Rajoy rechaz¨® la propuesta: la administraci¨®n central atravesaba una situaci¨®n ruinosa y estaba al borde del rescate.

Mas avis¨® a Rajoy de las consecuencias de aquel rechazo al pacto fiscal y convoc¨® unas elecciones anticipadas con la promesa de iniciar el proceso independentista catal¨¢n. Doce a?os despu¨¦s, la amenaza de la independencia sigue instalada en Catalu?a y en Espa?a, aunque sus dos primeras intentonas (2014 y 2017) fueron desarticuladas por la acci¨®n pol¨ªtica y judicial.

2014. La renovaci¨®n necesaria del sistema que nunca lleg¨®. La reforma del sistema de financiaci¨®n sigue empantanada desde 2014, cuando tocaba por primera vez renovar el modelo y el Ejecutivo de Mariano Rajoy se neg¨® ante la imposibilidad de mejorarlo debido a la crisis econ¨®mica que atravesaba Espa?a. El Gobierno de Pedro S¨¢nchez adquiri¨® el compromiso de reformar el sistema, a sabiendas de la complicaci¨®n que supone poner de acuerdo a autonom¨ªas con problemas de financiaci¨®n muy diversos. Ni siquiera la ideolog¨ªa del partido gobernante supone la defensa de un determinado sistema. De hecho, hay alianzas entre comunidades gobernadas por PP y PSOE para defender un modelo que rechazan otras autonom¨ªas donde tambi¨¦n mandan PP y PSOE.