Robar agua junto a Do?ana sale gratis
La Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir ha sido incapaz de cobrar a una familia terrateniente tres multas por 2,1 millones confirmadas por el Supremo

Robar agua en el entorno de Do?ana es un buen negocio porque los terratenientes casi nunca pagan las multas que les impone la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir, incluso aunque las ratifique el Tribunal Supremo. Detraer millones de metros c¨²bicos de agua de manera ilegal apenas tiene consecuencias pese a la acci¨®n sancionadora de los agentes medioambientales y la Guardia Civil, y el grave da?o ocasionado durante d¨¦cadas al acu¨ªfero del Parque Nacional, muy erosionado por la agricultura intensiva.
La familia Campos Pe?a, cinco hermanos latifundistas de la finca Hato Blanco Viejo en Aznalc¨¢zar (Sevilla), condenados el pasado septiembre a tres a?os y medio de c¨¢rcel por extraer de manera ilegal 19,4 millones de metros c¨²bicos de agua, acumularon entre 1997 y 2013 un total de 14 multas millonarias, tres de ellas ratificadas por el Tribunal Supremo. Sin embargo, la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica no ha cobrado ni un c¨¦ntimo de los 2,1 millones de euros que suman estas tres ¨²ltimas sanciones, seg¨²n reconoce el organismo del Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica. Este diario solicit¨® durante meses conocer la cuant¨ªa finalmente cobrada a esta familia terrateniente, y la confederaci¨®n ha admitido su ineficacia para hacer que los infractores paguen, en una respuesta escrita a trav¨¦s del Portal de Transparencia.
Este caso es el m¨¢s claro ejemplo de una pr¨¢ctica habitual extendida entre los terratenientes: acumular multas administrativas durante a?os, recurrirlas todas ante la justicia para lograr el impago por prescripci¨®n, y en caso de condena, declarar las sociedades agr¨ªcolas insolventes pese al continuo beneficio econ¨®mico que dan sus cosechas. Hoy sus 1.044 hect¨¢reas de arroz, algod¨®n y remolacha funcionan a pleno rendimiento. Y mientras, pese a las condenas y multas de la propia confederaci¨®n, este organismo sigue dando y renovando permisos a los saqueadores del agua para regar, como el ¨²ltimo concedido en 2018. Una vez tras otra, ya que Do?ana no tiene voz para clamar por su ecosistema.
Al declararse insolventes durante 16 a?os mientras produc¨ªan grandes cosechas, el robo del agua continuado por parte de estos hacendados sevillanos qued¨® impune por partida doble: nada de los 2,1 millones del Supremo fue cobrado, pero los agentes medioambientales tambi¨¦n impusieron multas administrativas e indemnizaciones por los da?os causados al dominio p¨²blico hidr¨¢ulico a trav¨¦s de 11 expedientes que suman 3,6 millones. Tras recurrir por v¨ªa administrativa y judicial cada sanci¨®n de la confederaci¨®n, los Campos Pe?a lograron pagar solo 770.072 euros. Es decir, el 21% de las multas impuestas en un principio. En total, de los 5,7 millones que los terratenientes debieron haber pagado seg¨²n la Administraci¨®n, solo abonaron 770.072 euros, el 13% del total.
En varias ocasiones, las multas impuestas acabaron en imposibilidad de cobro: ¡°Al igual que en casos anteriores, las gestiones recaudatorias de la Agencia Tributaria terminan con la declaraci¨®n del cr¨¦dito incobrable por la insolvencia del deudor, situaci¨®n que es comunicada por la Agencia Tributaria a la Confederaci¨®n en marzo de 2013¡å, reza la respuesta referente al expediente 564/04, que sumaba 93.984 euros.
En su sentencia, la jueza Isabel de Luque, titular del Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla y que conden¨® a los cinco hermanos, destac¨® el ¡°enorme beneficio¡± econ¨®mico a costa de los intereses p¨²blicos y reproch¨® al organismo de Transici¨®n Ecol¨®gica su inacci¨®n: ¡°No es la conducta p¨²blica m¨¢s o menos diligente la que es objeto de enjuiciamiento, ni puede mitigar su eventual ineficacia controladora o represiva la responsabilidad de los particulares¡±. Adem¨¢s de la pena de prisi¨®n, los empresarios deber¨¢n pagar 1,9 millones como indemnizaci¨®n por el robo masivo de agua. Si la Audiencia y el Supremo confirman la condena, los Campos Pe?a ser¨¢n los primeros agricultores en entrar en prisi¨®n por el expolio de agua en Huelva y Sevilla, ya que ning¨²n otro ha superado la condena de dos a?os de c¨¢rcel.
?Es un fraude declararse insolvente y seguir produciendo bajo otras sociedades? ¡°Para nada. Mis clientes no han movido su patrimonio en aras de evitar posibles resoluciones judiciales, sigue siendo el mismo desde su origen¡±, responde el abogado de los terratenientes, Juan Luis P¨¦rez Mar¨ªn, que defiende su labor para aprovechar las grietas de la garantista ley de aguas y la prescripci¨®n de delitos ante una farragosa burocracia: ¡°No tienen [los Campos Pe?a] un entramado de sociedades como torticeramente apunta el Ministerio Fiscal. Solo se han limitado a defenderse con ¨¦xito, ganado la inmensa mayor¨ªa de expedientes sancionadores incoados, y de los que le han sido sancionados, se han limitado a defenderse en ejecuci¨®n de sentencia¡±, a?ade. ¡°La Agencia Tributaria fue en ocasiones muy torpe porque jug¨® la baza de la responsabilidad mancomunada. Y todo en esta vida prescribe. Los temas se suelen ganar por las formas, no por el fondo¡±, opina.
Una de las sentencias favorables a los hacendados provoc¨® que la confederaci¨®n cambiara el sistema de valoraci¨®n del da?o medioambiental y desde entonces lo regulara por orden ministerial, ya que los altos cargos del ministerio carec¨ªan de competencias para regular mediante informes propios los da?os al medio ambiente.
Fuentes del caso reflexionan sobre las maniobras legales que dificultan o impiden el cobro de las multas a los expoliadores del robo de agua junto a Do?ana: ¡°Algo falla en el sistema cuando se siguen haciendo concesiones que tienen multas por pagar por cientos de miles de euros y expedientes administrativos abiertos en confederaci¨®n¡±. La jueza defini¨® la captaci¨®n ilegal de agua como ¡°sistem¨¢tica, ambiciosa, de car¨¢cter industrial y mantenida durante a?os¡±, lo que provoc¨® que el nivel fre¨¢tico del acu¨ªfero bajara hasta 15 metros.
Un antiguo cargo de este organismo echa sal a la herida y bajo anonimato reprocha al ente que vigila la salud de los acu¨ªferos su poca voluntad para atacar al bolsillo de los saqueadores: ¡°Dentro de la casa se percibe que no hay inter¨¦s por cobrar. Ha habido favoritismo hacia Hato Blanco Viejo, que se maneja bien con la derecha pol¨ªtica, y Hato Rat¨®n Viejo [finca contigua], que se maneja bien con los altos cargos de la izquierda porque son muchos parcelistas¡±. Este exresponsable es muy cr¨ªtico con el nivel de influencia que han ejercido los terratenientes sobre la c¨²pula del organismo, dirigido por Joaqu¨ªn P¨¢ez, exdelegado de Medio Ambiente socialista de Chiclana (C¨¢diz). ¡°Son fincas colindantes que han extra¨ªdo agua de forma ilegal y han ido a llorarle a la derecha y a la izquierda, que les perdonan por similitud. La obligaci¨®n de confederaci¨®n es vigilar que no haya detracciones ilegales y cobrarles. Mientras no les cobraban, les segu¨ªan dando permisos. Es toda una mentira colosal que nadie se ha atrevido a parar¡±, censura.
El bufete de los Campos Pe?a est¨¢ dirigido por Eduardo Arenas, hermano del senador, exministro e hist¨®rico l¨ªder del PP en Andaluc¨ªa Javier Arenas. La condena a tres a?os y medio de c¨¢rcel a cada hermano de esta familia terrateniente por el expolio de agua est¨¢ recurrida ante la Audiencia de Sevilla, que se pronunciar¨¢ en breve sobre si ampl¨ªa, reduce o mantiene la pena.
La connivencia con los agricultores, destapada
El comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Alejandro Rodríguez González, expresó en una conversación grabada en 2020 su clara connivencia con los dirigentes de la Comunidad de Regantes del Viar, pese a los desmanes que ya había denunciado el presidente del jurado de riegos de esa comunidad: “No voy a denunciar porque quiera la mayoría y luego a la policía, le sentó fatal, por qué tienen que mentir si el tío ha llevado las cosas bien (…) Tanto a Confederación como al Viar nos interesa que este tipo de cosas no prosperen, ¿Qué necesidad hay?”, dijo en una charla informal. La conversación fue grabada por un testigo que remitió el archivo a la Guardia Civil, la cual lo incorporó al sumario que investigaba el Juzgado de Instrucción 18 de Sevilla y que contó con nueve detenidos -entre ellos el expresidente Manuel Romero-, a los que delataron los pinchazos telefónicos.
El técnico Francisco Chaves Gil admitió gravísimas irregularidades ante los agentes, como haber puesto en peligro la vida de personas tras llenar dos balsas con cuatro millones y medio de metros cúbicos, superando el límite permitido y sin plan de prevención. Pero luego se desdijo en el juzgado.
La jueza María José Moreno requirió en 2022 a la confederación documentación relevante y la entidad podía haber remitido copias de los consumos, recibos y transferencias bancarias por parte de los regantes concesionarios a su comunidad. Sin embargo, esta documentación nunca llegó al juzgado por parte del organismo de Transición Ecológica. Hace un año, la jueza dio carpetazo a la investigación al alegar entre otros motivos que el envío de jamones pata negra a los funcionarios de la confederación por parte de la cúpula de la Comunidad del Viar no eran un “pago, recompensa o contraprestación a algún favor”.
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