El Gobierno de Arag¨®n aprueba su plan de Concordia sin alusiones al franquismo

Tras derogar, el pasado febrero, la ley de memoria de la comunidad, el consejo de Gobierno de Arag¨®n, integrado por el PP y Vox, ha aprobado este mi¨¦rcoles el llamado Plan para la Preservaci¨®n de la Concordia, que evita referirse al franquismo o la Guerra Civil y solo hace una referencia general a las v¨ªctimas de la violencia ¡°ejercida por reg¨ªmenes totalitarios o dictaduras, por bandas, grupos terroristas o individuos sometidos a ideolog¨ªa extrema por motivos pol¨ªticos, ideol¨®gicos o religiosos¡±. El Tribunal Constitucional dej¨® en suspenso la norma por la que el Ejecutivo aragon¨¦s derog¨® la ley de memoria al admitir a tr¨¢mite el recurso del Gobierno central contra la decisi¨®n del bipartito de derecha y extrema derecha. despu¨¦s de que el gobierno auton¨®mico rechazase sentarse a negociar.

La vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, y la consejera de Presidencia, Tomasa Hern¨¢ndez, ambas del PP, han reivindicado este mi¨¦rcoles en rueda de prensa el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox para llevar a cabo las medidas que estimen convenientes. Vaquero insisti¨® en que el plan ampara a ¡°todas¡± las v¨ªctimas de violencia ideol¨®gica, sugiriendo de nuevo que la normativa derogada no lo hac¨ªa ¡ªlo que es falso¡ª, y present¨® el nuevo plan de Concordia como una vacuna contra aquellos ¡°actos que de forma ignominiosa tratan de hacer un borrado ideol¨®gico de la historia¡±. En realidad, es el Gobierno de Arag¨®n el que, literalmente, al excluir esos t¨¦rminos del texto legal, tratan de borrar lo que supuso la Guerra Civil y la represi¨®n franquista. Al preguntar por qu¨¦ hab¨ªan evitado esos conceptos en el texto, la consejera de presidencia se limit¨® a decir: ¡°Todo el mundo sabe qui¨¦nes son los que est¨¢n en las fosas. No hace falta ser muy perspicaz¡±.

El plan, a?adi¨® Vaquero, consta de tres ejes y 10 objetivos espec¨ªficos: ¡°Convivencia entre personas y colectivos de personas diferentes, respeto de valores democr¨¢ticos para neutralizar los discursos discriminatorios, eso ya fue superado¡± y la b¨²squeda y documentaci¨®n de las v¨ªctimas que se encuentran en las fosas. Pese al discurso del PP y Vox no consta, mientras ha estado en vigor la ley de memoria, que tal legislaci¨®n haya provocado conflicto alguno o problemas de convivencia. El plan incluye un apartado para ¡°unificar el relato¡± en palabras de la vicepresidenta segunda y ¡°fomentar con rigor una investigaci¨®n en torno a la violencia por motivos ideol¨®gicos¡±. Los historiadores han hecho ya ese trabajo. Falta, como han pedido en multitud de ocasiones, que ese conocimiento llegue a los colegios. El Gobierno de Arag¨®n contar¨¢ con 110.000 euros para la apertura de fosas.

Las comunidades gobernadas por el PP se abstuvieron en la votaci¨®n del Consejo Territorial de Memoria del pasado junio donde se repartieron las partidas presupuestarias para este ¨¢rea en lo que queda del a?o, pero recibir¨¢n, en todo caso, las cantidades acordadas. Las actuaciones para exhumaci¨®n e identificaci¨®n en ocho fosas se har¨¢n con cargo al presupuesto de la comunidad y otras nueve con financiaci¨®n del Gobierno central.

El Bolet¨ªn Oficial de Arag¨®n public¨® el pasado 29 de febrero la derogaci¨®n de la ley de memoria aprobada en 2018. El texto ¡ªpese a que las autoridades de la comunidad lo negaron posteriormente¡ª dice expresamente que ¡°quedan suprimidos¡±, entre otros, el censo de memoria democr¨¢tica o el portal web institucional del Gobierno de Arag¨®n sobre la materia y se especifica que se cancelar¨¢n o sustituir¨¢n ¡°las actuaciones en el ¨¢mbito educativo¡± previstas en la norma y referentes a ¡°la historia de Arag¨®n y la relevancia de la Declaraci¨®n Universal de los Derechos Humanos en la Constituci¨®n espa?ola¡±.

El pasado 7 de mayo, el presidente auton¨®mico, Jorge Azc¨®n, del PP, envi¨® una carta al secretario general de Naciones Unidas, Ant¨®nio Guterres, para manifestarle su oposici¨®n a las conclusiones del informe de tres relatores de la ONU que alertaban de que la decisi¨®n del Gobierno aragon¨¦s incumple las obligaciones contra¨ªdas por Espa?a en materia de defensa de los derechos humanos. La misiva de Azc¨®n conten¨ªa mentiras e imprecisiones, como asegurar que la ley derogada ¡°relativizaba¡± los cr¨ªmenes cometidos por el bando republicano y ¡°limitaba la definici¨®n de v¨ªctimas a los que sufrieron muerte y represi¨®n por una parte, pero no por la otra¡± (el texto legal derogado reconoc¨ªa expresamente ¡°las violaciones de los derechos humanos que se dieron en Arag¨®n en la zona republicana y el acceso a derechos b¨¢sicos e inalienables desde el punto de vista humanitario¡±) o asegurar que los relatores hab¨ªan basado su an¨¢lisis en ¡°informaci¨®n sesgada e interesada suministrada por el Gobierno de Espa?a¡±, cuando lo que hac¨ªan en su informe era examinar el texto legal ya publicado en el Bolet¨ªn Oficial de Arag¨®n.