¡°Los centros de acogida no invierten lo suficiente en los menores migrantes¡±

La fiscal decana y delegada de Menores de la Fiscal¨ªa Provincial de Las Palmas, Aurora P¨¦rez Abascal (Santander, 44 a?os), lleva ejerciendo de fiscal desde 2009 en Gran Canaria. Desde este puesto ha vivido en primera l¨ªnea las dos crisis migratorias que ha registrado el archipi¨¦lago en lo que va de d¨¦cada, y que han dejado a casi 6.000 menores tutelados por el Gobierno de Canarias. Atiende por tel¨¦fono a EL PA?S desde su despacho en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. ¡°Es esencial un acuerdo para derivar menores a otras comunidades, porque el sistema de protecci¨®n de Canarias est¨¢ ya muy saturado¡±.

Pregunta. ?Qu¨¦ valoraci¨®n hace de la gesti¨®n de los menores migrantes no acompa?ados en las islas?

Respuesta: La palabra que yo emplear¨ªa es sobresaturaci¨®n. Es cierto que tanto la Direcci¨®n General de Protecci¨®n a la Infancia y las Familias como los cabildos han abierto recursos en la medida que han podido. Pero no afloja la llegada de personas, entre ellos, un porcentaje elevado de menores, y hay que adoptar las medidas necesarias para garantizar su bienestar y sus derechos.

P. ?Qu¨¦ opini¨®n le merecen los dispositivos que se abren?

R. Somos siete fiscales para llevar a cabo las inspecciones en toda la provincia y no nos da tiempo para inspeccionarlos todos con la celeridad y frecuencia que ser¨ªan convenientes, pero s¨ª vemos que hay cosas que se pueden mejorar, tanto en cuanto a las instalaciones como, sobre todo, en lo que se refiere al personal. Muchas veces el problema con el que se encuentran los centros es que no logran contratar a trabajadores suficientemente cualificados, que tengan conocimientos m¨ªnimos o una experiencia previa con menores. De modo que, por un lado, se est¨¢n ingresando a los menores en centros que, por sus condiciones, no son las id¨®neas y, por otro, el personal no tiene la cualificaci¨®n id¨®nea para tratar con ellos. Y recordemos que estos menores son especialmente vulnerables, dado que pueden venir con un estr¨¦s postraum¨¢tico provocado por el viaje y por la separaci¨®n de la familia y hay que saber c¨®mo tratarlos. Creo que no se est¨¢ haciendo lo suficiente para favorecer o garantizar su integraci¨®n. En ocasiones, hemos visto que el centro no est¨¢ en las condiciones ¨®ptimas, tanto porque las instalaciones est¨¢n deterioradas, viejas, o porque el centro no est¨¢, digamos, en el lugar id¨®neo para los menores. Por ejemplo, cuando no est¨¢n cerca de los centros urbanos, sino que est¨¢n en las zonas muy aisladas, sin transporte p¨²blico, algo que, l¨®gicamente, no favorece su integraci¨®n.

Por supuesto que valoramos positivamente que se est¨¦n abriendo y habilitando recursos. Somos conscientes que resulta muy complicado que la comunidad aut¨®noma pueda hacer frente a este volumen de menores. Lo ideal ser¨ªa, pues que el d¨ªa 10 [cuando se celebrar¨¢ la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en Tenerife en la que las comunidades dar¨¢n su parecer sobre el plan elaborado por el Gobierno central y el de Canarias para derivar menores] se pueda acordar la derivaci¨®n a otras comunidades aut¨®nomas. Este acuerdo es esencial, porque en Canarias todo el sistema de protecci¨®n est¨¢ ya absolutamente saturado y desbordado.

P. La semana pasada trascendi¨® el caso del centro de menores en la Casa del Mar en Lanzarote, que no ofrece unas condiciones m¨ªnimas, y la fiscal de Extranjer¨ªa, Teseida Garc¨ªa, inform¨® a EL PA?S que la direcci¨®n general se hab¨ªa comprometido al cierre en 15 d¨ªas¡­

R. ... Ese centro se inspeccion¨® el 6 de mayo. Ese d¨ªa, el director del centro le manifest¨® a la inspecci¨®n la decisi¨®n de cerrarlo en ese plazo. Incluso le comunic¨® que ya ten¨ªan en mente el inmueble al cual se iban a trasladar a los menores, pero a d¨ªa de hoy no nos consta que hayan procedido ni a la reubicaci¨®n de los menores ni al cierre.

P.: Mi pregunta es si existe un listado con m¨¢s centros que no cumplen con las condiciones m¨ªnimas, cuya clausura se haya reclamado al Gobierno.

R. Ahora mismo ninguno. S¨ª que hemos dado traslado de las infracciones detectadas en algunos centros a la direcci¨®n general a la que hemos pedido que corrija esas deficiencias. El primer paso es ¡®intente usted corregir las infracciones que hemos detectado¡¯ y si no se corrigen y son graves, la Fiscal¨ªa puede instar el cierre del centro en cuesti¨®n.

P. ?Cu¨¢les son las deficiencias m¨¢s habituales?

R. Las m¨¢s usuales son las infracciones relativas a la sobreocupaci¨®n, es decir, el n¨²mero de residentes excede notoriamente del m¨¢ximo legal permitido; y las relativas al personal, porque no hay educadores como tales, sino auxiliares t¨¦cnicos educativos, que no tiene una formaci¨®n suficiente para tratar estos menores. Por ello, en cuanto hay un m¨ªnimo problema de convivencia, no aplican el r¨¦gimen disciplinario del centro, o acuden a una medida reparadora, o llevan a cabo una mediaci¨®n, sino que se recurre a la denuncia a la Polic¨ªa. Y esta pr¨¢ctica lo satura todo. Hay, sobre todo, una gran necesidad de contratar a personal m¨¢s cualificado. S¨¦ que lograrlo puede resultar dif¨ªcil, pero a lo mejor las entidades se tienen que plantear tambi¨¦n mejorar las condiciones econ¨®micas para atraer a personas m¨¢s cualificadas. Aunque el problema no parece ser econ¨®mico, dado que vemos que se destinan partidas econ¨®micas importantes por parte del Gobierno. Son cantidades suficientes para la correcta atenci¨®n de los menores, para que tengan ropa y comida suficiente y puedan estudiar. El problema, por ello, parece m¨¢s bien que no se est¨¢ supervisando el destino del dinero que sale de las arcas p¨²blicas. Tenemos la sensaci¨®n de que en los centros no se invierte suficientemente en los menores, porque observamos c¨®mo est¨¢ el inmueble, o cuando los menores te dicen que la comida es deficiente... Algo est¨¢ fallando.

P. ?Tiene constancia de casos en el trato o en los centros?

R. Tenemos conocimiento de que se ha denunciado alg¨²n caso de maltrato, y que se han abierto las diligencias correspondientes. Este tipo de asuntos corresponden a los juzgados de instrucci¨®n, porque, evidentemente, si denuncian un mal trato por parte de los educadores, la jurisdicci¨®n correspondiente es la de adultos. Lo que hacemos en estos casos los fiscales de la Secci¨®n de Menores es proceder a la inspecci¨®n de estos centros y ver qu¨¦ nos cuentan los menores durante la entrevista reservada. Siempre claro est¨¢, que quieran hablar con nosotros, ya que esa entrevista es totalmente voluntaria.