UGT, CCOO y 72 juristas advierten del riesgo de calificar como terrorismo los disturbios en Catalu?a
Los secretarios generales de ambos sindicatos y catedr¨¢ticos de Derecho Penal, entre ellos, cr¨ªticos con la ley de amnist¨ªa, creen que la interpretaci¨®n del Supremo podr¨ªa llevar a acusar de terroristas a los participantes en ¡°las tractoradas¡±
Los secretarios generales de los dos principales sindicatos del pa¨ªs, Unai Sordo por CCOO y Pepe ?lvarez, de UGT, han suscrito, con 72 juristas de diferentes provincias (catedr¨¢ticos de derecho penal, magistrados y abogados) un comunicado en el que muestran su ¡°intensa preocupaci¨®n¡± por ¡°las ¨²ltimas interpretaciones realizadas por algunos Juzgados y Tribunales, sobre el alcance del delito de terrorismo¡±. Se refieren, en concreto, al auto del Supremo del pasado 29 de febrero de 2024 por el que el alto tribunal asumi¨® investigar a Carles Puigdemont en el llamado caso Tsunami Democr¨¤tic, por uno de los delitos no incluidos en la ley de amnist¨ªa, esto es, el terrorismo que haya causado de forma intencionada ¡°graves violaciones de derechos humanos¡±.
En contra del criterio de la Fiscal¨ªa, el Supremo entiende que ¡°una pluralidad de indicios¡± apuntan al ¡°liderazgo absoluto¡± y ¡°autor¨ªa intelectual¡± del expresidente catal¨¢n en los disturbios de 2019 que sucedieron a la sentencia condenatoria del proc¨¦s y que llegaron a colapsar el aeropuerto de El Prat. Argumentan que ¡°el terrorismo no es, ni puede ser, un fen¨®meno est¨¢tico, sino que se ampl¨ªa y diversifica de manera paulatina y constante, en un amplio abanico de actividades, por lo que el legislador penal democr¨¢tico en la respuesta obligada a este fen¨®meno complejo ha de ir ampliando tambi¨¦n el espacio penal de los comportamientos que objetivamente han de ser considerados terroristas¡±. Para CCOO, UGT y esos 72 juristas, entre los que se encuentran Adela As¨²a, que fue magistrada del Tribunal Constitucional a propuesta del PSOE; Juan Antoni Lascura¨ªn S¨¢nchez, catedr¨¢tico de derecho penal que ha criticado la ley de amnist¨ªa; o Nicol¨¢s Sartorius, encarcelado en la dictadura por el proceso 1001, la decisi¨®n del Supremo est¨¢ ¡°fuera de toda proporci¨®n¡± y advierten que¡± una interpretaci¨®n extensiva, imprecisa o carente de rigor puede conducir a una aplicaci¨®n que acabe da?ando derechos fundamentales que deben ser protegidos¡±. Por ejemplo, aplicando esa misma calificaci¨®n, la de terrorismo, ¡°a las tractoradas de los agricultores, a los bloqueos de las carreteras por transportistas organizados y a los trabajadores en sus acciones de huelga y manifestaci¨®n, a pesar de realizarse en el ejercicio de un derecho fundamental¡±.
El manifiesto recuerda que la Uni¨®n Europea ¡°ha ido adaptando los criterios¡±, pero en ning¨²n momento ¡°se ha modificado lo que es esencial del terrorismo, que son precisamente los delitos aptos para generar terror en la poblaci¨®n¡±. Argumentan que efectivamente, ha aparecido ¡°un terrorismo nuevo¡±, el de ¡°naturaleza yihadista con objetivos de venganza y orientaci¨®n pol¨ªtico-religiosa¡±, con atentados tan atroces como el del 11-M y que en esos casos s¨ª esta fundamentada ¡°la gravedad de las penas, las restricciones de derechos y la intervenci¨®n preventiva¡±. Los disturbios posteriores a la sentencia del proc¨¦s, que no mencionan directamente, no pueden entrar en esa misma categor¨ªa y entienden que esa interpretaci¨®n ¡°extensiva¡± que hacen los magistrados del Supremo obedece a que la tipificaci¨®n del delito de terrorismo en Espa?a ¡°no est¨¢ suficientemente clara¡±, por lo que instan a los grupos parlamentarios a impulsar una reforma del art¨ªculo 573 del C¨®digo Penal adapt¨¢ndolo a la normativa europea.
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