Los votos discrepantes de la anulaci¨®n de condenas en el ¡®caso de los ERE¡¯ sostienen que se ha creado un ¡°espacio de impunidad¡±

Los votos discrepantes que los magistrados del sector conservador del Tribunal Constitucional han empezado a elaborar sobre las sentencias del caso de los ERE suponen un apoyo cerrado a los fallos que dictaron la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo, al tiempo que sostienen que con las anulaciones de las condenas se ha creado un ¡°espacio de impunidad¡±. La tesis de estos votos es que se puede generar un cierto ¡°efecto llamada¡± para futuros recursos que pretendan aplicar a otros casos la doctrina sobre la vulneraci¨®n del principio de legalidad penal. Este principio ha sido considerado vulnerado en la mayor parte de las sentencias de los ERE ahora anuladas, al estimarse que la interpretaci¨®n que hizo el alto tribunal del delito de prevaricaci¨®n fue incorrecta e imprevisible para los condenados.

El magistrado del Constitucional Enrique Arnaldo combate la tesis de que no se puede delinquir cuando se aplica un Presupuesto aprobado en un Parlamento, en este caso el de Andaluc¨ªa. ¡°La preparaci¨®n del anteproyecto de ley de presupuestos ¡ªafirma Arnaldo en su voto particular contra la anulaci¨®n de la condena del expresidente de la Junta Manuel Chaves¡ª es una labor netamente administrativa, sujeta a control y responsabilidad¡±. En cambio ¡ªa?ade este magistrado¡ª, lo que se hizo por v¨ªa presupuestaria fue eliminar controles. El voto sostiene que la sentencia dictada implica que ¡°la ley curar¨ªa (¡­) todo vicio y har¨ªa inatacable la actuaci¨®n de los gestores p¨²blicos¡±. De este modo, la ley de presupuestos ¡°es erigida en un t¨®tem todopoderoso¡±.

En el voto discrepante de la anulaci¨®n de la condena del expresidente de la Junta Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n afirma, en esta l¨ªnea, que los procedimientos empleados por el Ejecutivo andaluz condujeron a una situaci¨®n en la que ¡°se sacrifica la objetividad de la actuaci¨®n administrativa, que se convierte en inmune e inatacable, creando, pues, un espacio de impunidad en el que determinados gobernantes gozan de un escudo protector que repele cualquier control o fiscalizaci¨®n y que, por supuesto, es un espacio ennegrecido, oscuro, por no transparente, y tales espacios son inconciliables con la naturaleza del Estado social y democr¨¢tico de derecho¡±.

Arnaldo estima que esta y otras sentencias dictadas por el Constitucional con similares tesis sobre el caso de los ERE ¡°hace tambalearse los pilares b¨¢sicos del Estado de derecho¡±. Explica esta afirmaci¨®n argumentando que el ¨®rgano de garant¨ªas ha suprimido ¡°de un plumazo la idea de control del gasto p¨²blico¡±. A?ade que con ello se ¡°desapodera al Estado del instrumento m¨¢s eficaz en la lucha contra el fraude y la corrupci¨®n pol¨ªtica institucionalizada¡±.

El magistrado Ricardo Enr¨ªquez, a su vez, cuestiona la sentencia que ha anulado la condena impuesta a Gri?¨¢n, afirmando que el Constitucional ha invadido el espacio y competencias del Supremo en el ¨¢mbito penal. Enr¨ªquez sostiene que la interpretaci¨®n del delito de prevaricaci¨®n efectuada ¡°por los tribunales competentes para ello, que son la Audiencia Provincial de Sevilla y especialmente el Tribunal Supremo como ¨®rgano jurisdiccional superior en la materia no es imprevisible ni, por consiguiente, contraria al derecho fundamental a la legalidad penal¡± garantizado por la Constituci¨®n. El voto particular niega, por otra parte, que las sentencias condenatorias del caso vulneraran en alg¨²n caso el derecho a la presunci¨®n de inocencia de los acusados, a los que en sustancia se reproch¨® haber permitido la entrada en vigor de cambios en la tramitaci¨®n de los fondos para ayudas a empresas y ayudas sociales en t¨¦rminos que evitaban su control.