El Constitucional anula las condenas a los expresidentes andaluces Chaves y Gri?¨¢n por el ¡®caso ERE¡¯

El Tribunal Constitucional ha anulado este martes la condena a seis a?os de prisi¨®n y 15 de inhabilitaci¨®n por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n impuesta al expresidente andaluz del PSOE Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n en el caso de los ERE. Ordena as¨ª a la Audiencia Provincial de Sevilla dictar otra sentencia en la que rebaje sustancialmente la pena por prevaricaci¨®n y elimine ¨ªntegramente la de malversaci¨®n, que es la que comportaba c¨¢rcel. Por siete votos a favor (los del sector progresista) y cuatro en contra (del bloque conservador), el tribunal ha tumbado la interpretaci¨®n de esos delitos que hizo en 2019 la Audiencia sevillana y ratific¨® en 2022 el Tribunal Supremo, seg¨²n han confirmado fuentes del ¨®rgano de garant¨ªas. La decisi¨®n ha llegado apenas una hora despu¨¦s de que el Constitucional anulara igualmente la condena a nueve a?os de inhabilitaci¨®n por prevaricaci¨®n continuada impuesta al predecesor de Gri?¨¢n al frente de la Junta, Manuel Chaves.

El ¨®rgano de garant¨ªas vac¨ªa as¨ª de contenido definitivamente la actuaci¨®n del Tribunal Supremo en el caso de los ERE fraudulentos, que afect¨® de lleno a la c¨²pula del PSOE andaluz y llev¨® al banquillo a dos expresidentes y a la c¨¢rcel a siete ex altos cargos de la Junta. Con estas dos sentencias de hoy y otra de un ex alto cargo de la Junta que ha sido resuelta poco despu¨¦s, son ya diez los recursos de condenados en este caso que ha resuelto el Constitucional en el ¨²ltimo mes; en ocho de ellos ha dado la raz¨®n ¡ªtotal o parcialmente¡ª a los recurrentes y ha ordenado la anulaci¨®n o revisi¨®n a la baja de las condenas. S¨®lo dos de las peticiones de amparo han sido desestimadas, y quedan dos recursos por resolver.

La concesi¨®n de amparo a Chaves y Gri?¨¢n no es completa ¡ªen ambos casos, el Constitucional ve un posible delito de prevaricaci¨®n en una actuaci¨®n puntual del Gobierno andaluz en diciembre de 2004, algo que deber¨¢ resolver ahora la Audiencia de Sevilla y que en todo caso no comportar¨ªa penas de prisi¨®n¡ª, pero los argumentos empleados por el tribunal suponen un respaldo a las tesis sostenidas desde el principio por las defensas de los exdirigentes socialistas. La ponente de las sentencias ha sido la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalb¨¢n, del sector progresista. Los cuatro magistrados conservadores ¡ªRicardo Enr¨ªquez, Enrique Arnaldo, C¨¦sar Tolosa y Concepci¨®n Espejel¡ª han anunciado votos particulares (discrepantes).

Jos¨¦ Mar¨ªa Calero, abogado de Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, ha mostrado su alegr¨ªa por la sentencia: ¡°Supone un aval al sistema judicial cuando se ha vulnerado un derecho constitucional, y supone tambi¨¦n una superaci¨®n del test de esfuerzo del sistema, porque no es f¨¢cil hacer frente a una sentencia y un proceso tan politizado¡±, ha dicho a EL PA?S, informa Eva Saiz. Calero tambi¨¦n ha indicado que Gri?¨¢n, que sigue en tratamiento por el c¨¢ncer que padece, est¨¢ ¡°satisfecho¡± por la resoluci¨®n, pese al ¡°da?o irreparable¡± que ha sufrido estos a?os. Su familia lleg¨® a pedir al Gobierno el indulto, en una iniciativa que respaldaron con su firma 4.000 personas.

Gri?¨¢n fue juzgado y condenado por su actuaci¨®n como consejero de Hacienda de la Junta entre 2004 y 2009, antes de convertirse en presidente auton¨®mico. Durante el juicio, ¨¦l mantuvo que no hab¨ªa tenido conocimiento del ¡°gran fraude¡± que, seg¨²n admiti¨®, s¨ª se hab¨ªa producido en la Consejer¨ªa de Empleo con la concesi¨®n de ayudas sociolaborales a empresas y trabajadores. Pero la Audiencia Provincial primero y el Supremo despu¨¦s consideraron que s¨ª hab¨ªa conocido el fraude y que, pudiendo pararlo, no lo hab¨ªa hecho. Nunca lleg¨® a entrar en prisi¨®n, por motivos de salud.

El Constitucional declara ahora que sus derechos a la legalidad penal y a la presunci¨®n de inocencia fueron vulnerados en el procedimiento, al trasladar autom¨¢ticamente a quienes se limitaron a aprobar las partidas presupuestarias ¡ªentre ellos, Gri?¨¢n¡ª la responsabilidad de quienes gestionaron los fondos de forma fraudulenta. En consecuencia, ordena retrotraer las actuaciones a la Audiencia Provincial para que dicte un nuevo fallo. Pero, en todo caso, s¨®lo por prevaricaci¨®n.

Una hora antes y tambi¨¦n con esa divisi¨®n de siete votos frente a cuatro, el Constitucional hab¨ªa anulado la condena a nueve a?os de inhabilitaci¨®n impuesta a Chaves por un delito de prevaricaci¨®n continuada. La Audiencia deber¨¢ ahora dictar una nueva sentencia en la que rebaje sustancialmente la pena.

Los argumentos del tribunal

En ambos casos, el de Gri?¨¢n y el de Chaves, el Constitucional concluye que no puede cometerse prevaricaci¨®n (dictar a sabiendas una resoluci¨®n injusta) al elaborar un proyecto de ley de presupuestos, porque este no es una resoluci¨®n administrativa. Y, respecto a Gri?¨¢n, a?ade que no pudo haber malversaci¨®n en el mero establecimiento por parte de la Junta de partidas presupuestarias que eran incluidas a?o a a?o en las leyes de presupuestos, sin que estas fueran impugnadas por su supuesta inconstitucionalidad al ¨®rgano de garant¨ªas, ¨²nico que pod¨ªa decidir sobre su legalidad.

La revocaci¨®n de la condena por prevaricaci¨®n tiene s¨®lo un matiz: el Constitucional ordena a la Audiencia Provincial de Sevilla que ci?a la causa a un aspecto puntual que s¨ª podr¨ªa caber en el concepto penal de prevaricaci¨®n: una modificaci¨®n presupuestaria realizada en diciembre de 2004 por el Gobierno presidido por Chaves y con Gri?¨¢n de consejero, con la que se incrementaron los fondos de una partida (el programa 3.2 H) que luego fueron indebidamente destinados a las ayudas sociolaborales fraudulentas de los ERE.

Desestimado el recurso de un ex alto cargo

El Constitucional ha desestimado el recurso presentado por otro de los condenados por los ERE: Juan M¨¢rquez, ex director general de Trabajo de la Junta andaluza entre 2009 y 2010. M¨¢rquez fue condenado a tres a?os de prisi¨®n y a siete y medio de inhabilitaci¨®n por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n. El tribunal estima que no fue vulnerado su derecho a la presunci¨®n de inocencia porque la sentencia que lo conden¨® s¨ª razona de forma suficiente, conforme a criterios racionales y l¨®gicos, que el ex alto cargo tuvo conocimiento de que los fondos del programa 3.1 L se dedicaron a fines ajenos por completo a los establecidos legalmente.

Con las tres sentencias de hoy y las siete dictadas en semanas anteriores, ya s¨®lo quedan dos recursos de amparo sobre el caso de los ERE pendientes de resolver por el Constitucional: el de Gaspar Zarr¨ªas, exconsejero de Presidencia, y el de Antonio Vicente Lozano, ex director general de Presupuestos. Ambos fueron condenados a nueve a?os de inhabilitaci¨®n por un delito de prevaricaci¨®n.