¡°La condena a Gri?¨¢n y Mart¨ªnez Aguayo era injusta. No conocieron que se estaba cometiendo fraude¡±

Manuel G¨®mez fue Interventor General de la Junta de Andaluc¨ªa entre 2000 y 2010, los a?os del esc¨¢ndalo de los ERE -las ayudas p¨²blicas a empresas en dificultades aprobadas por los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n que desencadenaron un fraude multimillonario-. Emiti¨® informes que alertaron sobre el inadecuado mecanismo aprobado para conceder las ayudas por la imposibilidad de llevar a cabo el necesario control del gasto. Esas alertas se convirtieron en la clave de las acusaciones tanto de la juez instructora, como de la Fiscal¨ªa y los tribunales que juzgaron los hechos (Audiencia Provincial y Tribunal Supremo) para condenar a la c¨²pula del Gobierno socialista andaluz.

G¨®mez estuvo procesado y la fiscal¨ªa lleg¨® a pedir seis a?os de prisi¨®n para el exinterventor general por malversaci¨®n. Pero sali¨® absuelto desde el primer juicio. Ahora reflexiona para EL PA?S sobre todo lo ocurrido.

Pregunta ?Cu¨¢ndo se utiliz¨® la f¨®rmula de la transferencia de financiaci¨®n para ayudar a empresas en crisis y no se decidi¨® abrir una l¨ªnea de subvenciones... nadie le pidi¨® opini¨®n al interventor general de la Junta de Andaluc¨ªa? ?Y usted, al enterarse de que esa otra f¨®rmula se hab¨ªa aprobado, hizo alg¨²n tipo de informe recomendando no utilizarla y utilizar la de las subvenciones, que era la adecuada?

Respuesta. Efectivamente, nadie le pidi¨® opini¨®n a la Intervenci¨®n General de la Junta de Andaluc¨ªa sobre el modelo para financiar las ayudas de los ERE mediante transferencias de financiaci¨®n. Ni se le comunic¨® en el momento de ponerlo en pr¨¢ctica. Tomamos conciencia del modelo a partir de 2003, a trav¨¦s de las auditor¨ªas que hac¨ªamos del Instituto de Fomento de Andaluc¨ªa, que era la caja pagadora. Desde el principio advertimos de que se trataba de un modelo inadecuado, as¨ª como de algunas de las consecuencias que podr¨ªa acarrear este modelo con controles muy debilitados o inexistentes, y plasmamos esas conclusiones en las auditor¨ªas que comunicamos a sus destinatarios, entre ellos, tres miembros del Gobierno de la Junta.

P.. Lo que no pudieron saber en ning¨²n momento es que esa l¨ªnea de ayudas pese a utilizar un instrumento inadecuado para adjudicarlas estaba provocando fraudes y causando menoscabo a los fondos p¨²blicos de la Junta de Andaluc¨ªa...

R. La gesti¨®n de las ayudas de los ERE qued¨® fuera de las competencias de la Intervenci¨®n General. Por eso no pudimos saber si se estaban produciendo fraudes.

P.. Durante la investigaci¨®n del caso, un magistrado instructor lleg¨® a decir que si el interventor general no puso en ning¨²n informe que se estaba produciendo un fraude es porque tem¨ªa contradecir y poner en problemas a sus jefes pol¨ªticos que hab¨ªan ideado este programa de ayudas.

R. S¨ª, eso dijo el instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro. Pero eso no es verdad. Y yo se lo expliqu¨¦ muy detalladamente cuando declar¨¦. Debo decirle que el Interventor General goza de autonom¨ªa legalmente reconocida, frente a los ¨®rganos a los que fiscaliza y que en los 10 a?os que ejerc¨ª el cargo nunca vi violentada esa autonom¨ªa por presiones de mis superiores.

P. Una parte de la fundamentaci¨®n jur¨ªdica de las acusaciones contra Gri?¨¢n como consejero de Hacienda o Carmen Mart¨ªnez Aguayo, su viceconsejera de Hacienda se basaba en esos informes que usted hizo alertando de que el instrumento elegido dejaba el gasto sin control y no hicieron nada para evitarlo. Por eso les acusaron y condenaron por malversaci¨®n...

R. Tengo que advertir, en primer lugar, que no soy especialista en Derecho penal. Yo mismo fui acusado de malversaci¨®n¡­

P. Y sali¨® absuelto...

R. Eso es. Las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo vienen a decir que, de los indicios que se plasmaban en los informes de la IGJA, ambos deb¨ªan haberse hecho una composici¨®n de lugar y haberse imaginado que dichos indicios pod¨ªan conducir a un uso fraudulento de los recursos p¨²blicos. Es decir, que fueron condenados por lo que se llama en Derecho penal dolo eventual. Se trata de una cuesti¨®n muy especializada del ¨¢mbito penal y yo no tengo una opini¨®n, acerca de si en las personas por las que usted me ha preguntado, concurri¨® la intencionalidad mediante dolo eventual que le imputan las sentencias que ahora anula el Tribunal Constitucional. Lo que s¨ª le puedo decir es que, ni en la sentencia de la Audiencia Provincial, ni en la del Tribunal Supremo existe una explicaci¨®n m¨ªnimamente detallada, sobre la concurrencia del dolo eventual. Ambas sentencias se limitan a decir, m¨¢s o menos, que los condenados aceptaron la eventualidad de que se produjera un resultado fraudulento, pero nos quedamos sin saber por qu¨¦.

P. ?Qu¨¦ pens¨® al conocer que condenaban a seis a?os de c¨¢rcel a Gri?¨¢n y a Mart¨ªnez Aguayo con ese juicio de intenciones?

R. Antes de responder a esta pregunta debo decirle que mi relaci¨®n con estas dos personas a lo largo de toda la causa de los ERE fue muy tirante. Tanto ellos, como sus abogados y sus peritos se esforzaron denodadamente en tratar de desviar sus responsabilidades, del tipo que fueran, hacia m¨ª mismo personalmente, como Interventor General de la Junta. Algo que nunca he aceptado y que nunca olvidar¨¦.

Pregunta. Diciendo que usted no hizo informes de actuaci¨®n denunciando que hab¨ªa fraude...

Respuesta. Diciendo eso e imput¨¢ndome otras muchas cosas, s¨ª. Pero todas estas acusaciones parten de un error de base completamente interesado. Porque la cuesti¨®n no es qui¨¦n ten¨ªa los medios para detectar el fraude. La cuesti¨®n es qui¨¦n ten¨ªa los medios para evitarlo. Y es evidente que los medios los ten¨ªan los responsables pol¨ªticos, a trav¨¦s de las reformas legales y presupuestarias oportunas y no el interventor. Empe?arse en lo contrario a estas alturas no es ignorancia, es mala fe. Dejando eso de lado y respondiendo ya a su pregunta, quiero serle particularmente franco. En este sentido, debo decirle que la condena de Gri?¨¢n y Mart¨ªnez Aguayo, por quienes usted me pregunta, me produjo una gran consternaci¨®n. Porque no la esperaba y porque creo que es injusta. Y es injusta, porque estoy seguro de que ellos no conoc¨ªan que en el empleo de esa partida presupuestaria se estaba cometiendo fraude. Tengo un conocimiento suficiente de los mecanismos internos de la administraci¨®n y experiencia suficiente sobre su funcionamiento como para saber que ni un consejero de Econom¨ªa y Hacienda, como lo fueron ellos y, mucho menos, un Presidente, tienen conocimiento de esos pormenores de la gesti¨®n administrativa de otra consejer¨ªa, como era la de Empleo. Es m¨¢s, estoy convencido de que, fuera del ¨¢mbito de la Consejer¨ªa de Empleo, ninguna de las personas condenadas ten¨ªa conocimiento del fraude. Otra cosa es que las decisiones que se adoptaron sobre el dise?o del modelo y su puesta en pr¨¢ctica fueran imprudentes y que podr¨ªan haber sido otras m¨¢s adecuadas. Y que esto mereciera una censura y una responsabilidad pol¨ªtica. Por cierto, ya suficientemente expiada. El propio Presidente Gri?¨¢n lo reconoci¨® p¨²blicamente. Pero, desde mi punto de vista, no hay sustancia penal en la conducta de las personas por las que usted me pregunta. Mi opini¨®n es que las responsabilidades de los ERE nunca debieron salir del ¨¢mbito de la Consejer¨ªa de Empleo. Y parte de la culpa de que el asunto desbordara dicho ¨¢mbito se encuentra en la incalificable estrategia de las altas autoridades de la Junta y del Partido Socialista, que pretendieron reducir el impacto del esc¨¢ndalo ofreciendo dos cabezas de turco, que fuimos el Director General de Trabajo y yo mismo, como Interventor General. Esta estrategia era tan rid¨ªcula que pronto salt¨® por los aires y acab¨® colocando una bomba debajo de la mesa del Consejo de Gobierno de la Junta.

Pregunta. ?Qu¨¦ le parece el argumento de las sentencias respecto al acto prevaricador de la c¨²pula pol¨ªtica del Gobierno andaluz al elaborar cada a?o unos presupuestos que inclu¨ªan el instrumento para el fraude?

Respuesta. Siempre he sostenido que la partida de las transferencias de financiaci¨®n que se inclu¨ªa en los presupuestos no era ilegal porque no pod¨ªa ser ilegal. La afirmaci¨®n de que puede ser ilegal una partida de un presupuesto aprobado y no impugnado, cuya ley est¨¢ en vigor y no ha sido anulada, ya ha sido calificada en t¨¦rminos jur¨ªdicos por el Tribunal Constitucional en las sentencias que se han conocido. Mire, por no abundar en tecnicismos, yo solo puedo a?adir que esa afirmaci¨®n es simplemente una tonter¨ªa.

Pregunta. Una tonter¨ªa que lleg¨® a convertirse en argumento para muchas condenas...

Respuesta. Y no solo eso, sino que algunos de los que combaten al TC con este asunto, empezando por los votos discrepantes de las sentencias, pretenden ennoblecer su causa envueltos en la capa de la lucha contra las inmunidades del poder. Se viene a decir: si admitimos que la partida de los ERE no es ilegal es porque estamos a favor de que no se controle al poder, de que el poder tenga ¨¢reas inmunes. Esta postura parte de un error esencial. El error consiste en no distinguir entre el contenido de un proyecto de ley y el procedimiento para su aprobaci¨®n. El contenido de un proyecto de ley nunca puede ser ilegal, y mucho menos si ese contenido luego lo aprueba el Parlamento como ley. Otra cosa es el procedimiento para la aprobaci¨®n de los proyectos de ley. En este ¨¢mbito s¨ª es imaginable que puedan cometerse ilegalidades. Y que esas ilegalidades puedan llegar a ser calificadas como prevaricadoras. Pero, en la causa de los ERE no se ha condenado por la infracci¨®n de normas de procedimiento en la elaboraci¨®n de los presupuestos. Las condenas se han producido porque los tribunales sentenciadores han entendido que la partida para financiar las ayudas de los ERE era ilegal. La cuesti¨®n clave aqu¨ª es que las partidas de un presupuesto forman parte del contenido de la ley del presupuesto, hasta el punto de que tienen rango de ley. Siendo as¨ª las cosas, ninguna ilegalidad puede haber en que cualquier gobierno prepare un proyecto de presupuesto, en el que incluya una partida, que hasta ese d¨ªa ten¨ªa un destino concreto, y decida que a partir de ahora va a tener otro destino diferente, en este caso, financiar las ayudas de los ERE.

Pregunta. El Partido Popular repite estos d¨ªas que estamos ante el mayor caso de corrupci¨®n de la democracia porque desde el Gobierno de la Junta robaron 680 millones de euros destinados a los parados. El juez del Supremo que investig¨® el caso lleg¨® a escribir: ¡°Hay que partir de la premisa de que un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habr¨ªa que concederlo tambi¨¦n en el caso de que se hubiera seguido el procedimiento legal exigible para su concesi¨®n¡±. Hay 6.500 parados que recibieron esas ayudas. ?Cree que las hubieran recibido igual si se hubiera hecho a trav¨¦s de un programa de subvenciones?

Respuesta. Es lamentable, pero a estas alturas no lo podemos saber. Cuando el poder punitivo del Estado se enfrent¨® a la causa de los ERE, plante¨® una estrategia procesal que se ha demostrado errada. A los jueces y fiscales que instruyeron e investigaron les pareci¨® m¨¢s sugestivo mirar hacia la c¨²pula de la Junta de Andaluc¨ªa, elaborando esa teor¨ªa de la trama para defraudar, que seguir el rastro del dinero, como suele decirse. Tengo que recordar esos autos de la instrucci¨®n de la causa, que ya entonces me parecieron obscenos, en los que se hablaba con verdadera delectaci¨®n de que el juzgado iba escalando una pir¨¢mide y que ya se encontraba cerca de la c¨²spide. En lugar de investigar cada una de las ayudas, se prefiri¨® mirar hacia arriba, culpando a toda la superestructura institucional de la Junta de haber dise?ado un sistema para defraudar. Todo este entramado procesal es el que ha derribado el Constitucional y lo ha hecho d¨¢ndole apenas un peque?o empuj¨®n, porque estaba cimentado sobre bases muy d¨¦biles. Y ahora, m¨¢s de 20 a?os despu¨¦s de que ocurriera una buena parte de los hechos enjuiciados, va a ser muy dif¨ªcil recomponer una nueva estrategia punitiva. Esto puede producir determinadas impunidades, por razones que ser¨ªa muy largo describir. Pero esas posibles impunidades no ser¨¢n responsabilidad del TC. Los responsables de ese resultado ser¨¢n quienes se dejaron llevar por la fascinaci¨®n de empapelar a varios gobiernos de la Junta de Andaluc¨ªa, quienes les dejaron hacer y quienes los jalearon.

Pregunta. ?Qui¨¦nes son y cu¨¢nto se ha defraudado?

Respuesta. Como podr¨¢ usted deducir de lo ya dicho, a estas alturas no sabemos cu¨¢l es el importe realmente defraudado. Lo que s¨ª sabemos es que no son los 680 millones de los que tanto se habla. Y no lo sabemos por lo que le acabo de decir, porque la estrategia punitiva de jueces y fiscales no fue poner el foco en las ayudas concedidas y en las cantidades pagadas, sino en la supuesta trama para defraudar. Hay un asunto del que rara vez se habla que es el siguiente: hubo dos ERE de las ayudas que financi¨® la Junta, que fueron cofinanciadas por el Gobierno central. De hecho, hay unas diligencias abiertas, languideciendo en los juzgados de Sevilla, contra el Secretario General de Empleo y un director general, ambos del Ministerio de Trabajo, a los que acusan de subvencionar a 55 presuntos intrusos en el ERE de la Faja Pir¨ªtica de Huelva. En las ayudas estatales al ERE de la Faja Pir¨ªtica tuvo un papel destacado el que era entonces Delegado del Gobierno en Andaluc¨ªa, Juan Ignacio Zoido, que, por cierto, nunca ha sido molestado por la Justicia. En relaci¨®n con este asunto hubo un momento clave en el proceso, que fue cuando los peritos de la Intervenci¨®n General del Estado se personaron para ratificar sus informes en el juzgado. Algunos abogados defensores pretendieron preguntar a los peritos su opini¨®n sobre las ayudas a los ERE abonadas por el Gobierno central. Todas estas preguntas fueron declaradas impertinentes y no se pudieron formular. Y, por tanto, nos quedamos sin saber por qu¨¦, si en las ayudas estatales se hab¨ªan producido intrusos y sobrecomisiones, el juzgado no hab¨ªa imputado al Presidente del Gobierno, a los ministros de Hacienda y de Trabajo, a los subsecretarios, al Interventor General del Estado, al Jefe de la Abogac¨ªa del Estado, y, por qu¨¦ no, al Delegado del Gobierno en Andaluc¨ªa, como hab¨ªan sido imputados sus hom¨®logos de la Junta de Andaluc¨ªa. Esta veladura de las ayudas estatales a los ERE durante todo el proceso benefici¨® claramente al se?or Zoido, que, por aquel entonces, parad¨®jicamente, actuaba como acusador particular en la causa en nombre del PP.

Pregunta. ?Lo que a usted no le cabe ninguna duda es que en este programa de ayudas a empresas privadas se produjo un fraude masivo en el sentido de que hubo un descontrol total, no?

Respuesta. S¨ª, s¨ª, totalmente. O sea, no se tramit¨® de modo regular ninguna de las ayudas.

Pregunta. Y eso facilit¨® el fraude.

Respuesta. El esc¨¢ndalo de los ERE no se puede blanquear. Una cosa es que el Constitucional haya atemperado la extrema ferocidad con la que el poder punitivo del Estado se enfrent¨® al esc¨¢ndalo. Y otra cosa es que se trate de ocultar que con la partida de los ERE se defraudaron varios millones de euros y que, para la Junta de Andaluc¨ªa result¨® un aut¨¦ntico fiasco y un descr¨¦dito que ha afectado tambi¨¦n a la imagen y el prestigio de Andaluc¨ªa. De modo que, efectivamente, lo que usted dice es indudable. El c¨®mo se gestion¨® esta partida facilit¨® el fraude. La cuesti¨®n es si eso es un delito. Bueno, pues los tribunales entendieron que s¨ª y las sentencias del Constitucional lo han puesto en cuesti¨®n, parcialmente.

Pregunta. El Constitucional ha corregido muchas de esas sentencias, pero el PP descalifica este veredicto por entender que los siete magistrados que no han visto malversaci¨®n y prevaricaci¨®n est¨¢n indultando a los culpables cumpliendo las ¨®rdenes que les dio el Gobierno socialista que los puso en el Tribunal. ?Qu¨¦ le parece?

Pregunta. A m¨ª, como ciudadano, me apena la situaci¨®n en la que se encuentra el Tribunal Constitucional y su desprestigio. Yo creo que la culpa la tienen, efectivamente, los partidos que se han estado repartiendo por cuotas a los magistrados. De todas formas, lo que me parece realmente err¨®neo es cargar las tintas sobre la mayor¨ªa [progresista] y no sobre la minor¨ªa [conservadora]. Porque no deja de ser curioso que los juristas no parezcan votar como juristas, porque, si votaran como juristas, unas veces el resultado ser¨ªa 7 a 4 y otras 4 a 7, 6 a 5 o 9 a 2 o los magistrados de ambas corrientes se mezclar¨ªan en sus posicionamientos. Pero, tal y como se est¨¢n produciendo las votaciones, si uno critica a la mayor¨ªa, pues, con la misma raz¨®n tendr¨ªa que criticar a la minor¨ªa. Eso, por un lado. Y, por otro lado, qu¨¦ quiere que le diga: la verdad es la verdad, d¨ªgala Agamen¨®n o su porquero. Hay otra cuesti¨®n atinente al TC que tambi¨¦n se viene ventilando con brocha gorda. Es la que dice que el Tribunal Constitucional no puede corregir al Tribunal Supremo. Se suelta esa especie en medios que todos tenemos por serios y todo el mundo la cree. Pero, yo me pregunto, si una sentencia del Supremo es recurrible ante el Constitucional, ser¨¢ porque este Tribunal podr¨¢ anularla, ?no? Y aqu¨ª entramos en el meollo de este asunto, que es otra cuesti¨®n de alto calado jur¨ªdico, de la que yo no estoy en condiciones de darle ni siquiera mi opini¨®n. Y es sobre si el Constitucional se ha extralimitado o no en este caso concreto. Como le digo, es una cuesti¨®n superespecializada, que en los medios se suele ventilar con gran frivolidad. Pero ?Qu¨¦ pasa, que las sentencias del Supremo, por ser del Supremo no pueden ser completamente erradas? Yo creo que podr¨ªan serlo. Y, entonces, ?el sistema exige que el Constitucional se quede callado? Parece que eso es lo que sostienen algunos. Yo no lo comparto.

Pregunta. ?Se alegra de estas resoluciones del Tribunal Constitucional?

Respuesta. Me alegro, en primer lugar y m¨¢s importante, por las personas, a las que ya me he referido, que fueron injustamente condenadas. Pero me alegro, tambi¨¦n, por la parte que me toca. Aunque fui absuelto, me acusaron de algunas de las cosas que el Tribunal Constitucional ha dicho que eran infundadas y que yo tuve la suerte de que se me reconocieran en la primera instancia de la audiencia provincial. Y, si me permite una confidencia, le dir¨¦ que la inclemente persecuci¨®n penal que sufr¨ª durante nueve largu¨ªsimos a?os hace que me alegre de que el Constitucional haya dejado en rid¨ªculo las tesis, que yo tanto combat¨ª en el proceso, de los culpables de dicha persecuci¨®n, a quienes Dios confunda.