El juez que investiga a una ONG por desviar fondos para menores no acompa?ados env¨ªa el caso a la Fiscal¨ªa Europea

El juez del juzgado de Instrucci¨®n de Las Palmas de Gran Canaria que investiga a la Fundaci¨®n Siglo XXI por un supuesto desv¨ªo de 12,51 millones de euros del Gobierno de Canarias para acoger menores migrantes no acompa?ados ha decidido inhibirse a favor de la Fiscal¨ªa Europea, seg¨²n recoge un auto al que ha tenido acceso EL PA?S y que ha sido adelantado por el rotativo local Canarias 7. El magistrado investigaba, adem¨¢s de la propia fundaci¨®n, a cuatro directivos de la entidad, a los que se les acusa de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, administraci¨®n desleal y falsificaci¨®n de documentos privados y mercantiles. La Fiscal¨ªa Europea tendr¨¢ que decidir en los pr¨®ximos d¨ªas si asume el caso.

Desde que se reactiv¨® la ruta canaria a principios de la d¨¦cada, el Gobierno de Canarias ha echado mano de una serie de organizaciones no gubernamentales para que sean ellas quienes gestionen los dispositivos de acogida de menores no acompa?ados, a los que se les paga por d¨ªa y ni?o. Una de ellas fue la Fundaci¨®n Siglo XXI, radicada en Madrid, que recibi¨® 12,51 millones de euros del total de 136,9 millones de dinero p¨²blico que el Ejecutivo canario gast¨® en la atenci¨®n y formaci¨®n de menores en cuatro centros de Gran Canaria y Lanzarote entre 2020 y 2022, seg¨²n la querella presentada en mayo de 2023 por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Es decir, 95 euros por menor y d¨ªa; 72 euros, si la plaza estaba desocupada.

El escrito presentado por el fiscal Javier R¨®denas recoge un prolijo recuento de acciones destinadas al ¡°enriquecimiento personal y/o disfrute particular¡± de los acusados. As¨ª, los gestores pasaban noches de hotel y se somet¨ªan a tratamientos faciales con fondos del Gobierno, mientras los menores, a quienes estaba destinado este dinero, malviv¨ªan en centros que presentaban un ¡°lamentable¡± y ¡°alarmante estado de deterioro¡±, sin actividades o tareas de formaci¨®n adecuadas, subraya el fiscal.

¡°El an¨¢lisis de las cuentas bancarias¡±, afirmaba la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la ¡°ausencia de justificaci¨®n-liquidaci¨®n del gasto dibujan un escenario altamente irregular, opaco y de descontrol en la justificaci¨®n del dinero p¨²blico, que fue aprovechado por los querellados en obtener un il¨ªcito personal econ¨®mico a costa del dinero p¨²blico subvencionado¡±. Su relato comprende tanto operaciones bancarias de extracciones en efectivo, como el ¡°desv¨ªo de flujos monetarios a cuentas personales o de familiares¡± de los directores de los centros, y el ¡°desarrollo de compras de productos o servicios para uso y disfrute personal que son financiadas con fondos p¨²blicos¡±.

El fiscal tambi¨¦n asevera que fallaron los controles del Gobierno de Canarias, y apunta que el Ejecutivo despleg¨® un ¡°deficiente, opaco, y poco riguroso control de la gesti¨®n econ¨®mico-financiera de las partidas presupuestarias¡±. Una idea que traslada el juez Francisco Javier Garc¨ªa Garc¨ªa-Sotoca, quien sostiene que ha habido ¡°falta de control y seguimiento de los contratos tramitados de emergencia¡±.

El magistrado explica, adem¨¢s, que el funcionamiento de estos centros en los a?os investigados est¨¢ subvencionado por Canarias, pero que 15,29 millones se obtuvieron de fondos europeos Next Generation. En lo referido a la Fundaci¨®n Siglo XXI, el auto del juez se?ala que la Intervenci¨®n del Gobierno de Canarias le hizo llegar un documento que reflejaba que 1,9 millones abonados a la fundaci¨®n hab¨ªan sido imputados a ¡°cr¨¦ditos derivados del instrumento europeo de recuperaci¨®n Next Generation¡±. La Direcci¨®n General de Protecci¨®n a la Infancia y las Familias, sin embargo, hizo llegar un informe posterior en el que sosten¨ªa que aunque la aplicaci¨®n de los cr¨¦ditos de origen corresponde con financiaci¨®n europea, ¡°al no certificarse para poder recibir dichos fondos europeos, que se reciben previa justificaci¨®n del gasto¡±, la financiaci¨®n pasaba a ser de la Comunidad Aut¨®noma de Canarias. El juez, sin embargo, ha desestimado este ¨²ltimo escrito y ha decidido elevar la investigaci¨®n al organismo comunitario.

No es este el primer caso de malversaci¨®n de fondos europeos en las islas cuya investigaci¨®n pasa a la Fiscal¨ªa Europea. En marzo, el departamento anunci¨® su intenci¨®n de asumir la investigaci¨®n de llamado caso Koldo, que investiga una supuesta trama alrededor de los contratos para el suministro de mascarillas suscritos por los servicios de salud de Baleares y Canarias.

La Fiscal¨ªa Europea tambi¨¦n se ha apropiado del caso mascarillas en Canarias. En este caso se investiga el pago de cuatro millones de euros durante la pandemia por parte del sistema sanitario de las islas a una empresa de compraventa de veh¨ªculos, RR7 United SL, por un pedido de un mill¨®n de mascarillas que nunca lleg¨®. Las investigaciones han conducido a la imputaci¨®n del exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS) Conrado Dom¨ªnguez y de su exdirectora de Recursos Econ¨®micos, Ana Mar¨ªa P¨¦rez Dom¨ªnguez. Dom¨ªnguez dimiti¨® del cargo en noviembre de 2022.