La Fiscal¨ªa pide suspender el protocolo del Gobierno canario sobre menores migrantes por abocarlos al ¡°desamparo¡±

El anunciado recurso de la Fiscal¨ªa Superior de Canarias contra el protocolo del Gobierno canario para la recepci¨®n de menores migrantes que llegan solos a las islas ya est¨¢ en el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad. El escrito es muy cr¨ªtico con una medida que pretende a?adir nuevos tr¨¢mites que obligar¨ªan a mantener a los ni?os bajo custodia policial horas e incluso d¨ªas; y solicita a la Sala de lo Contencioso Administrativo que adopte como medida cautelar¨ªsima (sin o¨ªr a la parte contraria, en este caso el Ejecutivo auton¨®mico) la suspensi¨®n provisional del protocolo mientras el tribunal adopta una decisi¨®n. ¡°Su ejecuci¨®n [la del nuevo protocolo de acogida] supone la ausencia de atenci¨®n inmediata a la situaci¨®n de desamparo patente en los menores que lleguen desde el mar a las costas de la Comunidad Aut¨®noma¡±, reza el recurso, seg¨²n la nota difundida este mi¨¦rcoles por la Fiscal¨ªa General del Estado.

El protocolo impulsado por el presidente auton¨®mico, Fernando Clavijo (Coalici¨®n Canaria) y publicado el pasado jueves en el Bolet¨ªn Oficial de Canarias, impone unos requisitos previos para que la comunidad acepte acoger a un menor migrante que llegue solo a las islas. Se trata de una serie de tr¨¢mites que competen, sobre todo, a la Polic¨ªa Nacional y que supondr¨ªan retrasar la entrada del ni?o en un lugar de acogida adecuado. Entre ellos se requiere una rese?a policial completa, una entrevista, un acto formal de entrega del menor entre agentes nacionales y auton¨®micos, y la confirmaci¨®n de que existe plaza para el reci¨¦n llegado. Fuentes policiales consideran que estas normas son inviables en situaciones de emergencia y vulnerabilidad como las que se encuentran cada vez que llega un cayuco.

La Fiscal¨ªa entiende que este protocolo vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el art¨ªculo 14 de la Constituci¨®n y en la Convenci¨®n de los Derechos del Ni?o, as¨ª como el derecho a la integridad moral reconocido en el art¨ªculo 15 de la Constituci¨®n. El recurso incorpora, por tanto, los mismos argumentos recogidos en un decreto fiscal del pasado viernes y cuyo contenido fue adelantado por EL PA?S. En dicho documento, la Fiscal¨ªa ya denunciaba que ¡°el protocolo olvida el principio de no discriminaci¨®n. Trata de forma diferente a los menores extranjeros no acompa?ados respecto de cualquier otro menor [...] Se desprende claramente que existe una discriminaci¨®n por raz¨®n de origen¡±, a?ad¨ªa.

En aquel decreto [de obligado cumplimiento para los miembros del ministerio p¨²blico], la fiscal Mar¨ªa Farn¨¦s Mart¨ªnez advert¨ªa que, de aplicarse las nuevas exigencias del Gobierno canario para acoger a los menores migrantes, se producir¨ªa una dejaci¨®n de la competencia de protecci¨®n de los menores, que es exclusiva de las comunidades aut¨®nomas. Y a?ad¨ªa que un protocolo no puede imponer, como pretende este, obligaciones a otros actores como el Ministerio del Interior, que ni siquiera lo han firmado. ¡°El protocolo presupone un nuevo tr¨¢mite de competencia estatal que actualmente no existe ni est¨¢ previsto en la legislaci¨®n [...] un tr¨¢mite que impone la comunidad aut¨®noma de Canarias a otra administraci¨®n (la Administraci¨®n General del Estado) y en el que debe intervenir el Ministerio Fiscal¡±, manten¨ªa. Y a?ad¨ªa: ¡°Nunca un protocolo puede establecer normas de procedimiento que vayan en contra de la ley, ni que obliguen a otros que no sean aquellos que lo hayan firmado¡±. Como colof¨®n, el ministerio p¨²blico avisa de que si no se acoge a los ni?os ¡°de forma inmediata¡± se incurrir¨ªa en un delito de abandono.

Con m¨¢s de 5.300 ni?os y adolescentes migrantes ya a su cargo, la continua llegada de m¨¢s menores en cayucos a las islas ha desembocado en una crisis de acogida primero, y en una crisis pol¨ªtica despu¨¦s. El amago de negociaci¨®n entre Coalici¨®n Canaria ¨Dprincipal partido del Ejecutivo regional, que gobierna con el PP¨D y el Gobierno central para cambiar la ley de extranjer¨ªa y obligar con ello a las comunidades a ser m¨¢s solidarias con la acogida fracas¨® en julio en el Congreso, al ser rechazada la iniciativa con los votos en contra de Junts, PP y Vox. A partir de entonces, la desconfianza entre ambos ejecutivos no ha hecho m¨¢s que crecer, a la vez que los mensajes antiinmigraci¨®n por parte de la derecha se han avivado.