La Fiscal¨ªa acusa al Gobierno canario de discriminar a los menores migrantes por su origen

La Fiscal¨ªa Superior de Canarias tiene claro que el nuevo protocolo del Gobierno canario con el que se condiciona la acogida de menores migrantes a una serie de tr¨¢mites que obligar¨ªan a mantener a los ni?os bajo custodia policial horas e incluso d¨ªas no debe aplicarse. EL PA?S ha tenido acceso al decreto fiscal emitido este viernes, una enmienda a la totalidad a la iniciativa del presidente Fernando Clavijo y que, pese a lo que han interpretado algunos medios locales, est¨¢ lejos de avalarla. El texto considera, entre otras cosas, que las nuevas reglas discriminan a los menores que llegan en cayuco a las islas. ¡°El protocolo olvida el principio de no discriminaci¨®n. Trata de forma diferente a los menores extranjeros no acompa?ados respecto de cualquier otro menor [...] Se desprende claramente que existe una discriminaci¨®n por raz¨®n de origen¡±, se lee en el expediente.

El nuevo protocolo auton¨®mico, publicado el pasado jueves en el Bolet¨ªn Oficial de Canarias, exige unos requisitos previos para que la comunidad acoja a un menor migrante que est¨¦ solo en las islas. Se trata de una serie de tr¨¢mites que competen, sobre todo, a la Polic¨ªa Nacional y que suponen retrasar la entrada del ni?o en un lugar de acogida adecuado. Entre ellos se requiere una rese?a policial completa, una entrevista, un acto formal de entrega del menor entre agentes nacionales y auton¨®micos y la confirmaci¨®n de que existe plaza para el reci¨¦n llegado. Fuentes policiales consideran que estas normas son inviables en situaciones de emergencia y vulnerabilidad como las que se encuentran cada vez que llega un cayuco. Este s¨¢bado tres nuevas embarcaciones arribaron a las islas, dos cayucos a El Hierro con 55 y 28 personas, y una neum¨¢tica, a La Gomera, con 70 ocupantes. ¡°Seguiremos actuando como hasta ahora que era la forma correcta. Para nosotros no ha cambiado nada¡±, asegura un mando policial.

La fiscal Mar¨ªa Farn¨¦s Mart¨ªnez advierte de que la aplicaci¨®n de las nuevas exigencias suponen una dejaci¨®n de competencias que es exclusiva de las comunidades aut¨®nomas y que el protocolo no puede imponer obligaciones a otros actores que ni siquiera lo han firmado. ¡°El protocolo presupone un nuevo tr¨¢mite de competencia estatal que actualmente no existe ni est¨¢ previsto en la legislaci¨®n [...] un tr¨¢mite que impone la comunidad aut¨®noma de Canarias a otra administraci¨®n (la Administraci¨®n General del Estado) y en el que debe de intervenir el Ministerio Fiscal¡±, mantiene. Y a?ade: ¡°Nunca un protocolo puede establecer normas de procedimiento que vayan en contra de la ley, ni que obliguen a otros que no sean aquellos que lo hayan firmado. Como colof¨®n, el Ministerio P¨²blico avisa de que si no se acoge a los ni?os ¡°de forma inmediata¡± se incurrir¨ªa en un delito de abandono.

La llegada de ni?os y adolescentes en cayucos a las islas ha derivado en una crisis de acogida, primero, y en una crisis pol¨ªtica, despu¨¦s. El amago de negociaci¨®n entre Coalici¨®n Canaria y el Gobierno central para cambiar la ley de extranjer¨ªa y obligar con ello a las comunidades a ser m¨¢s solidarias con la acogida fracas¨® en julio con el no de Junts, PP y Vox en el Congreso. Y, a partir de entonces, no ha hecho m¨¢s que crecer la desconfianza y los mensajes antiinmigraci¨®n por parte de la derecha sin que se vislumbre una soluci¨®n. Con m¨¢s de 5.300 ni?os y adolescentes migrantes a su cargo, el Gobierno canario no da m¨¢s de s¨ª y ensaya estrategias para buscar una salida, desde firmar acuerdos con el l¨ªder del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, para retomar la negociaci¨®n del cambio de la ley al pol¨¦mico protocolo con el que pretend¨ªa descargar m¨¢s responsabilidad en la polic¨ªa y en la fiscal¨ªa y ganar tiempo antes de hacerse cargo de cada nuevo menor.

Tras hacerse p¨²blica la posici¨®n de la fiscal este viernes, el vicepresidente canario, el popular Manuel Dom¨ªnguez, ha asegurado este s¨¢bado que su Gobierno acatar¨¢ el decreto. Dom¨ªnguez, sin embargo, ha insistido en que lo que pretende el nuevo protocolo es ¡°que se cumpla la ley¡±. Esto es ¡°que se dejen de hacer las cosas como se ven¨ªan haciendo hasta ahora¡±, para que los menores migrantes sean entregados por la polic¨ªa no a las ONG, como hasta ahora, sino a un funcionario auton¨®mico [un polic¨ªa] y ¡°de manera individualizada, con fotograf¨ªa, huella dactilar, identificaci¨®n y que sepamos a d¨®nde va a ir ese menor¡±. El vicepresidente del PP se ha preguntado: ¡°?Ad¨®nde los enviamos? ?A centros que est¨¢n saturados? Si la Fiscal¨ªa nos dice que tenemos que enviarlos ah¨ª, nunca vamos a dudar en hacerlo. Porque m¨¢s centros de acogida no tenemos. ?Est¨¢n mejor cuidados donde est¨¢n en la actualidad o en los centros a los que se desv¨ªan? Ah¨ª es donde tendremos que ponernos de acuerdo para, entonces, prestar el servicio, la tutela, el cuidado, el mimo, que necesitan esos ni?os y ni?as que vienen a nuestra tierra¡±.

El decreto de la Fiscal¨ªa no deja dudas de lo que hay que hacer. La competencia de la protecci¨®n siempre ser¨¢ de la comunidad aut¨®noma y ¡°nunca ser¨¢ competencia de la Administraci¨®n, salvo modificaci¨®n del correspondiente Estatuto de Autonom¨ªa¡±. La atenci¨®n, adem¨¢s, debe ser inmediata y, tal y como marca el C¨®digo Civil, en ¡°casos de urgencia no deben existir requisitos procedimentales ni de forma¡±.

Cada p¨¢gina del decreto es una enmienda a la iniciativa del Ejecutivo canario. La fiscal¨ªa considera incorrecto hasta la premisa en la que se basa todo el protocolo, la de que el ni?o que est¨¦ bajo custodia policial no puede considerarse que est¨¦ en desamparo. ¡°Esta afirmaci¨®n, que es el p¨®rtico de las actuaciones del protocolo, no puede ser entendida como correcta¡±, zanja la fiscal. ¡°No hay una situaci¨®n m¨¢s clara de un menor en desamparo que la de los menores extranjeros no acompa?ados, pues como consecuencia de su no acompa?amiento y ante la ausencia de adultos responsables tendr¨¢ que ser la administraci¨®n p¨²blica la que deba otorgarle la protecci¨®n integral¡±, a?ade. Mart¨ªnez cuestiona, adem¨¢s, el excesivo papel que se atribuye a la polic¨ªa y se opone a que la entrega de los ni?os deba hacerse entre agentes de la Polic¨ªa Nacional y agentes de la polic¨ªa auton¨®mica ¡°sin tener en cuenta ni analizar las repercusiones que la intervenci¨®n policial puede tener en los menores, sobre todo cuando son extranjeros y est¨¢n solos¡±.

Incluso la audiencia del menor para conocer mejor sus circunstancias personales y si tiene familiares en Espa?a, otro de los requisitos que pas¨® a exigir el Gobierno canario antes de aceptar a los menores en sus centros, choca con el supuesto inter¨¦s del ni?o que pretende protegerse. ¡°Ciertamente el menor tiene que ser o¨ªdo, pero lo tiene que ser para algo. Es claro que un menor que acaba de llegar a tierra despu¨¦s de un viaje en el que ha puesto en peligro su vida, no est¨¢ en disposici¨®n de ser o¨ªdo con garant¨ªas, ni mucho menos, como parece apuntar el protocolo, que ¨¦ste manifieste que tiene un familiar o un allegado en alg¨²n lugar distinto de Canarias y que por lo tanto en ese sentido se debiera de actuar, pues ello implicar¨ªa un claro riesgo para el menor¡±, concluye.

El Gobierno comparte el criterio de la fiscal¨ªa. Este viernes se reunieron de urgencia los ministros del Interior, Migraciones, Pol¨ªtica Territorial y Juventud para estudiar c¨®mo afrontar el pulso que estaba lanzando Clavijo. En el encuentro, como adelant¨® EL PA?S, se puso encima de la mesa la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional para que aclare la cuesti¨®n competencial y el ministerio de Juventud se comprometi¨® a enviar a la Fiscal¨ªa un informe jur¨ªdico en el que se argumenta que el protocolo viola los derechos fundamentales de los ni?os. ¡°Supone una vulneraci¨®n de los derechos de las personas menores de edad al estar limitando la protecci¨®n de las personas menores de edad en el territorio auton¨®mico¡±, mantiene el equipo de Sira Rego.