La ofensiva de PP y Vox en Cantabria activa un movimiento en defensa de la memoria democr¨¢tica
El parlamento auton¨®mico debate este lunes derogar la norma aprobada la pasada legislatura, mientras en la sociedad civil se refuerza un movimiento para defenderla
El Parlamento de Cantabria debate este lunes, a propuesta de PP, que gobierna la comunidad en solitario, la derogaci¨®n de la ley regional de memoria, aprobada en 2021, bajo la administraci¨®n del PSOE y el PRC. El plan de eliminaci¨®n de la norma, que los populares ya han llevado a cabo en otras comunidades donde gobernaban con Vox ¡ªhasta que el partido ultra rompi¨® los acuerdos por el conflicto sobre el reparto de menores migrantes¡ª ha movilizado a la sociedad civil c¨¢ntabra. Este lunes, frente al Parlamento, la plataforma Memoria y Democracia de Cantabria colocar¨¢ una pancarta que reza: ¡°Sin memoria no hay futuro¡±.
El movimiento naci¨® hace justo un a?o, cuando PP y Vox unieron sus votos ¡ªentonces a iniciativa del partido ultra¡ª para promover la derogaci¨®n de la norma. El manifiesto inaugural de la plataforma, le¨ªdo en la librer¨ªa La Vor¨¢gine de Santander, se ha transformado en una oleada de defensa de la memoria democr¨¢tica. En el centro est¨¢n las familias que todav¨ªa tienen a sus muertos en fosas comunes y que reclaman sus restos para enterrarlos en alg¨²n rinc¨®n donde puedan llevarles flores.
El texto de la proposici¨®n de ley de derogaci¨®n afirma, en su exposici¨®n de motivos, que la ley aprobada en 2021 ¡°naci¨® muerta¡± porque ¡°no pretendi¨® el consenso¡± ¡ªaunque ahora el plan de eliminaci¨®n es una imposici¨®n frente a la izquierda¡ª y que se trata de ¡°un ajuste de cuentas 85 a?os despu¨¦s¡±. El PP sigue la estela de los Gobiernos auton¨®micos de Arag¨®n, Castilla y le¨®n y la Comunidad Valenciana para eliminar la legislaci¨®n regional en memoria, pese a las cr¨ªticas de los relatores de Naciones Unidas que, en un informe publicado el pasado mayo, alertaron sobre el avance del ¡°negacionismo¡± e instaron a Espa?a a tomar ¡°todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los est¨¢ndares internacionales de los derechos humanos en materia de preservaci¨®n de la memoria hist¨®rica de las graves violaciones de los derechos humanos¡±. La ley de memoria democr¨¢tica estatal sigue siendo de aplicaci¨®n en todo el territorio nacional.
Jorge Su¨¢rez, uno de los portavoces de la Plataforma Memoria y Democracia de Cantabria, asegura que las labores relacionadas con la memoria est¨¢n paralizadas: ¡°Desde que gobierna el PP no se ha movido una hoja en este tema¡±. Su¨¢rez pertenece tambi¨¦n a la Asociaci¨®n H¨¦roes de la Rep¨²blica y la Libertad.
La socialista Zoraida Hijosa, directora de la oficina de memoria en Cantabria la legislatura pasada y actual directora general de memoria en el Gobierno central, afirma que con la inminente derogaci¨®n de la ley quedar¨¢n en suspenso cuatro proyectos de exhumaciones en Tama (Li¨¦bana), Cieza, Pi¨¦lagos y Anievas para recuperar los restos de una veintena de v¨ªctimas de la represi¨®n franquista. Para localizar el sitio exacto de esas cuatro fosas ya se hab¨ªa pasado un georradar e Hijosa cree que ya estaban cerca de hallarlas. El PP ha sostenido p¨²blicamente que las exhumaciones no se detendr¨¢n. ¡°Garantizamos el apoyo a todas las familias que soliciten procedimientos de exhumaci¨®n de restos mortales¡±, declar¨® el diputado regional y senador auton¨®mico del PP I?igo Fern¨¢ndez. Pero esos trabajos est¨¢n congelados.
En la fosa de Tama, seg¨²n la informaci¨®n recopilada, podr¨ªa estar enterrado el entonces alcalde de Pesaguero y militante de UGT Camilo Barga?o Vicente, y su hijo, que ten¨ªa 17 a?os cuando fue asesinado; as¨ª como Santiago Ricardo Gil Santos, motorista fiel a la Rep¨²blica fusilado el 14 de septiembre de 1937; Feliciano Alonso, Esteban Ruiz o el industrial Lorenzo Rodr¨ªguez Arminio. Seg¨²n un mapa de fosas comunes elaborado por la Universidad de Cantabria, la comunidad cuenta con cerca de 150 enterramientos clandestinos. El Gobierno anterior trabajaba en un contrato para actualizar ese mapa.
La plataforma de Memoria y Democracia la integran hoy 90 asociaciones y cuenta con m¨¢s de 1.600 adhesiones individuales. No se trata solamente de las asociaciones que tradicionalmente han defendido la memoria hist¨®rica en la regi¨®n, sino de decenas de colectivos y organizaciones de la sociedad civil que tambi¨¦n rechazan la derogaci¨®n de la ley auton¨®mica. ¡°Si alguien est¨¢ defendiendo la memoria es la sociedad civil¡±, insiste Carolina Hernaiz, otra de las activistas en defensa de la ley y con una trayectoria en colectivos memorialistas de la regi¨®n. El pasado junio, esas asociaciones entregaron a diputados del PP una ¡°cartilla b¨¢sica de memoria hist¨®rica¡±, que respond¨ªa a preguntas sobre la II Rep¨²blica, el golpe de Estado de 1936 o la dictadura franquista. La Coordinadora C¨¢ntabra de Pensionistas, que suele reivindicar pensiones p¨²blicas y dignas, hizo una concentraci¨®n a principios de septiembre para rechazar la derogaci¨®n de la ley de memoria.
Jorge Su¨¢rez explica as¨ª los motivos de la movilizaci¨®n ciudadana: ¡°El bando vencedor ensalz¨® y dignific¨® a sus muertos, pero a los otros los han dejado enterrados sin identidad y sin lugar conocido, y ahora se dice que este tema est¨¢ cerrado y que no se tienen que reabrir viejas heridas. Nosotros no buscamos venganza, lo que buscamos es que se identifiquen los lugares, que se identifiquen los restos, que se entreguen a los deudos, que se repare dignamente a las familias de los represaliados, que si fueron incautados sus bienes se los devuelvan y que se comprometan pol¨ªticamente a la no repetici¨®n¡±.
La derogaci¨®n de la ley tambi¨¦n fulmina los planes para constituir la Comisi¨®n de la Memoria, que tendr¨ªa un funcionamiento parecido al de las comisiones de la verdad que se han puesto en marcha en Am¨¦rica Latina. Este ¨®rgano ya ten¨ªa cuatro miembros nombrados, pero sus labores est¨¢n paradas. Tambi¨¦n estaba pendiente un censo de v¨ªctimas y avanzar en la identificaci¨®n de lugares de memoria en todo el territorio. Para Zoraida Hijosa uno de esos sitios deber¨ªa ser el Palacio de la Magdalena, uno de los grandes centros de represi¨®n durante la dictadura: ¡°En esas praderas en las que en verano todo el mundo est¨¢ disfrutando, sufrieron m¨¢s de 2.000 presos republicanos la represi¨®n¡±.
La hoy directora general de memoria afirma que, en la conferencia sectorial de memoria democr¨¢tica a mediados de este a?o ¡ªen la que se reparten recursos a las comunidades aut¨®nomas para apoyar proyectos de este tipo¡ª, el Gobierno de Cantabria present¨® ¡°un proyecto en el que no hay ni una sola actuaci¨®n en cuanto a la localizaci¨®n o exhumaci¨®n de v¨ªctimas¡±. Lo que contemplaba la propuesta era, seg¨²n la directora, actuaciones menores sobre publicaci¨®n de libros o investigaci¨®n. Asegura que si la administraci¨®n auton¨®mica no avanza en esta materia, el Gobierno central ejecutar¨¢ directamente las exhumaciones en el territorio de esa comunidad aut¨®noma.
Ma?ueco, forzado a aclarar su postura sobre la ley de concordia
El orden del día de las Cortes de Castilla y León incluye el debate el miércoles la toma en consideración de la llamada Ley de concordia que, salvo sorpresa, no seguirá su tramitación al cambiar de postura el PP. Los populares y Vox la registraron el pasado abril, antes de que el partido de Santiago Abascal rompiera en julio los bipartitos autonómicos. La supresión de las leyes de memoria regionales para sustituirlas por otras llamadas de Concordia figuraba en los pactos de aquellos gobiernos de coalición, pero en el caso de Castilla y León forzaban al PP a derogarse a sí mismo, ya que el decreto de memoria a eliminar fue aprobado en 2018 y firmado por el entonces presidente, el popular Juan Vicente Herrera. El presidente actual, Alfonso Fernández Mañueco, fue dando largas a Vox y, de hecho, votó en contra de la inclusión de la proposición de ley en la actividad parlamentaria de esta semana, pero el PSOE, al igual que la extrema derecha, con la intención de retratar al PP, apoyó que así fuera. La norma no saldrá adelante ante el previsible voto en contra del PP, pero Mañueco llegó a defenderla ley en las Cortes el pasado abril. “Me parece más completa y más actual, además, sigue las recomendaciones de la Unión Europea para mejorar la atención a las víctimas con más derechos”, dijo, al tiempo que acusaba al PSOE de “blanquear al franquismo y al terrorismo”. Relatores de la ONU, sin embargo, alertaron de que esa ley “invisibilizaría las graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista”.
Natalia Junquera
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