La Fiscal¨ªa reclama a Canarias un nuevo protocolo de acogida de menores migrantes consensuado con todas las administraciones

La Fiscal¨ªa no est¨¢ satisfecha con la suspensi¨®n cautelar, instada por el propio ministerio, del protocolo aprobado el d¨ªa 12 por el Gobierno canario, que deb¨ªa regular la acogida de los menores migrantes sin tutor legal reci¨¦n llegados a la comunidad aut¨®noma. La fiscal superior de Justicia de Canarias, Mar¨ªa Farn¨¦s Mart¨ªnez, ha solicitado este viernes a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud y fam...

La Fiscal¨ªa no est¨¢ satisfecha con la suspensi¨®n cautelar, instada por el propio ministerio, del protocolo aprobado el d¨ªa 12 por el Gobierno canario, que deb¨ªa regular la acogida de los menores migrantes sin tutor legal reci¨¦n llegados a la comunidad aut¨®noma. La fiscal superior de Justicia de Canarias, Mar¨ªa Farn¨¦s Mart¨ªnez, ha solicitado este viernes a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud y familias, Candelaria Delgado, que inicie los tr¨¢mites para elaborar un nuevo protocolo que regule todo el proceso: desde la localizaci¨®n hasta su identificaci¨®n, la determinaci¨®n de la edad y la puesta a disposici¨®n de los servicios p¨²blicos de protecci¨®n. Este nuevo texto legal debe estar desarrollado ¡°de forma conjunta con el ministerio fiscal y los dem¨¢s organismos, tanto auton¨®micos como estatales¡±, ha reclamado la fiscal en su discurso con motivo de la apertura del a?o judicial en las islas. Mart¨ªnez, adem¨¢s, ha recordado al Ejecutivo auton¨®mico su ¡°competencia exclusiva para la protecci¨®n de los menores¡±.

Fuentes del Gobierno canario han confirmado la recepci¨®n de una solicitud para trabajar en un nuevo protocolo, pero matizan: ¡°Entendemos que no est¨¢ anulado, solo suspendido¡±. Y concluye su predisposici¨®n a colaborar, si se dan las circunstancias: ¡°En cualquier caso, el Gobierno de Canarias siempre se sentar¨¢ con el Estado para velar por el inter¨¦s superior del menor¡±.

La justicia ha neutralizado en la ¨²ltima semana movimientos puestos en marcha por el Ejecutivo que lidera Fernando Clavijo (Coalici¨®n Canaria) en su intento por aliviar la gesti¨®n de los aproximadamente 5.400 ni?os y adolescentes arribados a las islas y presionar para lograr un acuerdo pol¨ªtico que permita la derivaci¨®n obligatoria de los menores. El d¨ªa 2, Clavijo anunci¨® que los servicios jur¨ªdicos del Gobierno auton¨®mico iban a analizar las posibles v¨ªas, incluida la penal, para que se reconozca que los ni?os sin tutor que llegan a sus costas en cayucos o pateras est¨¢n bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados. Eso permit¨ªa al l¨ªder nacionalista sostener que la tutela legal del menor hasta que no se lleva a cabo la entrega corresponde al Estado central. Ese mismo d¨ªa, adem¨¢s, el Consejo de Gobierno aprob¨® una disposici¨®n que prohib¨ªa a las entidades colaboradoras recibir nuevos migrantes sin permiso del Ejecutivo.

Estos movimientos del Ejecutivo culminaron 10 d¨ªas despu¨¦s: el d¨ªa 12, cuando el Gobierno del archipi¨¦lago anunci¨® un nuevo protocolo de recepci¨®n, dentro del protocolo marco estatal de 2014. Este texto legal era clave en esta estrategia, dado que complicaba la recepci¨®n por parte del Ejecutivo canario de los menores migrantes no acompa?ados al condicionarla a una serie de tr¨¢mites y a la disponibilidad de plazas. Entre otras cuestiones, exig¨ªa una rese?a previa de identificaci¨®n, la inscripci¨®n en el registro de menores, que se haya celebrado una audiencia previa al menor en presencia de un int¨¦rprete y que esta se haya producido con conocimiento de la Fiscal¨ªa. Confirmada la disponibilidad de plaza, por ¨²ltimo, obligaba a un acto formal de entrega con documentaci¨®n individualizada y que este se produzca en una comisar¨ªa de la Polic¨ªa Auton¨®mica de Canarias.

La Fiscal¨ªa se opuso inmediatamente a este nuevo reglamento. Lleg¨®, incluso, a emitir un duro decreto con instrucciones en el que se advert¨ªa al Ejecutivo regional de que podr¨ªa incurrir en un delito de abandono de menores. El viernes 13 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendi¨® el protocolo de forma ¡°cautelar¨ªsima¡±. El Ejecutivo canario ha recurrido esta suspensi¨®n. D¨ªas antes, la ONG Red Espa?ola de Inmigraci¨®n y Ayuda al Refugiado hab¨ªa denunciado los acuerdos de Gobierno tomados el d¨ªa 2. Este mi¨¦rcoles, el TSJC tambi¨¦n suspendi¨® de forma cautelar esta instrucci¨®n.

Este es el trasfondo en el que se enmarcan las palabras de la fiscal superior de Canarias pronunciadas en un acto al que no acudi¨® ni el presidente Clavijo (de viaje en Cabo Verde), ni la consejera de Presidencia, Administraciones P¨²blicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto. En su discurso, Mart¨ªnez admiti¨® que resulta ¡°muy dif¨ªcil¡± proporcionar una ¡°respuesta adecuada¡± a los menores si no media ¡°un reparto equitativo en todo el territorio nacional¡±. El presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado, tambi¨¦n ha insistido en la falta de medios para atender a la migraci¨®n.

La fiscal alab¨®, a su vez, ¡°el gran esfuerzo¡± realizado por el Gobierno canario en la atenci¨®n de los menores que llegan en pateras y cayucos a las islas y declar¨® que el ministerio es su ¡°colaborador leal¡±. Sin embargo, le lanz¨® veladas advertencias. En primer lugar, la Fiscal¨ªa recalc¨® que antepondr¨¢ ¡°siempre¡± el ¡°inter¨¦s superior del ni?o¡±, que ¡°ha de ser superior a los dem¨¢s intereses en juego¡±. Tambi¨¦n insisti¨® en que la atenci¨®n a los menores migrantes es una cuesti¨®n recogida en el estatuto de autonom¨ªa canario, que otorga a la regi¨®n ¡°la competencia exclusiva para la protecci¨®n de los menores sin ninguna distinci¨®n entre ellos¡±.

La fiscal tambi¨¦n amonest¨® de forma sutil al Ejecutivo aut¨®nomo al subrayar la ¡°preocupaci¨®n¡± del ministerio p¨²blico por ¡°el escaso n¨²mero de menores que est¨¢n siendo documentados y la posibilidad de que pudieran salir de los centros de protecci¨®n un elevado n¨²mero de ellos¡±, una vez cumplida la mayor¨ªa de edad sin contar con la autorizaci¨®n de residencia previsto por el reglamento de extranjer¨ªa. El Gobierno tiene tres meses de plazo para gestionar estos papeles una vez el menor ingresa en un centro. Para ello, Mart¨ªnez asegura haber convocado desde enero ¡°varias reuniones¡± entre la Polic¨ªa, la brigada de Extranjer¨ªa y la directora general de Protecci¨®n a la Infancia para establecer ¡°mecanismos ¨¢giles¡±

La fiscal, por ¨²ltimo, se ha referido a los casos de maltrato y negligencias detectado en los m¨¢s de 80 centros de acogida de las islas. Seg¨²n afirm¨®, las secciones de menores de las fiscal¨ªas han visitado ¡°en varias ocasiones¡± los dispositivos ¡ª¡±tanto los que ya exist¨ªan como los que han tenido que ser aperturados a ra¨ªz de la actual crisis migratoria¡±¡ª, y ha asegurado que ¡°las deficiencias¡± han sido comunicadas a la direcci¨®n general. En este sentido, la fiscal de Menores del Tribunal Supremo, Teresa Gisbert, viajar¨¢ la pr¨®xima semana a Canarias para conocer esta red de acogida y el trabajo que realizan en esta materia los miembros del ministerio p¨²blico en las islas y para mantener un encuentro de trabajo con Candelaria Delgado.