El Congreso rechaza el intento del PP de que el Gobierno cese al Fiscal General del Estado

El Congreso rechaza con el apoyo de la mayor¨ªa de investidura de Pedro S¨¢nchez el intento del PP de provocar el cese del actual Fiscal General del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, acosado tambi¨¦n por varios frentes y encausado por el Tribunal Supremo por una supuesta revelaci¨®n de secretos en el proceso contra Alberto Gonz¨¢lez Amador, pareja de la presidenta madrile?a, Isabel D¨ªaz Ayuso, e imputado por fraude fiscal. La proposici¨®n no de ley del PP solo recogi¨® en el debate el apoyo expreso de Vox, pero se votar¨¢ este mi¨¦rcoles. Los populares volvieron a cuestionar que el perfil del Fiscal General del Estado no era ¡°id¨®neo¡± para el cargo, desde su nombramiento pero sobre todo por sus decisiones en el caso de la investigaci¨®n fiscal al novio de Ayuso. El PP considera a Garc¨ªa Ortiz un ¡°community manager¡± o un ministro m¨¢s de S¨¢nchez y un ejemplo de la ¡°colonizaci¨®n¡± de todas las instituciones por ¡°el sanchismo¡± para tapar presuntos casos de corrupci¨®n y esc¨¢ndalos con la idea solo de resistir en La Moncloa. El PSOE defendi¨® la trayectoria del Fiscal General y esgrimi¨® que la competencia para su nombramiento o destituci¨®n corresponde solo al Gobierno. Los socios habituales del Ejecutivo se manifestaron en contra de las intenciones del PP.

La direcci¨®n parlamentaria del PP va registrando, peri¨®dicamente, ruedas de prensa, mociones y proposiciones para reprobar y cuestionar en los plenos del Congreso la competencia y capacidad de gesti¨®n de distintos ministros del Gabinete, as¨ª como de m¨¢ximos responsables de distintas instituciones, como la presidenta de las Cortes, la socialista Francina Armengol, y en esa estrategia incluyen desde su nombramiento al actual Fiscal General del Estado. En la proposici¨®n no de ley registrada hace cinco meses y discutida este martes el objetivo de entrada era ?lvaro Garc¨ªa Ortiz ya por su mera nominaci¨®n, primero en agosto de 2022 y luego en diciembre de 2023, que los populares interpretan como un premio por su apoyo en su momento a su antecesora en el cargo, la fiscal y exministra de Justicia, Dolores Delgado.

El PP no ocult¨® en su propuesta que han puesto entre sus objetivos al Fiscal General por lo que tildan de ¡°bochornoso¡± intento de entrometerse en la investigaci¨®n del caso del novio de Ayuso, que ha confesado incluso con su propio abogado haber cometido varios delitos y fraudes con Hacienda. El debate transcurri¨® as¨ª por esos derroteros, pero el PP no logr¨® sumar adhesiones m¨¢s all¨¢ de hacia su derecha. La portavoz popular, Cayetana ?lvarez de Toledo, empez¨® su defensa numantina de Ayuso por interpelar a toda la C¨¢mara: ¡°?Vale todo para destruir a un rival pol¨ªtico, incluso violar la ley?¡±. La diputada popular lleg¨® incluso a anticipar que el Tribunal Supremo ya ha condenado a Garc¨ªa Ortiz por ese caso cuando solo ha iniciado una investigaci¨®n por la supuesta revelaci¨®n de secretos con una filtraci¨®n de un correo electr¨®nico remitido a la Fiscal¨ªa por el abogado de Alberto Gonz¨¢lez Amador. ?lvarez de Toledo confeccion¨® ah¨ª una cronolog¨ªa con algunas fechas y horas a su conveniencia para sustentar la tesis de que fue el Fiscal General el que vulner¨® con sus actuaciones ¡°el derecho al honor y la presunci¨®n de inocencia¡± del novio de Ayuso para poder atacarla a ella ¡°porque es una mujer que detestan porque les planta cara¡±. Y acab¨® aludiendo al auto de este martes del juez Juan Carlos Peinado en el que incorpora sus indagaciones sobre dos nuevos presuntos delitos contra Bego?a G¨®mez, la esposa del presidente S¨¢nchez, para reescribir las palabras usadas por el l¨ªder del PSOE para salir al paso de esa noticia: ¡°Tiene raz¨®n S¨¢nchez, el tiempo pondr¨¢ las cosas en su sitio, tambi¨¦n a ¨¦l¡±.

Unas posiciones que solo refrend¨® el portavoz de Vox, Jes¨²s del Valle. Los socios del Ejecutivo, sin embargo, no tuvieron dudas en este caso. Noem¨ª Santana, de Podemos, reproch¨® al PP el uso pol¨ªtico de las instituciones para justificar sus ataques al Ejecutivo. Mikel Legarda, del PNV, dej¨® claro que ¡°por el momento¡± no ven ¡°la suficiente densidad¡± en el auto del Supremo para encausar al fiscal Ortiz por unos correos que pudieron manejar una docena de fiscales. Josep Pag¨¦s, de Junts, despach¨® el intento del PP como ¡°otro cap¨ªtulo m¨¢s de lawfare¡± o persecuci¨®n judicial como los que ellos creen haber sufrido durante el proc¨¦s independentista. Gerardo Pisarello, de Sumar, arrambl¨® contra el nuevo ¡°intento de dinamitar todas las instituciones que no controlan o no pueden poner a su servicio¡± los populares y apunt¨® contra numerosos fiscales de otras ¨¦pocas y gobiernos del PP y muy en especial contra el juez Manuel Marchena y sus actuaciones al frente de la sala penal del Supremo. Francisco Aranda, del PSOE, enumer¨® en esa l¨ªnea ¡°el patr¨®n¡± hist¨®rico seguido del PP, desde la etapa de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar hasta la actual, en su ¡°estrategia de persecuci¨®n pol¨ªtica y medi¨¢tica de bulos, de deshumanizaci¨®n, de esparcir barro y ensuciarlo todo¡± cuando son el partido que tiene m¨¢s de 20 causas pendientes de corrupci¨®n en la Audiencia Nacional.

La sesi¨®n acab¨® con la reedici¨®n de otro debate, planteado por el PP para la reprobaci¨®n del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, F¨¦lix Bola?os, sobre su responsabilidad ¡°en los m¨²ltiples casos de corrupci¨®n que involucran al Presidente S¨¢nchez y a m¨¢s de la mitad de su Gobierno¡±. Tampoco recogi¨® m¨¢s adhesiones que las de Vox.