El Supremo ordena investigar la filtraci¨®n del informe de la Guardia Civil en la causa abierta al fiscal general

El magistrado del Tribunal Supremo ?ngel Hurtado, instructor de la causa contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefa provincial de Madrid por un presunto delito de revelaci¨®n de secretos, ha ordenado a los juzgados de Madrid que investiguen la filtraci¨®n a los medios de comunicaci¨®n de documentos del caso. Hurtado ha dictado una providencia en la que acuerda deducir testimonio y enviar al decanato de los juzgados de Madrid, ¡°a los efectos oportunos¡±, las quejas del fiscal general, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, y de la fiscal jefa provincial, Pilar Rodr¨ªguez, por las filtraciones a la prensa de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El juez toma la misma decisi¨®n en relaci¨®n con una queja en el mismo sentido presentada por el abogado de Gonz¨¢lez Amador, imputado por fraude fiscal.

El informe de la Guardia Civil de cuya difusi¨®n se quejaron el fiscal general y la provincial, conocido hace diez d¨ªas, recog¨ªa la informaci¨®n extra¨ªda del tel¨¦fono de Rodr¨ªguez, y apuntaba a que Garc¨ªa Ortiz hab¨ªa jugado un ¡°papel preeminente¡± en los hechos que derivaron en la publicaci¨®n, el pasado marzo, de un correo electr¨®nico con informaci¨®n confidencial entre la Fiscal¨ªa y el abogado de Alberto Gonz¨¢lez Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso (PP). En un auto dictado el 25 de noviembre, el juez levant¨® parcialmente el secreto de las actuaciones, pero advert¨ªa a las partes expresamente de que la difusi¨®n a terceros del informe de la UCO ¡°est¨¢ prohibida¡±. El juez ha acordado ahora enviar ese auto a los juzgados de Madrid para que se indague qui¨¦n desobedeci¨® su advertencia.

Las filtraciones a la prensa de documentos supuestamente secretos son, precisamente, el objeto de la investigaci¨®n abierta por el Supremo al fiscal general y a la fiscal jefa provincial a ra¨ªz de una querella presentada por Gonz¨¢lez Amador. El tribunal indaga la filtraci¨®n de un correo electr¨®nico enviado el 2 de febrero por el abogado de la pareja de Ayuso a la Fiscal¨ªa en el que el letrado admit¨ªa que su cliente hab¨ªa cometido dos delitos fiscales y propon¨ªa un pacto que le librara de la c¨¢rcel. Ese mail desment¨ªa un bulo que hab¨ªa extendido el entorno de la presidenta madrile?a, seg¨²n el cual, era el ministerio p¨²blico el que hab¨ªa ofrecido el acuerdo en una especie de chantaje pol¨ªtico, pero el Supremo considera que la difusi¨®n del correo remitido por el abogado pudo perjudicar al derecho de defensa de Gonz¨¢lez Amador.

El tribunal no tiene pruebas de que Garc¨ªa Ortiz o Rodr¨ªguez est¨¦n detr¨¢s de la filtraci¨®n, pero s¨ª de que ambos ten¨ªan ese correo electr¨®nico desde unas horas antes de que se publicara en los medios de comunicaci¨®n, y en eso basa el tribunal sus indicios de que ambos pudieron incurrir en un delito de revelaci¨®n de secretos (art¨ªculo 417 del C¨®digo Penal).

El informe de la UCO sobre el contenido del tel¨¦fono de la fiscal provincial tampoco esclarece qui¨¦n filtr¨® el correo, pero los agentes s¨ª atribuyen inequ¨ªvocamente a la Fiscal¨ªa General la filtraci¨®n a los medios de la denuncia presentada el 5 de marzo por la fiscal¨ªa de delitos econ¨®micos contra Gonz¨¢lez Amador. A esta conclusi¨®n lleg¨® la Guardia Civil a partir de varios mensajes enviados por la propia fiscal jefa provincial, en los que esta afirmaba que es ese ¨®rgano el que ha filtrado la denuncia, que fue publicada por eldiario.es el pasado 12 de marzo. El informe no incluye ninguna conversaci¨®n en la que la Fiscal¨ªa General y la jefa provincial hablen de la supuesta filtraci¨®n de esa denuncia, por lo que no queda claro si Rodr¨ªguez sab¨ªa de forma fehaciente que hab¨ªa sido la Fiscal¨ªa la que filtr¨® la denuncia o solo lo supuso.

M¨¢s de 500 personas con acceso al expediente

Un informe elaborado ahora por la Fiscal¨ªa de Madrid cifra en m¨¢s de 500 las personas que tuvieron acceso al expediente con la denuncia a Gonz¨¢lez Amador antes de que se publicara. Seg¨²n este escrito elaborado por el teniente fiscal de Madrid, Jos¨¦ Luis Garc¨ªa-Juanes Guerrero, a petici¨®n de la Abogac¨ªa del Estado, que ejerce en esta causa la defensa del fiscal general y de la jefa provincial, no se puede concretar el n¨²mero exacto de personas que pudieron tener acceso a esas actuaciones, pero las primeras diligencias contra Gonz¨¢lez fueron cargadas en una carpeta a la que ten¨ªan permido para entrar 12 fiscales y cuatro funcionarios.

M¨¢s tarde, el expediente se subi¨® a una carpeta compartida de la web de la Fiscal¨ªa de Madrid a la que ten¨ªan acceso 499 personas entre fiscales y funcionarios. Y posteriormente, se incorporaron a una tercera carpeta que se comparte entre la Fiscal¨ªa Provincial y la auton¨®mica de Madrid accesible para ¡°alrededor de 30 personas¡±, incluida la fiscal jefa, el teniente fiscal, los fiscales decanos y funcionarios de la jefatura, ¡°as¨ª como un n¨²mero que se desconoce de personas de la Fiscal¨ªa de la Comunidad de Madrid.

La Abogac¨ªa del Estado pidi¨® tambi¨¦n concretar cu¨¢ntas personas tienen permisos para entrar en la cuenta de correo electr¨®nico de la jefatura de la Fiscal¨ªa Provincial de Madrid. El teniente fiscal entiende que esta petici¨®n se refiere a la cuenta jefatura.fiscalia@madrid.org, a la que tienen acceso tanto la fiscal jefe provincial como el propio teniente fiscal que firma el informe y otras cuatro funcionarias m¨¢s del Ministerio P¨²blico. No obstante, esa no es la direcci¨®n a la que el abogado de Gonz¨¢lez Amador envi¨® el correo cuya filtraci¨®n se investiga.

¡°Irregularidades y omisiones¡±

Ese informe ha sido ya remitido al juez del Supremo, que en otra providencia dictada este jueves, rechaza la denuncia de la Abogac¨ªa del Estado por supuestas ¡°irregularidades y omisiones¡± en el informe de la UCO sobre los dispositivos intervenido a la fiscal provincial, as¨ª como por vulneraci¨®n de derechos fundamentales. En un escrito enviado al Supremo por la Abogac¨ªa del Estado se alude a hasta 37 ¡°errores, irregulares, omisiones e indebidas inferencias¡± en ese documento elaborado por la Guardia Civil tras analizar el contenido del ordenador y el tel¨¦fono de Rodr¨ªguez. El juez sostiene, sin embargo, que ¡°no cabe poner reproche a dicha prueba pericial, realizada por una unidad tan especializada como es la UCO, sin perjuicio de la parte a su cuestionamiento¡±.

Id¨¦ntica respuesta repite el instructor para rechazar tambi¨¦n la solicitud que le hab¨ªa hecho Garc¨ªa Ortiz de dirigir un mandato a la UCO para que no incluya en el informe pendiente de realizar sobre el contenido de sus ordenadores y tel¨¦fonos ¡°mensajes privados¡± ajenos a los hechos que se investigan. El magistrado tampoco accede a suspender cautelarmente los trabajos de an¨¢lisis de la informaci¨®n intervenida al fiscal general, como hab¨ªa pedido Garc¨ªa Ortiz.

La Sala de Admisi¨®n que decidi¨® abrir la causa contra ambos fiscales tambi¨¦n ha dictado un auto este jueves, en el que rechaza el recurso que present¨® Rodr¨ªguez, contra esa decisi¨®n. Los jueces se?alan que la Sala se limit¨® a certificar que el fiscal general est¨¢ aforado y que tambi¨¦n deb¨ªa asumirse la causa contra ella, y explican que las peticiones de archivo deben formularse al juez designado como instructor del caso.