La Junta recula y duplicará el espacio de los “despachos celda” de los jueces sevillanos
Tras las críticas, el Ejecutivo agranda hasta los 24 metros cuadrados los espacios de trabajo de los magistrados en la nueva Ciudad de la Justicia
La Junta andaluza (PP) dará marcha atrás y agrandará los peque?os despachos de los jueces sevillanos en la nueva Ciudad de la Justicia de Sevilla. Tras las críticas recibidas, especialmente duras desde las cuatro asociaciones de magistrados que los tildaron de “peque?os cubículos tipo celda”, el Ejecutivo autonómico duplicará -desde los escasos 12 metros cuadrados actuales hasta los 24- los espacios de trabajo dise?ados para magistrados y letrados de la administración de justicia, que 34 de ellos ya ocupan desde hace un a?o.
La mudanza de 1.754 funcionarios judiciales a los siete edificios de Palmas Altas adquiridos por la Consejería de Justicia en el extremo sur de la capital andaluza está siendo tortuosa. El objetivo es reunir en una sola sus cinco sedes judiciales actuales, y de paso dejar de pagar el alquiler actual, de 1,8 millones al a?o. De momento, solo uno está ocupado desde hace un a?o con 17 juzgados mercantiles y contenciosos, pero las críticas de los jueces por la estrechez que sufren han obligado a recular al Ejecutivo, según confirma una portavoz de Justicia. “Todos los edificios tendrán despachos de 24 metros”, confirma.
Los habitáculos actuales, antes de la reforma prevista, disponen de 11,67 metros cuadrados, con un ancho de dos metros y medio. Los magistrados denuncian que tanta angostura impide trabajar con condiciones laborales mínimas para ofrecer una justicia de calidad. El juez decano sevillano, Francisco Guerrero, se muestra cauto sobre el plan de la Junta: “Por escrito no tengo nada, pero tampoco de palabra. Dijeron que procurarían [duplicar los despachos], pero nada firme”. Al margen del poco espacio, los magistrados se quejan de una reforma apresurada y poco pensada para albergar juzgados. “La insonorización es lamentable, yo escucho no solo a la secretaria del despacho contiguo, sino incluso a sus interlocutores. Y por supuesto, cualquiera que pase por el pasillo escucha mis conversaciones sobre cualquier tema confidencial o sensible que pueda tener en mi despacho. Además, la cobertura de móvil es penosa”, se queja un juez que pide anonimato.
Pendiente de los ajustes arquitectónicos que adapte el edificio, la sensación generalizada entre los 150 funcionarios ya trasladados es de satisfacción por el salto de calidad: la mayoría de juzgados en el centro de Sevilla eran oscuros y antiguos, y la nueva sede rezuma luminosidad y grandes vistas a través de las enormes cristaleras del primer edificio ya en uso.
Pese a que la Junta compró los siete edificios hace dos a?os a la multinacional Abengoa -ahora Cox- por 70 millones, la mudanza será muy escalonada y hasta el próximo verano no llegarán los próximos 31 juzgados de Primera Instancia. Entonces sumarán medio centenar de juzgados trasladados, del total de 107 juzgados que tiene Sevilla, sin contar con la Audiencia provincial y la sede del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA).
La mudanza gradual implicará una peque?a revolución en el mundo judicial sevillano por su concentración en un solo complejo, muy alejado de las céntricas sedes actuales. A partir de 2025 y hasta final de 2028, jueces, fiscales, gestores, tramitadores, auxilios, abogados, procuradores, pero también ciudadanos usuarios del servicio de justicia atravesarán la S-30, con nueve carriles muy transitados, para poder acceder a la nueva Ciudad de la Justicia, casi donde Sevilla muere por el sur.
“El sitio y el ambiente son maravillosos, pero salimos y entramos en hora punta y esto es un embudo. Llegar hoy y ma?ana, con huelga de autobuses, es un problema”, explicaba el pasado jueves José Antonio Rodríguez, gestor del Juzgado Contencioso 2. En el edificio entra luz a raudales excepto en ciertos despachos, el clima es silencioso y la decoración blanca y minimalista.
La movilidad es hoy el principal problema de la nueva Ciudad de la Justicia. “Si esto es un oasis, para llegar hay que atravesar el desierto. Es difícil con una sola línea de autobús, sin bicicletero ni parada del servicio de bicis públicas, ni seguridad exterior para las motos. Estamos todos abocados al coche porque Sevilla es un desastre en la movilidad”, se queja Miguel Millán, delegado de Justicia del sindicato CSIF en Sevilla.
En general, las visitas que recibían los juzgados mercantiles y contenciosos se han reducido por la progresiva digitalización de los procesos con el programa @Adriano y la lejanía de la ubicación. “Desde casa tardo una hora y mi compa?era 45 minutos, aunque este mes se entregan las primeras casas de la urbanización Isla Natura [enfrente] y los accesos siguen siendo los mismos”, comenta un funcionario de un juzgado contencioso que pide no ser identificado. La Junta prevé coordinarse con el Ayuntamiento para incrementar los autobuses a medida que se incorporen más juzgados a Palmas Altas.
Salvador Cuadrado, delegado sindical de Justicia de CC OO, abunda: “Los problemas son dos por ahora: la movilidad, ya que desde barrios como la Macarena o Triana tardas más de una hora, hasta que algún día llegue el metro. Y el cronograma del traslado, porque el calendario se incumple constantemente fruto de los retrasos. No sabemos nada y la gente necesita saber dónde trabajará de aquí a unos a?os para organizar su vida”. A la Junta andaluza no le consta que haya problemas de cobertura para los móviles en los nuevos edificios.
Millán alerta de que a partir del próximo verano aumentará mucho la afluencia de ciudadanos: “Los juzgados de Primera Instancia son la vida de Sevilla. Todo el mundo tiene o ha tenido algún asunto de familia, menores o deudas”. Los inconvenientes de la mudanza de hace un a?o tienen efectos evidentes en la justicia de hoy: la semana pasada el juicio en una de las dos salas de vistas de mercantil tuvo que interrumpirse porque la videoconferencia de la sala contigua, separada por un fino panel, impedía al juez escuchar al testigo que declaraba al mismo tiempo.
La Junta confía en que los 1.754 funcionarios podrán facilitar a los ciudadanos una justicia más ágil tras implantar la nueva oficina judicial, cuya negociación con los sindicatos acaba de empezar. Esto supondrá una reorganización para tramitar los expedientes de los casos, con unos servicios comunes procesales, un vuelco respecto a cómo funcionan hoy día los juzgados.
Algunos funcionarios lamentan que el bar que les da servicio en Palmas Altas, único establecimiento cercano, no vende ni vino ni cerveza. “Por ahora el alcohol no está prohibido en Espa?a. Pero lo que dice Abengoa [cuyo contrato de alquiler finaliza el próximo junio] va a misa y no hay cerveza. Además, en agosto se cierra la cafetería”, lamenta Millán.
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