El informe encargado por Puente refuta las acusaciones de Aldama

El Ministerio de Transportes tiene listo el an¨¢lisis de los documentos que el empresario V¨ªctor Aldama entreg¨® la semana pasada al Tribunal Supremo donde denunciaba que al menos 10 constructoras lograron 96 contratos de obras p¨²blicas a cambio del pago de comisiones ilegales a Jos¨¦ Luis ?balos, el entonces ministro de Transportes y n¨²mero tres del PSOE entre 2018 y 2021. Las conclusiones de los t¨¦cnicos del ministerio van desmontando las acusaciones del empresario y advierten de que el documento entregado por Aldama como la prueba de corrupci¨®n en la adjudicaci¨®n de obras p¨²blicas no se corresponde con lo ocurrido en esas licitaciones, seg¨²n los contratos analizados.

Los t¨¦cnicos del ministerio, en dos informes elaborados a petici¨®n del actual titular de Transporte, ?scar Puente ¡ªuno para el gestor de infraestructuras ferroviarias Adif y otro de la Direcci¨®n General de Carreteras, al que ha tenido acceso EL PA?S¡ª descartan la existencia de irregularidades en los expedientes de contrataci¨®n que llegaron a licitarse. Estos expedientes, adem¨¢s, corresponden no solo a la etapa de ?balos, sino que abarcan a sus antecesores en el cargo Ana Pastor e ??igo de la Serna, del PP, y de su sucesora en el puesto, Raquel S¨¢nchez, del PSOE.

Transportes analiza las presuntas adjudicaciones ilegales referentes al ente p¨²blico de obras ferroviarias ADIF (17 proyectos) y el otro afecta a las adjudicaciones de la direcci¨®n general de Carreteras (79). El primero, que sali¨® a la luz el pasado viernes, no encuentra irregularidades en ninguna de las obras se?aladas. De hecho, tres de ellas a¨²n no se han licitado. En el segundo informe de 49 p¨¢ginas que estudia las 79 presuntas pre-adjudicaciones, el ministerio desmiente tambi¨¦n al empresario. Las 40 obras subrayadas en rosa en las fotocopias de los presupuestos generales del Estado y que presuntamente correspond¨ªan con pre-adjudicaciones concedidas por ?balos a cambio de mordidas, seg¨²n Aldama, en realidad ¡°no son obras a licitar, sino un instrumento de ordenaci¨®n del anexo para mayor claridad, corresponden a corredores generales de carreteras¡± que a su vez incorporan ¡°diferentes proyectos¡±.

En el resto de las obras subrayadas (en color verde), el Ministerio informa de que 39 s¨ª son licitaciones, pero que solo seis de ellas corresponden al periodo gestionado por ?balos. De hecho, cuatro se licitaron cuando gobernaba el PP, una con Ana Pastor como ministra y tres con su sucesor en el cargo ??igo de la Serna. En 17 de las se?aladas por Aldama a¨²n ¡°no se ha licitado ning¨²n contrato de obras¡° y otra es ¡°una concesi¨®n de autov¨ªa de primera generaci¨®n adjudicada en 2005¡å. La ministra socialista Raquel S¨¢nchez, antecesora de ?scar Puente, adjudic¨® 11 de esas obras denunciadas por Aldama. ¡°Ninguna tramitaci¨®n/gesti¨®n de dichos expedientes ha devenido en la constataci¨®n de actuaci¨®n irregular¡±, concluye el informe sobre las presuntas adjudicaciones ilegales de obras de carretera.

No es la primera vez que el ministro ?scar Puente realiza una investigaci¨®n interna ante las acusaciones de corrupci¨®n contra el exministro ?balos. En febrero de este a?o orden¨® una auditor¨ªa en Puertos del Estado y Adif para esclarecer la millonaria compra de mascarillas durante el peor momento de la pandemia. A diferencia de estos informes sobre las presuntas licitaciones irregulares, los resultados se?alaron numerosas irregularidades y el juez que llevaba el caso Koldo lo incorpor¨® como prueba al sumario. ?balos carg¨® contra la auditor¨ªa, que tach¨® de ¡°incompleta¡± y asegur¨® que ten¨ªa ¡°deficiencias¡±. La querella que present¨® la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n afirmaba que la adjudicaci¨®n de las mascarillas por ?balos fue correcta sin irregularidades.

Aldama se?al¨® en su denuncia a 10 empresas: Grupo Azvi, Levantina, Ingenier¨ªa y Construcci¨®n S. L., Erikapat Consultor¨ªa Internacional S. L., ASCH, Civis Global, Sortis Telecomunicaciones, S. L., Lantania S.A.U., Ortiz, Construcciones y Proyectos S. A., ?ridos Anfersa S. L. y Obras P¨²blicas y Regad¨ªos S. A. (OPR). El empresario aseguraba que estas constructoras se beneficiaron de la mayor¨ªa de las presuntas pre-adjudicaciones subrayadas. El an¨¢lisis se?ala lo contrario. De los 373 expedientes que se hicieron en v¨ªas ferroviarias (dentro de las 17 obras de ADIF), solo seis de esas compa?¨ªas firmaron a su vez siete contratos. En el caso de las 21 licitaciones de la Direcci¨®n General de Carreteras, solo tres empresas ganaron tres concursos de obras. Es decir, algunas empresas de las se?aladas ni siquiera se beneficiaron de las licitaciones analizadas. De hecho, algunas pierden los concursos a los que se presentan. Aldama en sus alegaciones afirmaba que ¨¦l se benefici¨® tambi¨¦n de mordidas y pagos de estas empresas.

Tambi¨¦n destacan que los elementos subrayados por el empresario tienen una ¡°extraordinaria generalidad de elementos¡±, ya que ¡°la documentaci¨®n tomada como base se refiere a partidas presupuestarias que recogen corredores ferroviarios de centenares de kil¨®metros o conceptos muy amplios que, en la mayor¨ªa de ellos, incluyen en un mismo ejercicio presupuestario multitud de contratos de todo tipo, desde la propia ingenier¨ªa de redacci¨®n de los proyectos constructivos hasta asesoramientos, obra civil, todo tipo de instalaciones y suministros, servicios auxiliares¡±. De hecho, en los informes se deja entrever que en las obras se?aladas en los documentos que entreg¨® al Supremo no hay un patr¨®n que defina la presunta trama de corrupci¨®n: ni por el tipo de obra, ni por el tipo de contrato, ni tampoco por el modelo de adjudicaci¨®n. En la mayor¨ªa de los concursos, por ejemplo, ganan las empresas que mejor oferta econ¨®mica ofrecieron, y no las que m¨¢s puntuaci¨®n t¨¦cnica consiguieron.

El ministerio tambi¨¦n ha abordado, aunque no con detalle, la gesti¨®n de los contratos modificados. Es decir, aquellos en los que por determinadas circunstancias las partes modifican el monto a pagar por complicaciones imprevistas en las obras. El proceso de aprobaci¨®n de un modificado es amplio e intervienen decenas de t¨¦cnicos del ministerio. En muchas ocasiones la administraci¨®n p¨²blica de turno debe abonar m¨¢s dinero, pero en otras es al contrario. De hecho, en una de las licitaciones referentes a Adif (relativo a un tramo entre Madrid y Galicia de alta velocidad) la constructora (CIVIS Global y Taboada y Ramos) tuvo que devolver 70.863 euros al ente p¨²blico. En cuanto a los modificados solo de obras de la Direcci¨®n de Carreteras, los t¨¦cnicos afirman que no han encontrado irregularidades. ¡°La propia naturaleza del sistema de control y garant¨ªas establecido en la legislaci¨®n y por el propio ministerio para este tipo de modificaciones pr¨¢cticamente anula la posibilidad de comisi¨®n de alg¨²n tipo de fraude o irregularidad en su tramitaci¨®n¡±.