El PP pide a la justicia europea que anule las sentencias del Tribunal Constitucional en los ERE
Los populares consideran que los fallos ¡°generan impunidad en la lucha contra la corrupci¨®n¡±
![Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n en un acto electoral de 2011.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/EH2M5CVOWJLWLPNL52VG6YHJWQ.jpg?auth=aa61c1b6c5c4cf70cf64a98818878696cfb489af40d7ab9bf599cc633862e8f6&width=414)
![Javier Mart¨ªn-Arroyo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fbe822ad5-55c4-471f-a6de-f8ffe65744e8.png?auth=11b4c18a3c700fde6547c09f2549e6d80e1874bb354890d63a358496e8f9c883&width=100&height=100&smart=true)
El PP ha pedido que la justicia europea intervenga en el caso de los ERE fraudulentos para que anule las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y que el pasado verano rebaj¨® de manera dr¨¢stica las condenas previas del Supremo a los ex altos cargos de la Junta de Andaluc¨ªa por la pieza pol¨ªtica de la macrocausa.
Los populares, presentes como acusaci¨®n particular en esta instrucci¨®n que naci¨® hace 14 a?os, ha elevado un escrito a la Audiencia de Sevilla para que el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) ¡°inaplique¡± las sentencias del tribunal de garant¨ªas porque considera que estas generan ¡°impunidad en la lucha contra la corrupci¨®n¡±. El PP solicita al primer tribunal que conden¨® a los exdirigentes de la Junta que plantee ante la justicia europea una cuesti¨®n prejudicial interpretativa para dilucidar si los fallos del Constitucional son compatibles con el art¨ªculo del Tratado de Funcionamiento de la UE, que especifica que los Estados combatir¨¢n ¡°el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Uni¨®n¡±, seg¨²n reza el escrito, avanzado este lunes por Abc.
El pasado verano el caso de los ERE dio un vuelco despu¨¦s de que las tesis de la primera instructora, Mercedes Alaya, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo fueran corregidas por el tribunal de garant¨ªas, que admiti¨® de manera parcial los recursos de amparo de 10 exdirigentes socialistas de la Junta condenados por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n, entre ellos los expresidentes Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y Manuel Chaves. El Constitucional orden¨® de ese modo a la Audiencia sevillana que emitiera nuevas sentencias para estimar sus nuevos fundamentos jur¨ªdicos, que rebaja de manera ostensible las condenas iniciales para los expol¨ªticos.
El escrito del PP se suma a la petici¨®n de Manos Limpias, que ya plante¨® otra consulta ante la justicia europea. Los populares consideran que en el caso ERE el Constitucional aleg¨® que las Leyes de Presupuestos andaluzas avalaron los procedimientos de pago en los ERE, pero el PP reclama que los jueces europeos se alineen con el Supremo y estimen que esas leyes ¡°no exclu¨ªan la tipificaci¨®n penal de dichas conductas¡± por parte de los expol¨ªticos socialistas andaluces. El escrito del PP andaluz considera que los exdirigentes han logrado con las ¨²ltimas concesiones de amparo del Constitucional ¡°un privilegio de inviolabilidad e inmunidad¡± que provocar¨¢ un archivo de parte de las piezas separadas de la macrocausa [una por cada ayuda concedida] pendientes de juicio.
¡°El Derecho nacional no garantiza la independencia del Tribunal Constitucional, en particular respecto de los poderes legislativo y ejecutivo, tal y como exigen¡± los art¨ªculos 2 y 19 del Tratado de la Uni¨®n Europea, reza el escrito. El PP arroja dudas sobre la imparcialidad del Constitucional en el caso y considera que se extralimit¨® en la que tilda de ¡°mayor causa de corrupci¨®n pol¨ªtica del pa¨ªs¡±, adem¨¢s de valorar que su interpretaci¨®n de las leyes nacionales fueron contrarias al Derecho de la Uni¨®n.
En definitiva, los populares reclaman que la justicia europea debe intervenir porque la tesis del Constitucional sobre el amparo que provocaron las leyes de Presupuestos andaluzas entre 2002 y 2009, dado que una ley no puede ser ilegal, eximieron a los exdirigentes andaluces de sus conductas il¨ªcitas. ¡°Dicha interpretaci¨®n deja al margen de todo control aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria desde la fase inicial de elaboraci¨®n de los presupuestos a la fase final de su ejecuci¨®n, y con ello, se desprotege la indemnidad del patrimonio p¨²blico, el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado, la confianza de la sociedad en el manejo honesto de los fondos p¨²blicos, los deberes de fidelidad y transparencia que tienen los funcionarios p¨²blicos a cuyo cargo se encuentran los bienes de la Administraci¨®n p¨²blica¡±, concluye el escrito, de 32 p¨¢ginas y fechado el pasado jueves.
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