La falta de acuerdo obliga al CGPJ a aplazar m¨¢s de 30 nombramientos
La intenci¨®n de la presidenta del Poder Judicial era aprobar la presidencia de la Audiencia Nacional y la de varios tribunales superiores y audiencias provinciales, pero conservadores y progresistas no han logrado cerrar un pacto
![Pleno del Consejo General del Poder Judicial del 5 de febrero.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/CXL2STCNLJF4VDAIRBPDLPO72A.jpg?auth=fed150f280e0e50c6026a72b0377f1602fdde15cee909d49f2803746620bc9d0&width=414)
![Reyes Rinc¨®n](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F0c42f657-bf64-40e4-999b-ded8a0acefc9.jpg?auth=5b3f0921110c660825b9f146fd6eb9da124c726b0e8fe0d13ae2b693afe02da0&width=100&height=100&smart=true)
El orden del d¨ªa del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrado este mi¨¦rcoles inclu¨ªa una treintena de nombramientos de la c¨²pula judicial, entre ellos la presidencia de la Audiencia Nacional y de sus cuatro salas (de apelaci¨®n, penal, social y contencioso-administrativo), adem¨¢s de la presidencia de varios tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales. Pero la falta de acuerdo entre el bloque conservador y el progresista ha llevado a retirar del orden del d¨ªa todos los nombramientos, que se quedar¨¢n pendientes de cubrir, al menos, hasta el pr¨®ximo pleno, previsto para dentro de dos semanas. Los conservadores, que insisten en aparcar la negociaci¨®n sobre las presidencias de sala del Tribunal Supremo, acusan a los progresistas de bajarse en el ¨²ltimo momento de un pacto que inclu¨ªa a la mayor¨ªa de las plazas que se iban a votar este mi¨¦rcoles, mientras fuentes progresistas aseguran que el otro grupo cambi¨® su propuesta en el ¨²ltimo momento. Dentro de este grupo, algunos vocales consideran, adem¨¢s, que no deben aprobarse m¨¢s nombramientos si los conservadores no acceden a negociar la c¨²pula del alto tribunal.
La designaci¨®n discrecional de m¨¢s de un centenar de plazas vacantes es uno de los grandes cometidos del nuevo CGPJ, designado este verano tras cinco a?os de bloqueo. El pleno del pasado 29 de enero supuso un hito al consumar el primer gran pacto entre los dos bloques, que permiti¨® aprobar 36 nombramientos discrecionales, incluidos 21 de magistrados del Tribunal Supremo. Los dos grupos han seguido negociando, pero a finales de la semana pasada algunos consejeros advert¨ªan ya que era dif¨ªcil llegar a un pacto amplio para la sesi¨®n de este mi¨¦rcoles. Fuentes del ¨®rgano aseguran que as¨ª se lo comunicaron tambi¨¦n a la presidenta, Isabel Perell¨®, pese a lo cual esta opt¨® por incorporar en el orden del d¨ªa otra tanda con una treintena de plazas que inclu¨ªa puestos tan relevantes como todas las vacantes de la Audiencia Nacional, las presidencias de cinco tribunales superiores de justicia (los de Andaluc¨ªa, Catalu?a, Castilla y Le¨®n, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha) y varias audiencias provinciales.
La negociaci¨®n sigui¨® abierta hasta el ¨²ltimo momento, aunque algunos vocales daban ya por imposible el acuerdo a primera hora del martes. Fuentes conservadoras aseguran que hab¨ªa un pacto cerrado el martes por la tarde, pero por la noche los progresistas les comunicaron que no lo aceptaban. A su vez, fuentes de este grupo se?alan que su negativa se debe a que los conservadores cambiaron su propuesta el ¨²ltimo d¨ªa y a?adieron ¡°vetos¡± y otras condiciones que los progresistas necesitaban estudiar. ¡°Hemos pedido tiempo para madurarlo¡±, se?ala un miembro de este sector.
Tras constatar que no hab¨ªa acuerdo, Perell¨® ha decretado un receso en el pleno para que los negociadores hicieran un ¨²ltimo intento e intentaran salvar, al menos, la designaci¨®n de seis presidencias de audiencias provinciales, pero tampoco ha habido acuerdo. Los progresistas s¨ª quer¨ªan sacar adelante ya varias plazas de la jurisdicci¨®n militar sobre las que no hab¨ªa discrepancias, pero los conservadores se han negado a votar solo estas plazas y han pedido que se retire todo el paquete de nombramientos del orden del d¨ªa. ¡°Si se rompe una parte del acuerdo no tiene sentido mantener el otro. Nuestra fuerza es o todos o ninguno¡±, advierte un vocal del grupo conservador.
Fuentes progresistas conf¨ªan en que la negociaci¨®n se pueda encauzar para llegar al pr¨®ximo pleno con un acuerdo. ¡°Pero una cosa es que haya voluntad de pacto y otra cosa es que el pacto este hecho a la medida de un solo grupo¡±, se?ala un miembro de este sector. Algunos vocales progresistas admiten tambi¨¦n su desconcierto por la decisi¨®n de Perell¨® de incluir en el orden del d¨ªa nombramientos que no estaban acordados y otros le reprochan, adem¨¢s, que acepte, o incluso ¡°incentive¡±, la estrategia de los conservadores de aparcar la designaci¨®n de las presidencias de sala del Tribunal Supremo.
En el primer paquete que convoc¨® el actual Consejo estaban cuatro de las cinco presidencias de sala del alto tribunal (Sala Primera, Segunda, Tercera y Cuarta), y las fuentes consultadas en los dos sectores ven imposible un pacto. Para la Primera hay un solo candidato, Ignacio Sancho, que ya ocupa este puesto en funciones tras la jubilaci¨®n del anterior presidente; pero para cada una de las otras tres salas hay dos aspirantes, uno de perfil m¨¢s conservador y otro progresista, y ninguno de los bloques est¨¢ dispuesto a ceder. Un grupo de vocales progresistas es partidario de no hacer ning¨²n nombramiento m¨¢s hasta que no se negocien estas plazas.
La negociaci¨®n, adem¨¢s, est¨¢ atravesada por otro debate de fondo: c¨®mo aplicar la ley de paridad que entr¨® en vigor en agosto pasado y que establece que ning¨²n sexo puede tener una representaci¨®n inferior del 40% ¡°en los puestos de representaci¨®n y decisi¨®n¡±. Un informe encargado por Perell¨® al Servicio de Estudios e Informes del Consejo concluy¨® que la norma debe aplicarse para el conjunto de los nombramientos que asigne el pleno en sus cinco a?os de mandato, pero este dictamen choca con otros dos redactados por la comisi¨®n de igualdad, que considera que ese porcentaje debe cumplirse en cada tipo de ¨®rgano.
La batalla se juega sobre todo en la Sala Segunda ¡ªde lo Penal, presidida hasta hace unas semanas por Manuel Marchena y que es la que encargada de juzgar a los aforados y de revolver en ¨²ltima instancia los grandes casos de corrupci¨®n¡ª y la Sala Tercera ¡ªcompetente para resolver los asuntos que afectan al Gobierno¡ª. La estrategia de los conservadores al abogar por aparcar estas designaciones es clara: ambas est¨¢n presididas en funciones por sus candidatos para el nombramiento formal, Mart¨ªnez Arrieta en la Penal y Lucas en la de lo Contencioso, dos magistrados considerados de perfil moderados. Las dos candidatas a las que los conservadores quieren frenar son Ferrer y Teso, a quienes ya vetaron el verano pasado como presidentas del Supremo y del CGPJ por considerarlas afines al Gobierno. Los progresistas defienden sus candidaturas por sus curr¨ªculos, pero tambi¨¦n por ser mujeres. Y rechazan que sus designaciones supongan primar la paridad sobre el m¨¦rito y la capacidad, como sostienen los conservadores. ¡°Nuestras tres candidatas son magistradas del Supremo, por lo que la excelencia ya se les presume. Y adem¨¢s as¨ª lo ha valorado la Sala de Gobierno, la comisi¨®n de calificaci¨®n y la permanente¡±, se?ala un vocal progresista.
Avanzar en los siguientes nombramientos sin renovar las presidencias de esas dos salas tendr¨ªa un beneficio adicional para los conservadores porque en el resto de plazas convocadas ¡ªy en las que est¨¢n por salir¡ª hay mayor¨ªa de candidatos de perfil conservador ¡ªel mayoritario en la carrera judicial¡ª, incluidos varios casos de candidatos ¨²nicos, por lo que los conservadores se garantizar¨ªan muchas designaciones favorables. ¡°En algunos casos perdemos por incomparecencia porque no hay candidatos progresistas, as¨ª que no podemos aceptar negociar esas plazas y dejar pendiente aquellas en las que s¨ª tenemos buenos candidatos¡±, advierte un consejero de este sector.
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