El Constitucional da amparo a un polic¨ªa municipal, desprotegido tras denunciar irregularidades

El Tribunal Constitucional ha concedido amparo a un polic¨ªa municipal de Torrevieja (Alicante, 89.290 habitantes) que entre abril de 2013 y septiembre de 2016 sufri¨® ¡°acoso y hostigamiento¡± por parte de sus propios compa?eros tras haber denunciado pr¨¢cticas irregulares en la polic¨ªa local de dicho municipio. El ¨®rgano de garant¨ªas considera que esa situaci¨®n de desprotecci¨®n del denunciante supuso una vulneraci¨®n de su derecho a la integridad f¨ªsica y moral, reconocido en el art¨ªculo 15 de la Constituci¨®n, y que tampoco obtuvo tutela judicial efectiva, garant¨ªa recogida en el art¨ªculo 24.1 de la ley fundamental.

La sentencia ¡ªde la que ha sido ponente la magistrada Mar¨ªa Luisa Segoviano, perteneciente al sector progresista del tribunal¡ª explica que el recurrente denunci¨® a algunos de sus compa?eros de la Polic¨ªa Municipal de Torrevieja por ¡°irregularidades en lo relativo a la falta de control del dinero en efectivo recaudado de las multas y a la realizaci¨®n de inspecciones selectivas en locales de ocio¡±. El fallo argumenta que la lesi¨®n de los mencionados derechos del denunciante es imputable al Ayuntamiento de Torrevieja y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

En el primer caso, la vulneraci¨®n de derechos atribuida al Ayuntamiento de la ciudad alicantina se considera cometida por la conducta del Consistorio, que omiti¨® ¡°prevenir, investigar y sancionar¡± las actuaciones de ¡°acoso de sus empleados p¨²blicos y la de hostigamiento que desarroll¨® institucionalmente contra el demandante¡±. En segundo lugar, el Constitucional estima que el Tribunal Superior valenciano dict¨® una sentencia de apelaci¨®n frente a dicha desprotecci¨®n que supuso incumplir ¡°su deber de control judicial de estos derechos, al no aplicar correctamente la jurisprudencia¡± del propio ¨®rgano de garant¨ªas.

Para llegar a estas conclusiones, la Sala Primera del Constitucional ha partido de los hechos declarados probados en la v¨ªa judicial previa. En ese proceso se reconoci¨® que el caso se inici¨® con una denuncia penal del demandante contra algunos de los miembros de la Polic¨ªa Local. Y se estim¨® igualmente constatado que posteriormente hubo una serie de ¡°actuaciones sostenidas y reiteradas en el tiempo de hostigamiento hacia su persona (del denunciante) e intereses laborales protagonizadas por sus compa?eros o superiores¡±. Entre las personas que incurrieron en estas conductas figuraban, entre otros, agentes a los que hab¨ªa denunciado, y tambi¨¦n ¡°la propia administraci¨®n local en el ejercicio de sus competencias¡±.

El tribunal tambi¨¦n destaca que se puso de manifiesto ¡°el conocimiento efectivo que ten¨ªa el Ayuntamiento de la reiteraci¨®n de situaciones de acoso producidas en la Polic¨ªa Local¡±. Estas actuaciones , en suma, ¡°estaban judicializadas¡± y las autoridades municipales tuvieron constancia de ¡°la relevante incidencia que estas conductas tuvieron en la salud f¨ªsica y mental del demandante¡±. El Constitucional afirma finalmente que ante este c¨²mulo de indicios ¡°era necesario¡± que el Consistorio reaccionara, ¡°acreditando que su actuaci¨®n era era ajena a cualquier intenci¨®n vejatoria, lo que no se verific¨®¡±.

A consecuencia de la sentencia, el Ayuntamiento deber¨¢ indemnizar al polic¨ªa, aunque la sentencia del Constitucional remite a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que fije por qu¨¦ cuant¨ªa.