La presidenta del Parlamento andaluz propone multar con 60.000 euros a quien no conteste en una comisi¨®n de investigaci¨®n

Por ahora solo figura en un borrador, pero la presidenta del Parlamento de Andaluc¨ªa, Marta Bosquet, (Ciudadanos) ha propuesto multar hasta con 60.000 euros a las personas que incumplan la obligaci¨®n de ¡°declarar y contestar a las preguntas (¡­) de modo completo y adecuado¡± que se le formulen en una comisi¨®n de investigaci¨®n. As¨ª se recoge en el borrador de reforma del Reglamento de la C¨¢mara que, como toda ley, requiere del apoyo mayoritario de los grupos.

Bosquet ha justificado esta sanci¨®n en que es necesario que los comparecientes ¡°no desvirt¨²en¡± las investigaciones parlamentarias, al hilo que lo que est¨¢ ocurriendo en la comisi¨®n sobre la Fundaci¨®n Andaluza de Formaci¨®n y Empleo (Faffe) en la que algunos comparecientes se han acogido a su derecho a no declarar. Seg¨²n ha dicho hoy, pretende evitar que los comparecientes digan ¡°buenos d¨ªas¡± y se vayan.

El caso m¨¢s significativo fue el del expresidente de la Junta, Manuel Chaves, quien fue citado al Parlamento la v¨ªspera de las elecciones de noviembre de 2019. Chaves consider¨® que se estaba instrumentalizando su presencia y que su citaci¨®n respond¨ªa a un ¡°acto de campa?a electoral¡±. El expresidente andaluz dijo entonces: ¡°Mis derechos se han visto afectados y me acojo al derecho a no declarar ni a contestar las preguntas¡±.

Otros ex altos cargos de la Junta hicieron lo mismo en una estrategia dise?ada por el PSOE andaluz. Vox denunci¨® estos hechos en el juzgado que atendi¨® a la petici¨®n de la Fiscal¨ªa de sobreseimiento de las actuaciones. En un auto de julio de 2020, el juzgado de instrucci¨®n numero 12 de Sevilla dictamin¨® que ¡°no existe norma alguna que imponga al compareciente el deber de declarar o castigue espec¨ªficamente su incumplimiento¡±.

Las personas llamadas a una comisi¨®n de investigaci¨®n est¨¢n obligadas a comparecer, como tipifica el art¨ªculo 502 del C¨®digo Penal: ¡°Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisi¨®n de investigaci¨®n de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Aut¨®noma, ser¨¢n castigados como reos del delito de desobediencia¡±. Pero no est¨¢ prevista sanci¨®n alguna por las respuestas que den.

La redacci¨®n del art¨ªculo propuesta por Bosquet est¨¢ plagada de contradicciones. Dice as¨ª: ¡°La persona requerida tendr¨¢ derecho a no declarar contra s¨ª misma y a no confesarse responsable de il¨ªcito penal o administrativo. Estar¨¢ obligada a declarar y a contestar a las preguntas que se le formulen en relaci¨®n con el objeto de la investigaci¨®n de modo completo y adecuado, salvo que concurra causa legal que ampare su derecho a prestar silencio o no declarar contra s¨ª mimo. El incumplimiento de esta obligaci¨®n podr¨¢ ser sancionado con multa de hasta 60.000 euros, tras el correspondiente procedimiento contradictorio, que ser¨¢ resuelto por la Mesa del Parlamento de Andaluc¨ªa, a instancia del presidente o alg¨²n miembro de la comisi¨®n¡±.

Bosquet ha dicho en una comparecencia ante los medios de comunicaci¨®n que esta propuesta, in¨¦dita en Espa?a, seg¨²n ella, cuenta con el aval de los servicios jur¨ªdicos del Parlamento. La presidenta no ha sabido explicar por qu¨¦ la sanci¨®n es de hasta 60.000 euros.

Esta propuesta de reforma no cuenta por el momento con el visto bueno de los grupos, que conocieron el martes por la tarde su contenido. El portavoz del grupo popular, Jos¨¦ Antonio Nieto, ha mostrado sus dudas acerca de que la sanci¨®n propuesta se pueda ejecutar: ¡°No s¨¦ si eso se puede aplicar, si tiene sustento legal¡±, ha dicho. Tambi¨¦n se ha mostrado muy esc¨¦ptica la secretaria general del grupo socialista, Soledad P¨¦rez, quien ha apelado a respetar la Constituci¨®n.

El jurista Joaqu¨ªn Ur¨ªas asegura que la iniciativa de Bosquet es contraria a la Constituci¨®n. ¡°Atenta contra el derecho a no declarar contra s¨ª mismo, que est¨¢ en el art¨ªculo 24 de la Constituci¨®n. Si te fuerzan a declarar en una comisi¨®n parlamentaria y te pueden sancionar por mentir, te est¨¢n obligando a inculparte. Lo que digas podr¨¢ ser utilizado para una acusaci¨®n penal o incluso para multas administrativas. As¨ª que creo que es inconstitucional¡±, ha afirmado.

Bosquet pretende que la reforma salga aprobada antes del final de la legislatura y por lectura ¨²nica, lo que requiere la unanimidad de todos los grupos.