La Fiscal¨ªa ve delito en el pago de una multa que la alcaldesa de Motril hizo con dinero del grupo municipal

La Fiscal¨ªa de la Audiencia Provincial de Granada considera un delito continuado de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos el pago de una multa de 4.000 euros m¨¢s 600 que cost¨® la publicaci¨®n en medios de comunicaci¨®n del fallo judicial con dinero del grupo municipal popular motrile?o realizados por la alcaldesa de Motril, Luisa Garc¨ªa Chamorro. La alcaldesa respond¨ªa con esos pagos, realizados en 2019 y 2020, a la obligaci¨®n de pagar una multa derivada de una condena judicial por injurias. El delito lo cometi¨® en 2011 cuando, siendo directora gerente de la empresa provincial de gesti¨®n de suelo y vivienda, acus¨® al director anterior de haberse gastado el dinero de la empresa en viajes y comidas.

Seg¨²n explica la fiscal en su escrito, el grupo municipal del PP en Motril (58.460 habitantes) ingres¨® esos 4.600 euros en la cuenta personal de la alcaldesa y, posteriormente, esta cumpli¨® con sus obligaciones. Los hechos pasaron inadvertidos hasta que, en octubre del a?o pasado, se filtraron fotocopias de los resguardos de los ingresos que en el concepto indicaban que era una ¡°indemnizaci¨®n¡±. En un primer momento, Garc¨ªa Chamorro aleg¨® que la obligaci¨®n de pagar le ¡°lleg¨® de un d¨ªa para otro, hubo un intento de embargo de mis cuentas y se decidi¨® que eso era lo m¨¢s ¨¢gil¡±.

La entonces concejala dijo que ¡°dentro de los gastos que taxativamente dice la ley que no se pueden justificar en las asignaciones municipales est¨¢n contratar a personal para la sede y hacer inversiones. Por lo dem¨¢s, hay un apartado que s¨ª permite gastos jur¨ªdicos y que no es la primera vez que se hace¡±. D¨ªas despu¨¦s, sin embargo, decidi¨® reintegrar ese dinero en la cuenta del PP municipal a la espera que un informe de intervenci¨®n que determinara la legalidad o no de esas transferencias. Ese informe fue emitido d¨ªas despu¨¦s y la conclusi¨®n fue que los pagos ¡°vulneran la normativa que regula el destino de la asignaci¨®n a los grupos pol¨ªticos¡±, al no ser un gasto destinado al funcionamiento del grupo¡±.

Los hechos fueron denunciados por todos los grupos municipales y la fiscal¨ªa procedi¨® a investigar el caso. Ahora, la fiscal Marta Mart¨ªn Santos, considera que esos pagos con dinero prestado constituyen un delito continuado de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, penados con entre dos y seis a?os de c¨¢rcel. La novedad del escrito es que la fiscal considera cooperadora necesaria a ?ngeles L¨®pez Cano, concejal del PP y una de las firmas autorizadas para hacer las transferencias de la cuenta del partido. La fiscal considera que su intervenci¨®n fue necesaria para completar los pagos y por eso la acusa del mismo delito. El escrito indica tambi¨¦n que Garc¨ªa Chamorro fue ¡°autora material y beneficiaria¡± de las transferencias. Esto es, que ella fue una de las firmantes de las transferencias hacia su cuenta personal.

La conclusi¨®n de la fiscal es que las transferencias est¨¢n realizadas para un gasto particular ajeno al funcionamiento del grupo pol¨ªtico. La Fiscal¨ªa, no obstante, deja abierta la posibilidad de considerar favorablemente en el momento procesal oportuno el hecho de que la alcaldesa devolviera el dinero. El Partido Popular de Granada, en nombre de la alcaldesa, se ha limitado a respetar las decisiones de la fiscal¨ªa y de la justicia en general.