Los sindicatos fuerzan a Andaluc¨ªa a retroceder y limita m¨¢s la orden para establecer tarifas en la atenci¨®n primaria

La publicaci¨®n de la orden de tarificaci¨®n que establec¨ªa por primera vez la posibilidad de concertar la atenci¨®n primaria en Andaluc¨ªa y que abr¨ªa las puertas a que los hospitales p¨²blicos pudieran ser utilizados por personal de la sanidad privada se ha convertido en una china en el holgado zapato del Gobierno de mayor¨ªa absoluta de Juan Manuel Moreno, que no solo ha tenido que lidiar contra la indignaci¨®n de la oposici¨®n pol¨ªtica y de los sindicatos ¡ªen plena negociaci¨®n para consensuar un plan para revertir el colapso en ese servicio sanitario esencial¨D, sino con el desconcierto de sus propios votantes, que se han acercado hasta las sedes del PP a preguntar si de verdad iban a tener que pagar por que les viera su m¨¦dico de cabecera, seg¨²n reconcoen fuentes de la formaci¨®n.

Una semana despu¨¦s de su publicaci¨®n, la Junta inclu¨ªa una modificaci¨®n en la orden en la que se concretaba en qu¨¦ casos se podr¨ªa concertar esa atenci¨®n primaria: ¡°En aquellas situaciones en que la cobertura prestacional relacionada con las garant¨ªas establecidas en materia de accesibilidad sea insuficiente en periodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias¡±. Desde el Gobierno andaluz, se incidi¨® en que la aclaraci¨®n ¡ªimpulsada por el propio Moreno¨D se realizaba para acallar los bulos sobre la privatizaci¨®n de esa prestaci¨®n lanzados por el PSOE, pero no satisfizo a nadie por entender que la referencia a ¡°per¨ªodos coyunturales¡± era un caj¨®n desastre que pod¨ªa incluir epidemias de gripe, falta de m¨¦dicos en centros rurales o la escasez de m¨¦dicos en el verano. Los sindicatos tambi¨¦n exig¨ªan que se eliminara cualquier referencia a que la administraci¨®n ¡°podr¨¢ determinar las tarifas para la realizaci¨®n de procedimientos quir¨²rgicos y diagn¨®sticos en instalaciones propias de la Administraci¨®n, haciendo constar las razones objetivas que lo motivan¡±, una redacci¨®n que llevaba a pensar que las empresas privadas adjudicatarias de los conciertos o sus profesionales podr¨ªan utilizar las instalaciones del SAS.

Finalmente, ambas menciones ser¨¢n eliminadas de la orden. Era una exigencia de UGT y CC OO para poder firmar el ambicioso acuerdo social y econ¨®mico con la patronal andaluza (la Confederaci¨®n de Empresarios de Anadaluc¨ªa (CEA) y el Gobierno andaluz, que se ha presentado este lunes, en el que uno de los puntos esenciales es el Pacto por la Atenci¨®n Primaria. Un compromiso que blinda que al menos el 25% del presupuesto del sistema sanitario se destine exclusivamente a este servicio, lo que equivale a 3.370 millones de euros. Al margen de ese marco concreto, el acuerdo general incluye tambi¨¦n la obligaci¨®n de desarrollar l¨ªneas de mejora en la atenci¨®n a la salud; que se garantice un incremento en las inversiones necesarias en la sanidad p¨²blica para llegar a la media estatal; disminuir las listas de espera o fidelizar a los profesionales sanitarios que se han formado en la comunidad. ¡°Los servicios p¨²blicos se han desgastado por la pandemia, pero tambi¨¦n por la acci¨®n del Gobierno¡±, ha subrayado Nuria L¨®pez, secretaria general de CC OO Andaluc¨ªa.

Ejemplo frente a S¨¢nchez y Ayuso

Fuentes cercanas al Gobierno de Moreno reconocen que la reformulaci¨®n de la orden de tarificaci¨®n, limitando la externalizaci¨®n de la atenci¨®n primaria a situaciones exclusivamente de emergencia, supone una clara cesi¨®n ante los sindicatos, pero es un peaje que est¨¢n dispuestos a pagar a cambio de poder presentar al dirigente popular como el impulsor del di¨¢logo social en Andaluc¨ªa en un momento en que las relaciones entre la patronal, las organizaciones de trabajadores y el Gobierno central est¨¢n muy deterioradas. La foto con las secretarias generales de UGT y CC OO, Carmen Castilla y Nuria L¨®pez, respectivamente, y el presidente de la CEA, Javier Gonz¨¢lez de Lara, tambi¨¦n sirve para marcar diferencias en la forma de gobernar dentro de su propio partido, donde esa imagen parece impensable hoy en d¨ªa en la Comunidad de Madrid que dirige Isabel D¨ªaz Ayuso. ¡°Madrid es Madrid y Andaluc¨ªa es Andaluc¨ªa¡±, subray¨® el presidente andaluz en otro claro ejemplo por desvincularse del modelo de hacer pol¨ªtica de su compa?era de partido en una clara defensa de la ley trans de la regi¨®n.

¡°Este acuerdo es ejemplarizante para el resto de Espa?a, en un contexto de exaltaci¨®n pol¨ªtica en plena precampa?a, y deber¨ªa ser seguido por otras administraciones e instituciones¡±, ha recalcado Moreno durante su intervenci¨®n. ¡°Hemos demostrado un nivel de madurez y b¨²squeda de objetivos comunes que es digna de elogio¡±, ha concluido. El acuerdo tambi¨¦n incluye ayudas directas a familias con menores a su cargo que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza, un bono carest¨ªa de 200 euros para familias cuyos ingresos son inferiores en tres veces al IPREM anual vigente, para paliar los efectos de la actual situaci¨®n econ¨®mica, fondos para pymes y aut¨®nomos afectados por el incremento del coste de la energ¨ªa, garant¨ªas para pr¨¦stamos hipotecarios de vivienda adquirida para menores de 35, un plan de empleo juvenil o un paquete especial para luchar contra la siniestralidad laboral. Medidas de car¨¢cter urgente todas que tienen su correspondiente asignaci¨®n presupuestaria comprometida -alrededor de 4.000 millones de euros- para los pr¨®ximos presupuestos auton¨®micos.

Junto con estos acuerdos para ejecutar a corto plazo, los agentes sociales y el Gobierno de la Junta se han comprometido a un segundo bloque de acciones que se desarrollar¨¢n a lo largo del resto de la legislatura que contemplan un gran pacto por la Formaci¨®n Profesional, un comit¨¦ de an¨¢lisis para el control y ejecuci¨®n de los fondos europeos, planes para la lucha contra la pobreza infantil, la igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a la vivienda, el impulso a pol¨ªticas industriales, de digitalizaci¨®n de la empresa o un plan de apoyo a la negociaci¨®n colectiva andaluza¡­, para los que est¨¢n comprometidos otros 4.430 millones de euros. ¡°Esto va de arremangarse y de ponerse el mono de trabajo y estar con los problemas de los ciudadanos¡±, ha se?alado Castilla. ¡°Coincidimos en la identificaci¨®n de las necesidades. Este acuerdo es una respuesta firme, dialogada y comprometida a la realidad econ¨®mica y social lejana a¨²n de la bonanza econ¨®mica¡±, ha abundado Javier Gonz¨¢lez de Lara.

Contratos de emergencia con cl¨ªnicas privadas prorrogados hasta junio de 2023

Con esta puesta en escena, en la que Moreno ha querido recalcar ¡°el compromiso rotundo¡± de su Gobierno ¡°con la sanidad p¨²blica gratuita y de calidad¡±, el presidente ha buscado tambi¨¦n poner sordina a las cr¨ªticas de la oposici¨®n tras conocerse que la Junta prorrog¨® contratos con la sanidad privada ampar¨¢ndose la legislaci¨®n de emergencia aprobada durante la pandemia, pese a que entonces ya estaba derogada. Las decisiones del Gobierno andaluz se basaron en el art¨ªculo 120 de la Ley de Contrataci¨®n de Servicios P¨²blicos (LCSP), que regula los contratos de emergencia; en el Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto econ¨®mico del covid en Andaluc¨ªa; y en el Real Decreto Ley 7/2020, aprobado por el Gobierno central por los mismos motivos.

El primer contrato a dedo a 97 cl¨ªnicas privadas se firm¨® el 18 de enero de 2021, tal y como adelant¨® ElDiario.es, por 70 millones de euros y fue prorrogado el 30 de diciembre de 2021 por nueve meses ¡ªapelando al citado art¨ªculo 120 de la LCSP y al Real Decreto Ley 7/2020, aprobado por el Gobierno central durante el primer estado de alarma, pese a estar derogado desde mayo de 2021¨D, ampli¨¢ndose la cuant¨ªa hasta los 125,7 millones de euros. El 30 de septiembre de 2022 se volvi¨® a prorrogar por otros nueve meses, por un importe de 234,7 millones de euros. Este acuerdo ha vuelto a ser prorrogado hasta el 30 de junio de 2023 por 22,7 millones, bas¨¢ndose en el art¨ªculo 120 de la LCSP. En todos los casos la Consejer¨ªa de Salud se ampara en la ¡°sobrecarga en la red propia derivada de la pandemia¡±.

El PSOE presentar¨¢ este martes una bater¨ªa de iniciativas en el Parlamento para que Moreno informe del desv¨ªo de esos 117 millones de euros y saber ¡°qui¨¦n hay detr¨¢s de esas adjudicaciones y cu¨¢l es la justificaci¨®n que se da para algo que est¨¢ al margen de los procedimientos legales¡±, con ¡°f¨®rmulas de contrataci¨®n que han seguido llev¨¢ndose a cabo sin respaldo legal¡± durante un a?o y medio, seg¨²n ha se?alado su secretario general en Andaluc¨ªa, Juan Espadas. Su partido ya llev¨® a la Fiscal¨ªa otros 4.000 contratos expr¨¦s de la Junta adjudicados con posterioridad a mayo de 2021. ¡°Pero eran contratos de suministros, mascarillas y contrataci¨®n de personal, esto es un desv¨ªo de fondos a la sanidad privada¡±, se?alan fuentes cercanas a la formaci¨®n. Por Andaduc¨ªa tambi¨¦n ha considerado que esos contratos pueden suponer un caso de ¡°corrupci¨®n por uso fraudulento de la legislaci¨®n covid¡±.

La Consejera de Salud, Catalina Garc¨ªa, ha insistido a lo largo de todo este lunes en que la ampliaci¨®n de esos contratos viene avalada por dos informes jur¨ªdicos de los servicios de la Junta, cuyas conclusiones ha podido leer este diario. En ellas ¨²nicamente se alude a que el marco que justifica la situaci¨®n de emergencia viene recogido en el art¨ªculo 120 de la LCSP, sin aludir en ning¨²n caso a los decretos de emergencia del covid de la Junta y del Gobierno, y justifica la ampliaci¨®n en el art¨ªculo 29.4 de esa misma ley, para indicar que ¡°resulta razonable y proporcionada¡± la ¡°continuidad de la prestaci¨®n del servicio de asistencia complementaria¡± y que debe fijarse en nueve meses ¡ªel plazo m¨¢ximo que estipula ese apartado¨D. ¡°Una cosa es el estado de alarma generado por el covid y otra la situaci¨®n de emergencia generada por este motivo¡±, indican fuentes del Gobierno de la Junta consultadas. Garc¨ªa ha se?alado que esas situaciones a¨²n siguen arrastr¨¢ndose en la actualidad.

¡°Con el covid se usaron mucho los contratos amparados en el art¨ªculo 120, pero lo que habr¨ªa que dilucidar es c¨®mo se justifica esa necesidad de emergencia en un contexto como el 2021 y sobre todo 2022, cuando lo peor de la pandemia ya hab¨ªa pasado, para que no d¨¦ la sensaci¨®n de que la Administraci¨®n se hab¨ªa acostumbrado a externalizar esas prestaciones¡±, advierte Roberto Gal¨¢n, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla. Unas dudas que tambi¨¦n ostenta Joan Carles March, exdirector de la Escuela de Salud P¨²blica Andaluza. ¡°La afectaci¨®n del sistema sanitario fue evidente durante la pandemia Se podr¨ªa entender contratar durante 2021 para revertir la situaci¨®n de colapso anterior, aunque el estado de alarma hubiera ddecaido en el verano de 2020, pero desde 2022 no tiene sentido¡±, m¨¢xime cuando la comunidad no fue de las m¨¢s afectadas por la pandemia, explica.

March tambi¨¦n llama la atenci¨®n sobre las especialidades incluidas en los contratos, donde entre los procedimientos quir¨²rgicos incluidos hay desde la agiolog¨ªa y cirug¨ªa vascular y cardiovascular, pasando por cirug¨ªa pl¨¢stica, dermatolog¨ªa, oftalmolog¨ªa o cirug¨ªa ortop¨¦dica. ¡°No todos son procedimientos urgentes. Los angiovasculares, los cardiovasculares o los oncol¨®gicos s¨ª podr¨ªan tener sentido porque la pandemia afect¨® de manera clara a todo lo angiovascular, pero da la sensaci¨®n de que como se tiene la oportunidad se incluy¨® todo¡±.