Temporero con papeles pero sin derechos

M¨¢s de 19.000 temporeros de la fruta extranjeros, un 71,5% del total, trabajan con contrato en Catalu?a. Pero sus derechos distan mucho de los de cualquier ciudadano espa?ol. Relatan situaciones de explotaci¨®n laboral que callan por no perder el jornal o el permiso de trabajo: altas de un d¨ªa, bajas m¨¦dicas que no se tramitan, contratos simulados por los que no cotizan, horas extras sin pagar, amenazas continuas de despido si les ven descansar demasiado¡­

-Me dicen que descanse, pero yo quiero trabajar.

Yallow (el sobrenombre que pide para hablar) no est¨¢ tan contento como ayer. En un mensaje breve de Whatsapp muestra su preocupaci¨®n porque el jefe de su empresa le ha dicho que descanse unos d¨ªas tras el alta post covid. Este gambiano de casi 1,90 metros, 43 a?os y 15 a?os de vida europea trabaja actualmente en una de las mayores f¨¢bricas hortofrut¨ªcolas de la zona sur de Lleida, en plena temporada de recogida de nectarinas y melocot¨®n. En su cabeza, d¨ªa no trabajado es igual a d¨ªa no cobrado. Nunca ha tenido en la mano una baja laboral, como la que le dieron ayer las voluntarias y voluntarios de Open Arms al salir del pabell¨®n municipal de Torres de Segre, en Lleida, donde ha pasado 14 d¨ªas de cuarentena.

-?Pero qui¨¦n me paga estos d¨ªas, y c¨®mo? pregunta al coordinador de la misi¨®n. Est¨¢ inquieto, no tiene cuenta corriente y el sueldo mensual lo cobra en un cheque. ?El gobierno me pagar¨¢ igual?

Los despidos baratos y la flexibilizaci¨®n de contratos de la reforma laboral del gobierno popular en 2012 afecta de lleno a los temporeros. Bajo el yugo de la p¨¦rdida del jornal cualquier conato de protesta no pasa del murmullo. Levantar la voz es perder la batalla, y, para muchos de ellos, incluso la posibilidad de perder la guerra propia por la regularizaci¨®n. En Catalu?a, 19.230 personas venidas de fuera estaban dadas de alta en el Sistema Agrario del R¨¦gimen General de cotizaci¨®n en Catalu?a en julio. Son el 71,5% del total, aunque sus derechos laborales no siempre son equiparables a los de sus compa?eros espa?oles. Este porcentaje es mucho mayor que en otras comunidades, como Murcia (54%), Comunitat Valenciana (42%) o Andaluc¨ªa (15%).

Las reclamaciones sociales y pol¨ªticas de regularizaci¨®n masiva de estas semanas no van con ellos. Supuestamente, son los privilegiados, han prosperado entre los que llegaron de forma irregular. Yallow es uno de los 19.000. Actualmente, tiene los deseados papeles: un permiso de trabajo renovable cada a?o con el que encadena contratos temporales como cualquier espa?ol. Cada vez que firma hace cuenta con las fechas y visualiza el d¨ªa en que llegue a cotizar un a?o entero, y as¨ª poder solicitar el arraigo social. Para conseguirlo soportar¨¢ las irregularidades que todos conocen y que han vivido a menudo. Los agricultores de la zona aseguran que pagan de acuerdo al convenio y que cumplen con la normativa.

Pero los temporeros consultados, dicen, han visto de todo, aunque siempre lo atribuyen a otros para evitarse problemas. Los casos m¨¢s corrientes que refieren son bajas m¨¦dicas que no se tramitan y no se pagan; papeles firmados que simulan un contrato pero que no son enviados a la Seguridad Social y que se convierten en papel mojado cuando el trabajador comprueba que no ha cotizado un solo d¨ªa, multitud de horas extras impagadas o compraventa de contratos anuales por hasta 5.000 euros.

Yallow no quiere nada de esto para su hija Esther, de 20 a?os, que estudia construcci¨®n en Gambia, al igual que hizo ¨¦l. Se le cambia la cara y la voz baja varios tonos cuando se le plantea la posibilidad de que ella quiera venir a Europa como lleg¨® ¨¦l, en patera. ¡°No. Nunca. Mi hija primero tiene que acabar sus estudios, y vendr¨¢ aqu¨ª solo con contrato, con una invitaci¨®n para trabajar. Nunca ilegal¡±, enfatiza la palabra contrato con varios golpes de nudillos en la mesa. De nuevo las palabras legal, contrato, papeles. Yallow quiere pagar los impuestos que le toquen. Los temporeros extranjeros, como el resto de migrantes, abonan el IVA en cada barra de pan, paquete de tabaco o fruta que compran, y quienes tienen papeles tambi¨¦n el IRPF en sus n¨®minas. Con ambos impuestos indirectos se financian los sistemas p¨²blicos de sanidad, educaci¨®n, o los intereses de la deuda del gobierno espa?ol. Incluso aportan presupuesto al ministerio de Interior y a sus pol¨ªticas de contenci¨®n de fronteras.

Yallow no quiere que nadie le pueda reclamar nada a su hija. Plataformas como Fruita amb Just¨ªcia social precisamente exigen poder contratar sin papeles, m¨¢s inspecciones y m¨¢s protecci¨®n para estos trabajadores. ?l se conforma con que Esther no pase por lo que ha tenido que aguantar ¨¦l cuando emigre a Espa?a. Y todas las previsiones apuntan a que lo har¨¢. 22.948 gambianos salieron del pa¨ªs en 2018 en su intento de alcanzar Europa, seg¨²n datos del Gobierno de Gambia, recogidos por la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo (OIT). De estos, el 93% eran personas desempleadas. La cifra de paro roza el 35% y se eleva al 42% entre la poblaci¨®n joven de un pa¨ªs donde la media de edad es de 21 a?os.

Yallow tard¨® cuatro a?os en poder volver hablar con su familia tras llegar a Europa. Ayer, justo antes de salir del pabell¨®n ya con un informe de alta, llam¨® a su hija para decirle que volv¨ªa al tajo, pero call¨¢ndose que, aun contribuyendo como los compa?eros espa?oles, por mucho tiempo a¨²n no tendr¨ªa sus mismos derechos.