Nueva normalidad

Empezamos a aprender a convivir con limitaciones. Las autoridades procuran combatir a la covid-19 con recomendaciones de autoprotecci¨®n que, realmente, son llamadas a la desconfianza sanitaria rec¨ªproca. Si los cl¨¢sicos defin¨ªan la desconfianza con la f¨®rmula homo homini lupus (el hombre es un lobo para el hombre, o sea, cualquiera puede atacarme), ahora podr¨ªamos parafrasear a los cl¨¢sicos: homo homini virus, cualquiera puede contagiarme. Pero como la ciudadan¨ªa no siempre acepta de buen grado recomendaciones de autolimitaci¨®n, ha sido necesario, adem¨¢s, dictar disposiciones normativas limitadoras de derechos, que son incompatibles con la normalidad normal de antes de la pandemia. Para evitar los posibles contagios es obligatorio llevar mascarilla, se suprime el p¨²blico en el f¨²tbol, se proh¨ªben las corridas de toros, se limita el n¨²mero de asistentes en bodas y entierros, se cierran los locales de ocio nocturno, los prost¨ªbulos, y, adem¨¢s, se proh¨ªbe fumar. Estas medidas generan, l¨®gicamente, malestar a empresarios y usuarios de esas actividades que eran la manifestaci¨®n pr¨¢ctica cotidiana de la normalidad normal.

Ya estamos inevitablemente inmersos en lo que se ha dado en llamar la nueva normalidad. La llaman nueva para distinguirla del modo de convivencia que exist¨ªa antes de la llegada de la covid-19. Nuestra convivencia hasta entonces no era, precisamente, un desider¨¢tum, pero ahora a?oramos aquel modo de convivencia, de relaciones interpersonales, de trabajo y de ocio. La pandemia est¨¢ siendo un cataclismo interminable con decenas de miles de muertos y una ruina econ¨®mica insoportable. El confinamiento dej¨® heridas grav¨ªsimas en nuestro tejido laboral, empresarial, social que tardar¨¢n mucho en cicatrizar. Sobre este erial empezamos a construir la llamada nueva normalidad.

A las autoridades les corresponde dictar recomendaciones y prohibiciones cuando las estimen imprescindibles para proteger la salud p¨²blica, aunque con ello limiten derechos de las personas, incluso derechos fundamentales. Pero no est¨¢ asegurado que esas autoridades acierten siempre en sus decisiones, o que, en ocasiones, no se excedan en el ejercicio de su autoridad. Por esa raz¨®n la ley establece un control judicial que corresponde a los tribunales de lo contencioso-administrativo. Estos deben autorizar o ratificar las medidas de las autoridades sanitarias que impliquen privaci¨®n o restricci¨®n de la libertad o de otro derecho fundamental, aplicando en su juicio criterios de necesidad y proporcionalidad. En distintas comunidades aut¨®nomas han proliferado resoluciones judiciales, unas autorizando o ratificando las decisiones de las autoridades sanitarias, y otras desautoriz¨¢ndolas. Y es normal, porque los casos juzgados eran distintos, aunque tambi¨¦n porque los jueces son distintos y con distinto criterio de la necesidad y la proporcionalidad. Tardar¨¢n en ponerse de acuerdo entre todos ellos y en consolidar una doctrina homog¨¦nea.

Debemos reconocer que nuestro sistema de control judicial, ante este problema, no funciona con la prontitud, certeza y seguridad jur¨ªdica que ser¨ªan deseables. Adem¨¢s, existe un debate interminable de pol¨ªticos y juristas sobre si basta o no con el estado de alarma para dictar ¨®rdenes prohibitivas, si las leyes sanitarias vigentes son claras y suficientes, o si hacen falta otras leyes. Es razonable que la gente exprese su desconcierto e insatisfacci¨®n. No sabe, con seguridad, cu¨¢ndo puede abrir su local, c¨®mo funcionar¨¢ el colegio de sus hijos, o d¨®nde puede fumar.

El desconcierto deriva f¨¢cilmente hacia la desconfianza y la hostilidad frente a las prohibiciones, las normas y las instituciones. Los desconcertados, los perjudicados econ¨®micamente, los incomodados en su disfrute de la antigua normalidad, junto con los negacionistas de toda ¨ªndole, son un caldo de cultivo ¨®ptimo en el que las ultraderechas reba?an sus huestes. En Berl¨ªn casi 30.000 y en Madrid escasamente 3.000 antidem¨®cratas ejercieron su derecho de manifestaci¨®n democr¨¢ticamente, pero con un provocador menosprecio de las disposiciones sanitarias obligatorias.

El delegado del Gobierno en Madrid no pod¨ªa prohibir esa manifestaci¨®n anticipadamente y, cuando se hizo evidente el incumplimiento calculado y masivo de la legalidad sanitaria, no estim¨® conveniente disolverla con la Polic¨ªa Nacional, con el argumento de que el uso masivo de la fuerza p¨²blica no habr¨ªa sido proporcionado ni necesario. Argumento no alejado del que, recordemos, fue esgrimido por el mayor Trapero en Barcelona en el refer¨¦ndum del 1-O. Adem¨¢s, exist¨ªa el precedente del mismo delegado que no prohibi¨® ni disolvi¨® la manifestaci¨®n feminista del 8-M, lo cual le coloc¨® en situaci¨®n de investigado en una causa penal. Los denunciantes dispusieron del apoyo de un extra?o informe con intenci¨®n incriminatoria, cargado de afirmaciones y suposiciones infundadas, distorsionando la realidad, impropio de un informe t¨¦cnico de polic¨ªa judicial, urdido por la Guardia Civil, dirigida por el coronel Diego P¨¦rez de los Cobos. Ya ten¨ªa experiencia. Nihil novum sub sole.