El Parlament regula el alquiler pendiente de un posible recurso

Catalu?a cuenta desde este mi¨¦rcoles con una ley que limita el valor de los alquileres seg¨²n la zona, la renta del inquilino y la del propietario de la vivienda. La norma, sin embargo, corre riesgo de ser recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. El Consell de Garanties Estatut¨¤ries ya consider¨® que invade competencias estatales. El texto sali¨® adelante gracias a los votos de ERC, CUP, los comunes y 29 de los diputados de Junts per Catalunya. Los otros cuatro diputados de esa ¨²ltima bancada, que contin¨²an en el PDeCAT, se opusieron a la aprobaci¨®n, certificando as¨ª la divisi¨®n en el seno del grupo parlamentario.

En la votaci¨®n general el articulado recibi¨® 71 votos a favor y 63 en contra (Ciudadanos, PSC, PP, dos de Dem¨°crates y cuatro diputados del PDeCAT). Los neoconvergentes, que se desmarcan por primera vez del grupo de Junts, argumentaron que la norma alterar¨ªa el mercado de alquiler reduciendo la oferta y perjudicando al peque?o propietario. En la votaci¨®n de las enmiendas, sin embargo, el PDeCAT s¨ª voto como sus excompa?eros.

Pese al gran acuerdo en la C¨¢mara, el dictamen contrario del Consell augura un posible recurso ante el Constitucional. Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters, quit¨® hierro a esa posibilidad y consider¨® que la decisi¨®n de llevar al texto al alto tribunal ¡°es pol¨ªtica¡±. Tambi¨¦n se oponen al articulado Foment y las patronales que representan al sector inmobiliario. Incluso la Autoridad Catalana de la Competencia cree que puede tener efectos nocivos en el mercado del alquiler.

El pleno del Parlament comenz¨® ayer con las dudas sobre el futuro de la ley que inicialmente hab¨ªan pactado el Sindicat, republicanos, la CUP, comunes y neoconvergentes. Junts per Catalunya gener¨® incertidumbre por dos razones. Primero, porque pese a apoyar la tramitaci¨®n hab¨ªa enmendado el texto acordado a principios del verano y el martes las posiciones parec¨ªan muy alejadas. Segundo, porque no se sab¨ªa cu¨¢l ser¨ªa el sentido de voto del grupo al ser evidente que hab¨ªa visiones encontradas no solo entre los cuatro diputados que contin¨²an en el PDeCAT sino entre otros que ya est¨¢n con Carles Puigdemont.

Desde las filas de ERC y de los comunes se ped¨ªa a Junts que apoyara la ley para evitar que decayera. El mensaje m¨¢s claro lleg¨® en la sesi¨®n de control al president Quim Torra, en la que el l¨ªder de ERC, Sergi Sabri¨¤ lament¨® que ¡°el centro derecha¡± impidiera aprobar la norma. Torra respondi¨® criticando esa etiqueta y pidi¨® ¡°no equivocarse de adversario¡±.

La fumata blanca lleg¨® justo despu¨¦s. Junts y el Sindicat lograron un acuerdo respecto al punto que m¨¢s les separaba, los requisitos de renta para tener la condici¨®n de ¡°propietario vulnerable¡±. El texto inicial hac¨ªa que el tope de precios fuera obligado para cualquier casero que tuviera una renta de unos 1.000 euros. Junts maniobr¨® ayer para lograr subir ese umbral, argumentando que hab¨ªa muchos peque?os propietarios que quedaban desprotegidos.

El texto establece que los nuevos contratos no podr¨¢n superar el precio del anterior. En Catalu?a funciona, de manera informativa, un ¨ªndice de precios que se calcula de acuerda a las fianzas de alquiler que se depositan en el Incas¨°l. Eso permite saber el precio medio en determinadas zonas, de acuerdo a las condiciones de la vivienda. La ley aprobada usa ese baremo para condicionar los nuevos contratos, que no podr¨¢n superar el valor m¨¢ximo establecido para ciertas zonas.

La posibilidad de subir el precio est¨¢ condicionado tambi¨¦n por la renta tanto del propietario como del inquilino. Quedan fuera de ese control los peque?os propietarios que tengan ingresos inferiores a 2,5 veces la renta de suficiencia de Catalu?a, unos 2.000 euros mensuales (contando ingresos y rentas). En el caso de que los ingresos del inquilino no superen 3,5 veces el mismo ¨ªndice, alrededor 3.200 euros en el caso de una familia de tres miembros en Barcelona, su alquiler est¨¢ blindado.