Y Sant Adri¨¤ se pleg¨® al patriarca

El poder que atesoran los clanes de La Mina se ha visto reforzado, en ocasiones de forma involuntaria, por las instituciones. Con tal de mantener la paz social en este barrio de Sant Adri¨¤ de Bes¨°s (Barcelon¨¨s) lastrado por la marginalidad, los responsables p¨²blicos se han congraciado con patriarcas gitanos ligados al tr¨¢fico de drogas. Ning¨²n caso resulta tan claro como el de ?ngel Amaya, alias T¨ªo Cristina, y sus empresas de seguridad. Durante cuatro a?os, el jefe del clan de Los Manolos ¡ªque ahora tiene 79 a?os y est¨¢ fuera del circuito¡ª logr¨® que un concejal del Ayuntamiento de Sant Adri¨¤ le pagara miles de euros por vigilar unos pisos de protecci¨®n oficial que, de otro modo, habr¨ªan sido inevitablemente ocupados.

De ese plegarse las administraciones a la voluntad de las mafias va el juicio que ayer arranc¨® en la Audiencia de Barcelona y que sent¨® en el banquillo a cuatro personas por prevaricaci¨®n. Dos de ellas, incluido ?ngel Amaya, alias T¨ªo Cristina, aceptaron los hechos. El patriarca explic¨® c¨®mo el concejal de Ciudadan¨ªa, Juan Carlos Ramos, en mano y en met¨¢lico un total de 27.000 euros. Pese a estar acusado y enjuiciado, Ramos mantiene su cargo como concejal por el PSC.

Esta historia de chantaje t¨¢citamente aceptado arranca en 2012, cuando el Consorcio de la Mina ¡ªun ente p¨²blico creado para revitalizar el barrio¡ª empez¨® a entregar las llaves de m¨¢s de 400 viviendas de protecci¨®n oficial. Lo cierto es que apenas se dieron una treintena. El temor a una ocupaci¨®n de las viviendas vac¨ªas por parte de los clanes llev¨® a Ramos, ¨¦l mismo vecino de La Mina y vicepresidente del Consorcio, a contratar la vigilancia... de esos mismos clanes.

Los Borjas, Los Chatos o Afrimaya, que no estaban inscritas ni autorizadas como empresas de seguridad, empezaron a ofrecer su peculiar servicio de protecci¨®n. La denuncia de un sindicato lleg¨® a los Mossos, se abrieron expedientes. Cuando un cambio legislativo oblig¨® a las empresas a disponer de autorizaci¨®n, Ramos urdi¨® una trama para que la adjudicaci¨®n recayera, de todas formas, en T¨ªo Cristina y en ¡°los clanes gitanos pr¨®ximos al ayuntamiento¡±, seg¨²n la acusaci¨®n de la fiscal¨ªa.

El Consorcio de la Mina contrat¨® a una empresa legal, Visegurity, que sobre el papel proteg¨ªa los pisos. ¡°Uno o dos vigilantes hac¨ªan acto de presencia para justificar que hab¨ªa un contrato¡±, detall¨® el jefe anticorrupci¨®n de los Mossos, este martes, en el juicio. En la pr¨¢ctica, el trabajo reca¨ªa sobre el clan de T¨ªo Cristina. Y ni siquiera era un trabajo. ¡°Se limitaban a colocar, en todas las viviendas, carteles en los que se le¨ªa la inscripci¨®n Control Los Manolos¡±, dice la fiscal. Dada la ¡°influencia y temor¡±, a?ade, que el clan generaba en el barrio, ese mensaje era suficientemente disuasorio como para que a nadie se le ocurriera ocupar los pisos.

Ramos, que declarar¨¢ al final del juicio, presuntamente sab¨ªa lo que ocurr¨ªa, lo permiti¨® y lo foment¨®. En total se desviaron unos 27.000 euros a patriarca, que le entregaba en un sobre en plena calle. El concejal hab¨ªa mantenido con el patriarca numerosas conversaciones telef¨®nicas. Los Mossos pudieron escucharlas porque estaban investigando al clan por un asunto de drogas. ¡°Algunas son muy claras. En una de ellas, el concejal le dice: 'Yo lo tengo esto montado para usted, t¨ªo, yo no me gano nada¡±, describi¨® el mando de la polic¨ªa auton¨®mica.

A T¨ªo Cristina no le result¨® ayer dif¨ªcil confesar porque una inhabilitaci¨®n no le afecta demasiado. M¨¢s dif¨ªcil lo tiene Ramos: la fiscal¨ªa pide que no pueda ejercer ning¨²n empleo ni cargo p¨²blico durante 12 a?os. Las palabras que reserva para el edil son duras: le acusa de ¡°imponer su voluntad por encima de la ley¡± y, sobre todo, de ¡°perpetuar las cuotas de poder de los clanes gitanos de La Mina¡±.