Ola de desahucios, demagogia y legislaci¨®n

El 23 de septiembre, los activistas antidesahucios ten¨ªan donde elegir. Solo en la zona norte de Barcelona pod¨ªan escoger: a las 8.30 horas era el turno de una familia con menores de la calle Neop¨¤tria 107, de Sant Andreu. Media hora m¨¢s tarde, estaba previsto que le tocase a Lissy y familia, en la calle Rasos de Peguera 13, de Ciutat Meridiana. A las 11.15 horas deb¨ªan ser desahuciados de su domicilio Mounnia y familia, de Torrent de Perera, 30, en Trinitat Vella. La jornada la cerraba a las 11.45 con Alejandro, de la calle Trobador, 42, en el Guinard¨®. Del 14 al 17 de septiembre se produjeron 123 lanzamientos en la capital catalana, seg¨²n el Ayuntamiento de Barcelona. Y los meses que se avecinan amenazan con mantener ese nivel de desastre.

El pasado 1 de abril el BOE public¨® un decreto vetando los desahucios de personas vulnerables debido a la pandemia de la covid-19. Pero ahora, con el fin del estado de alarma, se ha abierto la veda. Lo peor de todo ello, adem¨¢s del drama humano, es que no hay apenas debate sobre c¨®mo aumentar el parque p¨²blico de viviendas. En su lugar, los medios de comunicaci¨®n y las redes sociales rebosan preocupaci¨®n por las ocupaciones de viviendas, un temor que las agencias privadas de seguridad han convertido en un boyante negocio a cargo del miedo de los peque?os tenedores. El asunto no se sustenta en datos objetivos y asociaciones judiciales como la nada sospechosa Francisco de Vitoria lo han desmentido. En contra de lo que afirman los partidos conservadores, lo que crece son las ocupaciones de pisos pertenecientes a fondos buitre o bancos. Y sus protagonistas son personas como Mar¨ªa Iglesias, empleada en una tienda de ropa, quien contaba recientemente en el programa Planta Baixa de TV3: ¡°Nunca pens¨¦ que me convertir¨ªa en una okupa; yo cre¨ªa que eso estaba destinado a j¨®venes con rastas y perros que dejan destrozado el piso en el que viven cuando la polic¨ªa los desaloja¡±. Mar¨ªa vive con su hijo en un piso de Badalona.

Ese perfil es el que muchos prefieren ignorar. Se relaciona ocupaci¨®n con delincuencia ¨Clo que en ocasiones sucede¨C y se oculta la falta de inversi¨®n p¨²blica en vivienda. El l¨ªder del PP, Pablo Casado, acudi¨® el pasado 17 de setiembre con el alcalde de Badalona Xavier Garc¨ªa Albiol a la calle de Pau Piferrer para reivindicar la pol¨ªtica del miedo y se fotografi¨® ante un edificio en el que no hay ni un solo okupa. El despliegue de los Mossos para garantizar la seguridad del l¨ªder popular ante los manifestantes contrarios brindaba una escenograf¨ªa ideal para los intereses de una formaci¨®n que en Badalona ha hecho de la inmigraci¨®n y las ocupaciones su bandera. Mientras, 10 familias del barrio de la Salut de Badalona ¨Calgunas de ellas desalojadas hace un a?o porque un enorme boquete en el bloque amenazaba sus viviendas¨C deber¨¢n dejar el 30 de septiembre el hostal en que se encuentran sin soluci¨®n habitacional. El Ayuntamiento de Garc¨ªa Albiol ¨Cque no ha reunido ni una sola vez el Consejo de la Vivienda de Badalona¨C les reclama 30.000 euros por piso por gastos de desescombro tras el derribo del edificio.

Seg¨²n datos del poder judicial, en Espa?a el n¨²mero de condenas por allanamiento de vivienda particular ¨Cen contra del mito ¡°sales de casa y cuando vuelves te la han ocupado¡±¨C ha descendido respecto a cuando gobernaba el Partido Popular: han pasado de 357, en 2016, a 285, en 2018. Adem¨¢s, contrariamente a la leyenda urbana, la expulsi¨®n es instant¨¢nea, de acuerdo con los jueces. Lo que s¨ª ha crecido es la ocupaci¨®n de pisos vac¨ªos de bancos y fondos buitre. Las sentencias a este respecto ascendieron a 6.757 en 2018 y ven¨ªan de ser 1.669 en 2013, algo que deber¨ªa hacer reflexionar a los pol¨ªticos. Espa?a cuenta con un 4% de vivienda social, frente al 35% de Holanda, el 20% de Austria o m¨¢s del 15% de Francia y Reino Unido, recordaba recientemente Andreu Miss¨¦ en este diario. El gasto p¨²blico espa?ol destinado a paliar esta situaci¨®n es el 0,2% del PIB, frente al 1,4% del Reino Unido.

El oto?o que ha comenzado promete un duro invierno de desahucios. Por mucho que el Govern y el Parlament legislen para regular el acceso a la vivienda (decreto 17/2019), protejan a los m¨¢s socialmente m¨¢s vulnerables (ley 14/2015) o traten de limitar los alquileres, los jueces se inclinan mayoritariamente por aplicar una Ley de Enjuiciamiento Civil que precisa a todas luces una urgente reforma. La crisis lo hace inaplazable. De otra manera, los fondos buitre seguir¨¢n imponiendo la ley del m¨¢s fuerte en los barrios de la gran Barcelona.