Condenados por desobediencia a 20 meses de inhabilitaci¨®n cuatro diputados de la Mesa del Parlament de 2017

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha condenado este lunes a 20 meses de inhabilitaci¨®n y 30.000 euros de multa a cuatro diputados de la Mesa del Parlament en la anterior legislatura, por desobedecer con ¡°contumacia¡± al Tribunal Constitucional y permitir que se tramitaran varias resoluciones que derivaron en el refer¨¦ndum ilegal de 2017 y la declaraci¨®n de independencia. La sentencia explica que no se juzga la ideolog¨ªa de los acusados y que estos realizaron un ¡°c¨¢lculo estrat¨¦gico¡± a sabiendas de que su actuaci¨®n era ilegal.

Esta es la segunda condena que se dicta contra los cargos p¨²blicos y l¨ªderes independentistas del proc¨¦s, despu¨¦s del fallo del Tribunal Supremo que hace un a?o impuso, entre otras penas, 11 a?os y medio de c¨¢rcel por un delito de sedici¨®n a Carme Forcadell, presidenta del Parlament en la pasada legislatura. El tercer juicio trascendente de aquella ¨¦poca, el celebrado contra el que fue jefe policial de los Mossos d¡¯Esquadra, Josep Llu¨ªs Trapero, y la c¨²pula del Departamento de Interior, qued¨® visto para sentencia en la Audiencia Nacional el pasado junio.

Los ahora condenados, diputados de la coalici¨®n electoral Junts pel S¨ª (la suma de Converg¨¨ncia y ERC), son: el entonces vicepresidente del Parlament Llu¨ªs Maria Corominas; su sustituto, Llu¨ªs Guin¨®, y Ramona Barrufet, exsecretaria cuarta, todos ellos entonces militantes del CDC. Y Anna Sim¨® (ERC), que fue secretaria primera. La exdiputada de la CUP Mireia Boya ha sido absuelta. Todos, excepto Guin¨®, abandonaron la primera l¨ªnea pol¨ªtica tras la querella de la Fiscal¨ªa y no repitieron como diputados en el actual Parlament.

La sentencia relata la desobediencia cometida por los cuatro condenados durante casi dos a?os, desde que se inici¨® la anterior legislatura a finales de 2015, al deso¨ªr las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional sobre las consecuencias penales que tendr¨ªa su actuaci¨®n porque los acuerdos que se adoptaban eran suspendidos de inmediato y posteriormente anulados. Los letrados de la C¨¢mara tambi¨¦n dejaron constancia en diversos informes de la ilegalidad de aquellas actuaciones, al igual que los diputados de Ciudadanos y del PSC representados en la Mesa, Jos¨¦ Mar¨ªa Espejo y David P¨¦rez.

La sentencia enumera las sucesivas actuaciones de la Mesa en las que se fundamenta el delito de desobediencia grave: desde la resoluci¨®n de ¡°inicio del proceso constituyente¡± en noviembre de 2015 hasta ¡°los actos de octubre de 2017¡± ¡ªque derivaron en la declaraci¨®n unilateral de independencia¡ª, pasando por la creaci¨®n de una comisi¨®n de estudio del proc¨¦s, la habilitaci¨®n de una partida en los Presupuestos auton¨®micos para hacer posible el refer¨¦ndum o la tramitaci¨®n de las llamadas leyes de desconexi¨®n.

La tesis defendida por las defensas durante todo el proceso fue que la actuaci¨®n de los acusados estaba amparada en la ¡°inviolabilidad parlamentaria¡± y la autonom¨ªa del poder legislativo. El TSJC rechaza de plano ese argumento. ¡°Los actos parlamentarios no pueden tener en ning¨²n caso como finalidad el incumplimiento de la ley, en especial el de la Constituci¨®n, ni tampoco el de las resoluciones judiciales firmes¡±, dice la sentencia. ¡°Tampoco compromete la autonom¨ªa parlamentaria que el Tribunal Constitucional pueda requerir a la Mesa del Parlament de Catalunya para que se abstenga de adoptar determinados acuerdos o para que impida que se lleven a efecto por razones de inconstitucionalidad, incluso bajo la amenaza de requerir al Ministerio Fiscal y los tribunales ordinarios para que inicien procedimientos penales¡±, a?ade.

Los jueces del TSJC aclaran, antes de entrar en an¨¢lisis jur¨ªdicos, que defender la independencia y una rep¨²blica catalana ¡°es perfectamente asumible por nuestro ordenamiento jur¨ªdico constitucional, adem¨¢s de ser intrascendente para nuestro C¨®digo Penal¡±. Por eso a?aden que, ¡°aunque pudiera parecer ocioso tener que decirlo, no es cierto que aqu¨ª se juzgue la ideolog¨ªa de los acusados¡±, sino que lo que se condena es ¡°su contumacia frente a las prescripciones, los requerimientos y las advertencias que les dirigi¨® el Constitucional en el ¨¢mbito de sus competencias a lo largo de toda la legislatura¡± para que ajustaran su actuaci¨®n a la legalidad.

Los diputados tambi¨¦n argumentaron durante el juicio que el Constitucional era un ¨®rgano ¡°pol¨ªtico¡± que carec¨ªa de legitimidad para imponer su criterio a un Parlamento elegido democr¨¢ticamente, pero la sentencia entiende que ¡°los acusados y sus correligionarios¡± realizaron un ¡°c¨¢lculo estrat¨¦gico¡± antes de que el Parlament empezase a adoptar esas decisiones declaradas ilegales y ya preve¨ªan que iba a suceder eso.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha calificado la sentencia como ¡°un nuevo ataque al parlamentarismo y a la libertad de expresi¨®n¡±. En su opini¨®n, ¡°debatir, hablar y discutir libremente cualquier tema en sede parlamentaria no es un delito, es un derecho¡±, por lo que expres¨® ¡°todo el apoyo¡± a los condenados.

Dos a?os de desaf¨ªo ¡°contumaz¡±

La sentencia del Tribunal Superior de Catalu?a subraya la ¡°contumacia¡± de los cuatro diputados condenados y enumera el rosario de desobediencias cometidas a lo largo de dos a?os por la Mesa del Parlament. Todas derivan de un hito inicial: la aprobaci¨®n en la C¨¢mara de la resoluci¨®n de ruptura del 9 de noviembre de 2015.

La resoluci¨®n de ruptura. En la segunda reuni¨®n ordinaria de la Mesa, el 27 de octubre de 2015, se admiti¨® a tr¨¢mite una propuesta de resoluci¨®n que declaraba el ¡°inicio del proceso de creaci¨®n de un Estado catal¨¢n independiente en forma de rep¨²blica¡±. Se aprobar¨ªa el 9 de noviembre.

El ¡°proceso constituyente¡±. A los pocos d¨ªas de que el Tribunal Constitucional anulase ese acuerdo ¡ªy advirtiera expresamente de que el Parlament deb¨ªa abstenerse a partir de ese momento de aprobar resoluciones derivadas de ¨¦l¡ª, la Mesa tramit¨® la creaci¨®n de una ¡°comisi¨®n de estudio del proceso constituyente¡±, que ser¨ªa aprobada por el Pleno el 20 de enero de 2016.

Conclusiones de la comisi¨®n. El 27 de julio de 2016 el Pleno cambi¨® sobre la marcha el orden del d¨ªa y aprob¨® las conclusiones de la comisi¨®n de estudio con otra resoluci¨®n. El Constitucional hab¨ªa advertido de que contraven¨ªa ¡°claramente¡± sus mandatos.

Refer¨¦ndum vinculante. En el debate de pol¨ªtica general celebrado el 6 de octubre de 2016 el Pleno aprob¨® dos propuestas de resoluci¨®n instando al Govern a celebrar un refer¨¦ndum vinculante sobre la independencia y sobre el ¡°proceso constituyente¡±.

Partida presupuestaria. El 29 de noviembre de 2016 la Mesa admiti¨® el proyecto de Presupuestos que conten¨ªa la disposici¨®n adicional 31, que preve¨ªa una partida para la ¡°organizaci¨®n y gesti¨®n del proceso refrendario¡±.

Las leyes de desconexi¨®n. El 6 de septiembre de 2017 la Mesa admiti¨® las proposiciones de la ley del refer¨¦ndum y la de transitoriedad jur¨ªdica y fundacional de la rep¨²blica. El secretario general del Parlament se neg¨® a publicarlas en el Bolet¨ªn Oficial y tres de los acusados acordaron entonces que se hiciera una publicaci¨®n facs¨ªmil, al margen de la reglamentaria.

Sindicatura Electoral. El mismo 6 de septiembre fue admitida una propuesta de resoluci¨®n para aprobar la Sindicatura Electora. Los cinco elegidos ser¨¢n juzgados el pr¨®ximo mes por desobediencia y usurpaci¨®n de funciones.

Los actos de octubre de 2017. As¨ª define el tribunal el desenlace parlamentario del proc¨¦s. La Mesa aprob¨® el d¨ªa 4 que compareciera Carles Puigdemont para valorar los resultados del refer¨¦ndum ilegal. El d¨ªa 10 el president declar¨® la independencia, pero suspendi¨® sus efectos. El 27 se produjo la declaraci¨®n unilateral, tras aprobarlo la Mesa.