El Supremo dej¨® pactado en julio que el ¡®proc¨¦s¡¯ fue una sedici¨®n

El tribunal del proc¨¦s debati¨® durante sus deliberaciones todas las alternativas de delito que ten¨ªa sobre la mesa: desobediencia, rebeli¨®n y sedici¨®n. Pero, tras cuatro meses de juicio, apenas necesit¨® unos d¨ªas para decantarse por el que finalmente?se ha aplicado a nueve l¨ªderes independentistas, seg¨²n coinciden varias fuentes judiciales. Todos terminaron el juicio con la certeza de que hubo violencia, pero descartaron pronto que fuera la que exige el delito de rebeli¨®n.

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Las deliberaciones para la sentencia del proc¨¦s se iniciaron inmediatamente despu¨¦s de que acabara el juicio, el pasado 12 de junio. Incluso durante la vista oral hab¨ªan deliberado algunos aspectos, se?alan fuentes jur¨ªdicas. Los siete magistrados (Manuel Marchena, Antonio Mart¨ªnez Arrieta, Juan Ram¨®n Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Andr¨¦s Palomo y Ana Ferrer) abordaron la deliberaci¨®n centrados en tres opciones fundamentales: que los hechos se circunscrib¨ªan solo a un delito de desobediencia; que el proc¨¦s, como defend¨ªa la Fiscal¨ªa, fue una rebeli¨®n; o que, siguiendo la tesis de la Abogac¨ªa del Estado, los l¨ªderes independentistas cometieron un delito de sedici¨®n.

La primera opci¨®n, la desobediencia, se descart¨® desde el principio. No porque no la hubiera, ya que la mayor¨ªa de los acusados la asumieron, y hasta la reivindicaron, durante la vista oral como una suerte de lealtad con los ciudadanos que les reclamaban el derecho a decidir. La desobediencia se descart¨®, sobre todo, porque todos los miembros del tribunal coincid¨ªan en que los hechos exced¨ªan los l¨ªmites de este delito.

Las fuentes consultadas se?alan que los magistrados terminaron el juicio con una impresi¨®n com¨²n: durante los dos meses m¨¢s intensos del proc¨¦s, septiembre y octubre de 2017, se produjeron numerosos episodios de violencia. Y una vez consensuada la existencia de ella, solo quedaban dos alternativas: rebeli¨®n o sedici¨®n.

Las dos opciones se debatieron en la primera fase de las deliberaciones. El debate se centr¨® en analizar el argumento que a la postre ha sido decisivo: si esa violencia que todos daban por probada era la que requer¨ªa el alzamiento p¨²blico y violento que define la rebeli¨®n. Todos los miembros estaban de acuerdo, siempre seg¨²n las fuentes, en que ese tipo penal exig¨ªa una violencia estructural, lo que la sentencia ha definido como ¡°instrumental¡± o ¡°funcional¡±. Y aunque algunos, los menos, defendieron que la violencia desplegada en el proc¨¦s s¨ª pod¨ªa encajar en este supuesto, la mayor¨ªa se inclinaba desde el inicio por el argumento contrario. Seg¨²n las fuentes, esa era ya la impresi¨®n general del tribunal desde mediada la vista oral.

La tentativa y la conspiraci¨®n para la rebeli¨®n tambi¨¦n se analizaron, aunque nunca se debatieron como opciones reales, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas. La primera, porque el tribunal considera que la rebeli¨®n es un delito de consumaci¨®n anticipada. Es decir, se comete al ponerlo en marcha, por lo que el intento de rebeli¨®n no existe. La segunda, la conspiraci¨®n, se desech¨® tambi¨¦n casi de inicio, porque este delito es para castigar actos preparatorios, pero los l¨ªderes del proc¨¦s hab¨ªan ejecutado muchos. ¡°Tras cuatro a?os de reuniones, de aprobar leyes y gastos, de organizar un refer¨¦ndum... ?c¨®mo vas a decir que solo estaban conspirando? Es un disparate?¡±, se?ala una fuente conocedora de las deliberaciones. Adem¨¢s, ninguna acusaci¨®n hab¨ªa propuesto la conspiraci¨®n y aunque podr¨ªa entenderse subsumido en el de rebeli¨®n, una condena por un delito que no se ha considerado durante el juicio podr¨ªa acabar creando problemas.

Descartadas todas las f¨®rmulas posibles ligadas a la rebeli¨®n, el camino dirig¨ªa a la alternativa propuesta por la Abogac¨ªa. Esta era la opci¨®n preferida por algunos magistrados desde el inicio. El resto se sum¨® en las primeras semanas de deliberaciones. ¡°Todo llevaba a un alzamiento tumultuario. Un Govern que aprueba leyes para saltarse el orden constitucional, un Parlamento que permite crear esa legalidad paralela, unas urnas que no se sabe de d¨®nde salen, unas asociaciones que movilizan a la gente para impedir que la justicia act¨²e, ciudadanos que ocupan colegios para que no se cumpla una orden judicial¡±. En julio, seg¨²n las fuentes, la unanimidad en torno a la sedici¨®n estaba ya pactada.