Catalu?a trata de paralizar desahucios con un decreto que no vincula a los jueces

El Govern ha aprobado este martes un decreto con el que pretende reducir los desahucios que los grandes propietarios de vivienda exigen para personas y familias vulnerables, una situaci¨®n que ha aumentado a causa de la crisis dejada por la crisis sanitaria. La norma, a la espera de conocer todo el articulado, ha sido recibida con escepticismo desde plataformas como el Sindicato de Inquilinos o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), al considerar que la decisi¨®n seguir¨¢ dependiendo de los jueces. ¡°Si no hay una cobertura de la norma procesal para hacerlo, no podremos seguir este camino¡±, avis¨® la juez decana de Barcelona, Merc¨¨ Caso, en referencia a las competencias estatales.

El Ejecutivo auton¨®mico ha salido de su reuni¨®n semanal con una bater¨ªa de medidas econ¨®micas para paliar los efectos de la crisis econ¨®mica derivada de la pandemia concentrada en cuatro decretos ley. Ayudas econ¨®micas a diferentes colectivos, exenciones en el IRPF para trabajadores que hayan cobrado subsidios por estar en ERTE (regulaci¨®n temporal de empleo) y, quiz¨¢s la medida m¨¢s atractiva, un nuevo decreto con el que frenar los desahucios existentes en Catalu?a, agravados por el golpe que la covid ha dado a muchas familias incapaces de pagar los alquileres de sus viviendas.

La nueva norma, que completa la ley 24/2015 de medidas urgentes en el ¨¢mbito de la vivienda y la pobreza energ¨¦tica y un decreto aprobado el pasado a?o que tambi¨¦n trataba de frenar los desahucios de personas y familias vulnerables que residen en propiedades de grandes propietarios (aquellos que tienen a partir de 15 pisos), obliga ahora a los arrendadores a ¡°acreditar¡± que se ha ofrecido al inquilino un alquiler social antes de iniciar el desalojo. El problema, no obstante, es lo que suceder¨¢ en los juzgados, ya que hasta ahora los jueces evitaban frenar los desahucios. El Departamento de Territorio, que ha elaborado la ley junto a Justicia, defiende que el decreto, a diferencia del anterior, hace un ¡°mandato expl¨ªcito¡± a los jueces para que durante el estado de alarma frenen los desahucios si no se ha ofrecido un alquiler social, mientras que antes establec¨ªa solo ¡°la obligatoriedad¡± de que los grandes propietarios hicieran esa oferta.

La juez decana de Barcelona, Merc¨¨ Caso, explica que el decreto no es vinculante para los jueces porque las competencias en esa materia son del Gobierno central y no de la Generalitat. ¡°Si no hay una cobertura de la norma procesal para hacerlo, no podremos seguir este camino¡±, afirma en una conversaci¨®n con EL PA?S sobre el decreto para frenar los desahucios. La decana incide en que los jueces no son ¡°los malos de la pel¨ªcula¡± y que, en general, aplauden las iniciativas para evitar el desahucio de las personas vulnerables. Pero subraya que no pueden adoptar decisiones de forma arbitraria sino ¡°cumplir la norma procesal¡±. Caso ve con buenos ojos el decreto del Govern ¡°si sirve para incentivar un cambio¡± en el Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez. ¡°Ojal¨¢ el Estado siga esta l¨ªnea, como ya pas¨® durante el confinamiento¡±, agrega.

¡°La Generalitat est¨¢ mareando un poco la perdiz porque no tiene la competencia, porque quien tiene el bot¨®n es el Estado¡±, coincid¨ªa en cierta manera con Caso Marta Ill, del Sindicato de Inquilinos. ¡°Tanto la Generalitat como los Ayuntamientos tendr¨ªan que imponer sanciones y eso es complejo¡±, afirmaba la activista. Satisfecho con que la Generalitat desarrolle una ley que sali¨® del mandato popular, Santi Mas de Xax¨¤s, de la PAH, asum¨ªa que la paralizaci¨®n de los lanzamientos depende actualmente ¡°de la interpretaci¨®n de los jueces¡±.

Todo el mundo estudiaba el decreto. Tambi¨¦n el Ayuntamiento de Barcelona, que impuso la teor¨ªa de los hechos. ¡°Tenemos conocimiento de 15 ¨®rdenes de ejecuci¨®n de desahucios a familias vulnerables previstos para ma?ana [por este martes]. Esperamos que no se produzcan¡±, afirmaron fuentes municipales.

2.000 euros para aut¨®nomos

La Generalitat ya aprob¨® durante la primera oleada de covid, que supuso el confinamiento domiciliario en toda Espa?a, una medida para los aut¨®nomos. Ahora la iniciativa es parecida, pero no est¨¢ afectada por escalados en funci¨®n de la ca¨ªda de ingresos (ser¨¢ una percepci¨®n fija siempre de 2.000 euros) y no impedir¨¢ que se perciba de forma complementaria a otras medidas impulsadas por otros departamentos, como ser¨ªa el caso de las previstas por el Departamento de Empresa para el sector del comercio.

De hecho, el Govern anunci¨® un fondo de 300 millones de euros (dentro del que se articula esta propuesta) para atender los efectos de las ¨²ltimas medidas adoptadas de distanciamiento social, que han llevado a cerrar bares y restaurantes y otros centros de ocio. La norma ha sido criticada por los sindicatos, que consideran que adem¨¢s de insuficiente en su cuant¨ªa carece de concertaci¨®n con los agentes sociales y, sobre todo, de unidad entre las diferentes consejer¨ªas.