La Generalitat forzar¨¢ a rebajar hasta un 50% de los alquileres de bares, comercios y hoteles

El Gobierno catal¨¢n hya aprobado este martes un decreto ley con el que prev¨¦ forzar a los propietarios de establecimientos que albergan bares y restaurantes, comercios, hoteles o gimnasios una reducci¨®n de un m¨¢ximo del 50% del precio de alquiler para compensar la ca¨ªda de ingresos forzada por las medidas para frenar la expansi¨®n de la covid. El objetivo es forzar un pacto entre arrendadores e inquilinos. Pero si no lo cierran en un mes, se activar¨ªa casi de forma autom¨¢tica el descuento. Los restauradores celebran la medida, Foment del Treball advierte sobre la inseguridad jur¨ªdica que provoca y la posibilidad de que sea recurrida.

La iniciativa es un intento del Govern de congraciarse con el sector de la restauraci¨®n despu¨¦s de que este clamara la semana pasada contra la decisi¨®n de cerrar bares y restaurantes ante la acelerada propagaci¨®n de la covid-19 en Catalu?a. En esa l¨®gica respondi¨® el Gremio de Restauradores de Barcelona, al calificar de ¡°hist¨®rica¡± una medida que entienden que asume una reivindicaci¨®n persistente desde que en marzo pasado la pandemia impact¨® en sus negocios: el necesario reparto de las p¨¦rdidas en un intento de salvar unos negocios aquejados por la falta de ingresos con rebajas en los alquileres. De otra forma, entienden, quedar¨¢n abocados al cierre.

La iniciativa, sin embargo, ha logrado dividir al empresariado catal¨¢n, puesto que Foment del Treball advirti¨® de que el decreto ¡°provoca inseguridad jur¨ªdica y es de dudosa constitucionalidad¡±, lo que abrir¨ªa un horizonte de recursos judiciales. La gran patronal catalana apostaba por que fuera la Generalitat la que compensara directamente al sector tras decidir las medidas de cierre.

El Govern ha intentado reaccionar r¨¢pido a trav¨¦s de un decreto ley salido del Departamento de Justicia, con la colaboraci¨®n de las consejer¨ªas de Econom¨ªa y Empresa, y que incluye otras actividades de servicios que han sufrido en sus carnes las restricciones propias de las medidas de distanciamiento social tomadas en Catalu?a.

Se plante¨® inicialmente modificar el C¨®digo Civil catal¨¢n para introducir la cl¨¢usula <CF1001>rebus sic stantibus<CF1000>, que permite introducir medidas de flexibilidad en contratos a causa de condicionantes extraordinarios. Pero en vez de eso, que comportar¨ªa un proceso de elaboraci¨®n m¨¢s prolongado ¡ªaunque ha incluido una disposici¨®n adicional en el decreto que le obliga a hacerlo en el plazo de un a?o¡ª, el Ejecutivo ha optado por un decreto en el que fuerza a los propietarios a rebajar el precio del alquiler un m¨¢ximo de un 50% para aquellos negocios que han sido obligados al cierre y porcentajes inferiores en funci¨®n de dos tipos de afectaciones: la reducci¨®n del horario de apertura (un caso para los comercios de 24 horas, por ejemplo, que tienen la orden de cerrar entre las diez de la noche y las siete de la ma?ana) o aquellos negocios que han tenido que reducir el aforo para asegurar las distancias de seguridad. El Govern no descarta habilitar ayudas a peque?os propietarios afectados por esa ca¨ªda de ingresos.

La automatizaci¨®n de esos descuentos en los contratos se producir¨ªa despu¨¦s de que arrendador e inquilino intenten negociar una rebaja de la renta y no sean capaces de llegar a un acuerdo. Quedar¨ªa, igualmente, la posibilidad de acudir a la v¨ªa judicial, que la Generalitat defiende no explotar ante el riesgo de colapsar m¨¢s los juzgados.

¡°Es una soluci¨®n inmediata para que nadie se quede por el camino. Todo pivota sobre el acuerdo entre las partes y lo que no hace es trasladar la soluci¨®n a un tercero¡±, se?al¨® la consejera de Justicia, Ester Capella, quien opin¨® que los restauradores que necesitan ayuda urgente no pueden esperar a que un proceso judicial les d¨¦ la raz¨®n en unos a?os pero hayan tenido que cerrar su negocio.

Cr¨ªticas patrimonialistas

La pretensi¨®n gubernamental de evitar la v¨ªa judicial, sin embargo, podr¨ªa quedarse en nada y convertirse en un bumer¨¢n con final definitivo ante la justicia. ¡°Todo lo que sea para ayudar al comerciante bienvenido sea, pero se puede entender que con esta medida se est¨¢ confiscando un derecho¡±, advert¨ªa Jordi Ruiz de Villa, socio de litigaci¨®n de Fieldfisher Jausas, dejando claro la posibilidad de demandas. ¡°Estamos muy preocupados porque la regulaci¨®n que se est¨¢ dictando en Catalu?a no est¨¢ respetando los m¨¢s m¨ªnimos principios de seguridad jur¨ªdica de los contratos ya existentes, que est¨¢ suponiendo un exceso de regulaci¨®n del sector del alquiler cuyas consecuencias previsiblemente sean las contrarias de las perseguidas¡±, afirm¨® un portavoz de Asipa, la patronal de compa?¨ªas patrimonialistas que los alquilan.

40 millones de ayudas econ¨®micas directas

En la reuni¨®n del Ejecutivo tambi¨¦n se ha aprobado una ayuda de 40 millones de euros ampliables para empresas y trabajadores aut¨®nomos de los sectores de la restauraci¨®n y de la est¨¦tica y la belleza. Se prev¨¦n ayudas de un m¨¢ximo de 1.500 euros. Asimismo se ha habilitado una l¨ªnea de financiaci¨®n de 20 millones de euros a trav¨¦s de cr¨¦ditos del Instituto Catal¨¢n de Finanzas y Avalis. Esos pr¨¦stamos no podr¨¢n superar los 15.000 euros por demandante.

Para asumir el incremento de gasto derivado de la crisis sanitaria el Govern ha decidido ampliar el Presupuesto de este a?o en 420 millones de euros, recursos que proceden de la flexibilizaci¨®n del objetivo de d¨¦ficit hasta el 0,2%. Esos recursos, integrados en una partida com¨²n, se repartir¨¢n entre diferentes consejer¨ªas a la espera de que el Govern presente en los pr¨®ximos d¨ªas un plan de choque.