El Gobierno levanta la intervenci¨®n financiera a Catalu?a
La decisi¨®n, acordada en el marco del pacto de los Presupuestos, libra a la Generalitat de entregar informaci¨®n mensual de sus cuentas
El Gobierno central ha comunicado a la Generalitat el levantamiento de la intervenci¨®n financiera que manten¨ªa a su pol¨ªtica de gasto desde 2015, en ¨¦poca prerefer¨¦ndum independentista y del Partido Popular. La medida supone para el Ejecutivo auton¨®mico no tener que remitir cada mes las facturas pagadas al Ministerio de Hacienda. El final de esa fiscalizaci¨®n llega en dos fases ya que en 2018, con el Estado ya gobernado por el PSOE, se decidi¨® dar m¨¢s manga ancha al no exigir los controles previos de pago.
Hasta ahora el Departamento de Vicepresidencia y Econom¨ªa y Hacienda de la Generalitat ha tenido que mostrar los certificados de gasto mensuales elaborados por el interventor general de la Generalidad, as¨ª como remitir otros documentos adicionales de informaci¨®n de la contabilidad auton¨®mica y de todo su sector p¨²blico. Este farragoso ejercicio ser¨¢ el que la Generalitat se podr¨¢ librar a partir de ahora. Es uno de los puntos que ERC negoci¨® con el PSOE en la tramitaci¨®n presupuestaria y que finalmente fue aceptado para la aprobaci¨®n de las Cuentas del pr¨®ximo a?o.
La supervisi¨®n econ¨®mica y financiera a la Generalitat se produjo como una f¨®rmula extraordinaria creada en noviembre de 2015 para evitar que recursos p¨²blicos auton¨®micos pudieran acabar con fines secesionistas. Era una medida adicional a la que las comunidades aut¨®nomas conectadas al Fondo de Liquidez Auton¨®mico (FLA) ten¨ªan que seguir para conseguir el rescate econ¨®mico del Estado a trav¨¦s de cr¨¦ditos con bajos tipos de inter¨¦s. Para ello se exig¨ªa al interventor general de la Administraci¨®n auton¨®mica que diera fe de la ¡°legalidad¡± de los pagos. El control fue incluso m¨¢s duro durante los meses de aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n, la intervenci¨®n completa a la Generalitat despu¨¦s de la celebraci¨®n del refer¨¦ndum ilegal, durante los cuales la Generalitat no pudo ingresar los anticipos del sistema de financiaci¨®n auton¨®mica.
Las medidas tomadas por el entonces ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, llegaron despu¨¦s de que el Govern anunciara su intenci¨®n de crear estructuras de Estado como pr¨®logo al refer¨¦ndum. Hablaba entonces de su propia Hacienda catalana, con m¨¢s funciones que las que tiene la actual, y una suerte de Seguridad Social que nunca llegaron a cristalizar.
Pero tambi¨¦n exist¨ªan otras razones, seg¨²n explicaron, para tomar esa medida extraordinaria. Una, la supuesta ocultaci¨®n de un gasto de 1.300 millones de euros en obra p¨²blica. Pero sobre todo, la p¨¦sima situaci¨®n por la que atravesaban las cuentas auton¨®micas, que todav¨ªa no se hab¨ªan recuperado de la ca¨ªda de la recaudaci¨®n vinculada a la crisis econ¨®mica, y una calidad de su cr¨¦dito que las agencias de calificaci¨®n situaban a la par que el bono basura.
De esa situaci¨®n a¨²n hoy la Generalitat no ha podido salir. Las tres agencias de calificaci¨®n que le ponen nota a su deuda a¨²n no ven una mejora de la situaci¨®n y f¨ªan su situaci¨®n al apoyo estatal. A eso se a?ade que el ejercicio pasado la Generalitat incurri¨® en un d¨¦ficit del 0,56%, cinco veces m¨¢s de lo permitido, si bien tambi¨¦n comput¨® el impago de m¨¢s de 900 millones de euros de deuda en la actualizaci¨®n del IVA. Un a?o antes s¨ª hab¨ªa logrado respetar las tres reglas de la ley de estabilidad presupuestaria (d¨¦ficit, deuda y gasto), lo que le permiti¨® subir un escal¨®n, librarse del FLA y conectarse al m¨¢s laxo Fondo de Facilidad Financiera.
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