El Gobierno catal¨¢n se inclina por aplazar las elecciones a la segunda mitad de mayo
El PSC es el ¨²nico partido que defiende claramente que los comicios se mantengan el 14-F
El derecho a la salud enfrentado al derecho al voto. Las elecciones catalanas convocadas para el 14 de febrero con la tercera ola de la pandemia en pleno apogeo, vuelven a poner sobre la mesa la colisi¨®n de derechos fundamentales que vivieron los Gobiernos vasco y gallego el a?o pasado, cuando tuvieron que optar por aplazar las elecciones de abril a julio. Un espejo ante el que se miran ahora el Govern y los partidos catalanes. El Ejecutivo apuesta por poner la nueva fecha en la segunda mitad de mayo y el PSC es la ¨²nica formaci¨®n que defiende mantener el calendario actual. La decisi¨®n se tomar¨¢ ma?ana viernes.
Si bien la situaci¨®n y el conocimiento sobre el virus era diferente entre abril del a?o pasado y ahora, las experiencias gallega y vasca parecen no haber sido suficientes para evitar un aplazamiento en Catalu?a, que cada d¨ªa gana m¨¢s verosimilitud. Tanto el Govern como los partidos siempre hab¨ªan insistido en que la decisi¨®n final responder¨¢ al criterio sanitario, y el informe oficial, entregado el pasado lunes, muestra que el pico de contagios y la presi¨®n asistencial se solapar¨ªan con la campa?a. El escenario m¨¢s benigno para el 14-F apunta a 3.000 nuevos casos al d¨ªa y 610 pacientes en la UCI, lindando el colapso. Si no hay cambios de ¨²ltima hora, y seg¨²n fuentes del Govern, el Ejecutivo catal¨¢n defender¨¢ el aplazamiento hasta la segunda mitad de mayo, a m¨¢s tardar la primera semana de junnio. Los partidos bien podr¨ªan proponer otra fecha o dar esta por buena.
Hasta ahora el debate se ha centrado en las consecuencias epidemiol¨®gicas que tendr¨ªan los comicios. Expertos como Magda Campins, jefa de Epidemiolog¨ªa del Hospital de Vall d¡¯Hebron o Antoni Trilla, su hom¨®logo en el Hospital Cl¨ªnic, llevan d¨ªas insistiendo en que el riesgo es alto y ven complicado que se pueda votar. ¡°Si hay contacto hay contagios¡±, resume Dani L¨®pez, biof¨ªsico del grupo de investigaci¨®n de la Universidad Polit¨¦cnica de Catalu?a que calcula la evoluci¨®n del virus para la Generalitat. Esos datos muestran que entre unas 100.000 y 200.000 personas estar¨ªan infectadas o confinadas por ser contactos estrechos el 14-F.
Hay un problema de base y es que la posibilidad de posponer unas elecciones ya convocadas no se recoge en la ley org¨¢nica del r¨¦gimen electoral, recuerda Alba Nogueira, catedr¨¢tica en derecho administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela. En estos meses, lamenta, el legislador no hizo ninguna modificaci¨®n para poder dar base legal a la situaci¨®n sobrevenida. De ah¨ª el empe?o, entonces y ahora, de los Gobiernos auton¨®micos de intentar buscar el consenso pol¨ªtico y tener alg¨²n blindaje. Es el presidente auton¨®mico quien convoca, pero es necesario el visto bueno de la Junta Electoral Central, que pese a ser la autoridad en el campo, seg¨²n Nogueira, suma m¨¢s atribuciones que ¡°son alegales¡±.
Proceso garantista
Nogueira y Braulio G¨®mez, director del Deustobar¨®metro, recuerdan que cientos de personas con covid-19 no pudieron votar en julio por estar confinadas, violando un derecho fundamental. ¡°No fue un proceso garantista¡±, denuncia G¨®mez, que explica que la decisi¨®n de impedir la participaci¨®n fue administrativa, sin ning¨²n tipo de aval judicial que justificara la prohibici¨®n.
El Ejecutivo catal¨¢n se impuso la condici¨®n de que se garantizara el voto de todo el mundo. Entre los cambios introducidos destaca que los votantes pudieran llevar sus papeletas desde casa, usar pabellones mejor ventilados, sugerir franjas horarias de votaci¨®n para los infectados o dar equipos de protecci¨®n individual a los miembros de las mesas.
El PSC se ha quedado solo defendiendo ¡°la confianza¡± en esas medidas y en mantener los comicios el 14-F, con el resto de grupos acus¨¢ndole de actuar pensando en blindar la candidatura del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Los socialistas solo ven justificado un aplazamiento si hay confinamiento estricto. Ciudadanos, la CUP y los comunes se oponen. El president en funciones, Pere Aragon¨¨s, no ha querido mostrar cu¨¢l es su propuesta, pero ayer dijo que el colapso del sistema sanitario es otra ¡°l¨ªnea roja¡±.
Organizar unas elecciones cuesta en Catalu?a unos diez millones de euros. Adem¨¢s, aplazarlas puede implicar, como sucedi¨® en Galicia y el Pa¨ªs Vasco, que tenga que reiniciarse el proceso electoral, para as¨ª blindar los derechos del sufragio pasivo. Son necesarios al menos 54 d¨ªas para, por ejemplo, actualizar el censo electoral y los partidos tendr¨¢n que volver a presentar sus candidaturas. Con el calendario en la mano, esto ser¨ªa en la segunda mitad de mayo. Claro, si la situaci¨®n de la pandemia lo permite.
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