Leyes, tribunales y pactos

En la madrugada del 14 de noviembre de 2016, Rosa, de 81 a?os, muri¨® a consecuencia de un incendio en su domicilio en Reus. Desde hac¨ªa dos meses, le hab¨ªan cortado la luz por una deuda de unos 200 euros. La mujer, que viv¨ªa sola, llevaba d¨ªas ilumin¨¢ndose con velas. Tuvo la mala fortuna de que una de ellas prendi¨® en el colch¨®n en que dorm¨ªa. Rosa muri¨®. La Generalitat en virtud de la ley 24/2015 impuso una multa de 500.000 euros a Gas Natural Fenosa ¨Cahora Naturgy¨C, pero el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ¨Cen sentencia de 29 de diciembre del a?o pasado, que ahora ha trascendido¨C ha decidido anular la sanci¨®n.

El motivo arg¨¹ido por el TSJC es que el reglamento de la ley no estaba desarrollado. El tribunal, sin embargo, avala la constitucionalidad del texto aunque pasa de puntillas por el hecho de que especifique que, sin comunicaci¨®n previa, no se puede cortar el suministro de agua, gas o electricidad a nadie. Era como si resucitasen las maliciosas palabras del conde de Romanones: ¡°Hagan ustedes la ley y d¨¦jenme a m¨ª el reglamento¡±. Romanones sab¨ªa mucho de la importancia de la letra peque?a y tambi¨¦n del clientelismo y corrupci¨®n que caracterizaron la Restauraci¨®n.

El caso es que desde que se aprob¨® la ley 24/2015 ¨Cpara afrontar la emergencia en el ¨¢mbito de la vivienda y la pobreza energ¨¦tica¨C hasta la muerte de Rosa, la Generalitat hab¨ªa mantenido m¨¢s de una veintena de reuniones con las compa?¨ªas el¨¦ctricas sin lograr acuerdo alguno. El poder de la gran econom¨ªa sobre la pol¨ªtica se manifestaba reiteradamente. No se consegu¨ªa que las compa?¨ªas hicieran la preceptiva comunicaci¨®n antes de proceder al corte de la luz. Seg¨²n un directivo de una gran el¨¦ctrica, el problema no era Rosa sino el precedente: ¡°Dejas pasar un caso y luego te llueven las peticiones¡±. Una amenaza para los bonos y dividendos ¨Cpiensan algunos¨C no puede dejarse al albur de sentimentalismos que acaban conduciendo al caos y a poco menos que a la quiebra del Estado de derecho. La deuda es la deuda, pero no todo vale. El pasado mes de marzo, la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Barcelona cit¨® a declarar en calidad de investigados a dos trabajadores vinculados a la empresa de recobros DPS Consulting por presunto acoso a una vecina de Cubelles, clienta de Endesa. En la denuncia impulsada por la Alianza contra la Pobreza Energ¨¦tica, se adjuntaban grabaciones de una llamada telef¨®nica a la ciudadana en situaci¨®n de vulnerabilidad en la que los citados empleados de la firma de recobro se hac¨ªan pasar por personal judicial y amenazaban con embargarle las cuentas bancarias si no pagaba en una semana.

En los ¨²ltimos 15 a?os ¨Chasta 2020¨C el precio de la luz ha aumentado un 92%. Espa?a es uno de los pa¨ªses de la UE que paga m¨¢s cara la energ¨ªa el¨¦ctrica. Solo el a?o pasado, marcado por la pandemia, Iberdrola y Endesa obtuvieron unos beneficios de m¨¢s de 5.000 millones de euros. El debate entre beneficios y precariedad, grandes compa?¨ªas y precarios ciudadanos, con la justicia de por medio, parece interminable. Y hay cosas que resultan dif¨ªciles de entender. Naturgy, la empresa que dej¨® si luz a Rosa, ha mantenido sin suministro durante varios meses ¨Centre ellos los del pasado periodo invernal¨C a los vecinos madrile?os de La Ca?ada Real debido a tomas ilegales de electricidad. El juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 42 de Madrid archiv¨® el pasado mes de enero la denuncia interpuesta contra la empresa y achac¨® el problema a las tomas ilegales en la red.

Con todo, al menos en Catalu?a, la muerte de Rosa supuso un punto de inflexi¨®n. Tanto las grandes compa?¨ªas como la propia Generalitat se tomaron en serio la ley 24/2015. Las primeras respetando a las personas vulnerables y los segundos realizando inspecciones que hasta entonces solo hac¨ªan en caso de denuncia. Adem¨¢s durante la pasada Semana Santa, Endesa y la Generalitat firmaron los convenios para condonar la deuda de 35.518 familias en situaci¨®n de vulnerabilidad. En total, la el¨¦ctrica mayoritaria en Catalu?a se hace cargo de 28.495.403 euros y las administraciones de 10.658.842 euros. Es un primer paso hacia la sensatez que deber¨ªan seguir las restantes compa?¨ªas. Es cierto que el epicentro del problema es la pobreza sin calificativos. Pero es bueno que se avance sectorialmente para que no se repitan situaciones como la de Rosa, la de los tres vecinos que perecieron en el incendio de Sant Roc en enero de 2019 o ¨Ctambi¨¦n en Badalona¨C las cuatro v¨ªctimas de las llamas en la nave industrial de El Gorg. Los peque?os remiendos salvan vidas a la espera de grandes remedios que no llegan.