¡°Se marchar¨¢n si cede dos pisos para alquiler social¡±

El caos fue su aliado. La tarde del 18 de octubre de 2019, mientras Barcelona ard¨ªa por las protestas contra la sentencia del proc¨¦s, un grupo de j¨®venes acced¨ªa a la azotea del n¨²mero 56 de la ronda de Sant Pere. Encapuchados, con la ayuda de cuerdas y arneses, descendieron por la fachada ajenos al olor de los contenedores quemados y al vuelo de los adoquines lanzados contra la polic¨ªa. Un inquilino de la tercera planta, a punto de ser desahuciado por no pagar el alquiler, les franque¨® el acceso. Los j¨®venes ocuparon cuatro pisos en obras. Las alarmas de robo saltaron y el propietario, Josep Maria D., avis¨® los Mossos. ¡°Me dijeron que no pod¨ªan ir por lo que estaba pasando en la calle¡±, declar¨® m¨¢s tarde.

Dos d¨ªas despu¨¦s, la polic¨ªa acudi¨® en la finca para desalojar a los okupas. Paula C. se present¨® como representante y portavoz del Sindicato de Vivienda del Casco Antiguo, un colectivo heterog¨¦neo e informal ¡ªno consta inscrito como asociaci¨®n ni como sindicato¡ª que defiende el derecho a la vivienda de un modo que ha llamado la atenci¨®n de los Mossos y de un juez de Barcelona. Los agentes comprobaron c¨®mo los ocupantes colocaban muebles tras las puertas para impedirles la entrada y c¨®mo, tras unas llamadas, m¨¢s de 200 personas se concentraron en la ronda de Sant Pere. Hubo enfrentamientos y el desahucio qued¨® suspendido. Paula se dirigi¨® al propietario: ¡°S¨¦ qui¨¦n eres y s¨¦ d¨®nde vives¡±.

¡°A partir de ese d¨ªa, fue una pesadilla constante¡±, cuenta Josep Maria D. El sindicato le hostig¨® en la calle y en las redes. Aparecieron pintadas frente al edificio (¡°fuera especulador¡±), en su ciudad (Vic) y junto a las farmacias que regentan sus hijos. En Twitter, el colectivo le se?al¨® con nombre y apellidos y le acus¨® de enviar a ¡°matones¡± para expulsar a los okupas.

El 6 de febrero de 2020, tres miembros del sindicato se reunieron con el abogado del propietario para ¡°negociar¡±. El encuentro fue grabado por el letrado y es la base de una denuncia contra el Sindicato de Vivienda del Casco Antiguo por coacciones, extorsi¨®n, amenazas y organizaci¨®n criminal. El titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 1 de Barcelona, Joaqu¨ªn Aguirre, abri¨® diligencias y encarg¨® el caso ¡ªa¨²n en fase inicial¡ª a la Guardia Civil.

La conversaci¨®n, a cuyo contenido ha accedido EL PA?S, se desarrolla en una cafeter¨ªa. Piden: un caf¨¦, un agua con gas, un caf¨¦ americano. Para el abogado, nada. La propuesta del abogado de un acuerdo econ¨®mico para acabar con las ocupaciones no surte efecto. ¡°Esto es un movimiento pol¨ªtico. Su objetivo ser¨ªa conseguir meter a familias del barrio y obtener un alquiler social. Y seguramente ellos estar¨ªan dispuestos a marcharse¡±, explica Adri¨¤, que asegura ser responsable de comunicaci¨®n. Acusan a Josep Maria de ¡°especulador¡± por ¡°dividir los pisos¡± para cobrar m¨¢s por los alquileres. Pero se abren a ¡°negociar¡± y detener la campa?a de difamaci¨®n. ¡°No s¨¦ c¨®mo har¨ªamos para que estas cosas no pasasen, pero lo intentar¨ªamos¡±.

El abogado les anuncia que el juzgado les dar¨¢ la raz¨®n y recuperar¨¢n las fincas, como as¨ª ha ocurrido: una de las ocupantes ha sido condenada por un delito leve de usurpaci¨®n; los pisos han sido abandonados. Ellos replican que ¡°el movimiento de vivienda est¨¢ muy fuerte en la ciudad¡± y lanzan la advertencia: ¡°Si como usted dice esto ha de ir para largo, la resistencia ir¨¢ para largo tambi¨¦n. Aqu¨ª cada uno jugar¨¢ sus cartas¡±.

Los chicos plantean su demanda: ¡°Dos pisos de alquiler social, los que ya est¨¢n divididos, de la primera planta¡±. Aseguran que el sindicato conoce a ¡°familias en diferentes situaciones¡± y que, si se llega a un acuerdo, deben pensar cu¨¢les pueden instalarse. Insisten en que, por el momento, no es necesario ¡°hablar de cifras¡±. Y aseguran que es un sistema que ya ¡°ha funcionado en otros casos¡±.

El colectivo parece disponer de una bolsa de candidatos a alquiler social paralela a la de la Administraci¨®n. En la reuni¨®n, sus miembros presumen de haber recabado el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y proponen que medie. ¡°Ha intervenido en otros casos parecidos, en las negociaciones¡±. Preguntado por sus relaciones con los ¡°sindicatos de vivienda¡± que han proliferado en Barcelona, el consistorio asegura que mantiene una ¡°interlocuci¨®n¡± entre las familias afectadas, que suelen ser usuarias tambi¨¦n de los servicios municipales, y los propietarios para buscar alternativas a los desahucios. Y admite que, ¡°en los ¨²ltimos tiempos, muchas familias se han vinculado a los movimientos sociales y sindicatos de barrio¡±. En cinco a?os, la Unidad Antidesahucios de Colau ha atendido a 10.000 familias por impago de alquiler, de hipoteca e incluso ocupaci¨®n.

¡°Contexto pol¨ªtico¡±

David Aranda, abogado de Paula C. (por ahora, la ¨²nica investigada en la causa) cree que la denuncia es ¡°desproporcionada¡± por incluir un delito como la organizaci¨®n criminal. Afirma que los propietarios ¡°intentan criminalizar¡± al movimiento provivienda al llevarlo a la v¨ªa penal cuando ¡°lo que hay es un conflicto pol¨ªtico¡±. ¡°Hay una presi¨®n judicial y policial en este asunto¡±, a?ade. Sobre la conversaci¨®n en la que exigen pisos sociales a cambio de cesar en la ocupaci¨®n, sostiene que son ¡°t¨¦cnicas de negociaci¨®n¡± en las que se intenta lanzar una ¡°amenaza cre¨ªble desde una posici¨®n de debilidad¡±.

Aranda niega que exista una verdadera organizaci¨®n. Los ¡°sindicatos¡±, que han ¡°tomado el relevo¡± de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) act¨²an de forma aut¨®noma, cada uno con su idiosincrasia y sus formas de actuaci¨®n. Un veterano activista coincide en que, cuando Ada Colau abandon¨® el liderazgo de la PAH para convertirse en alcaldesa de Barcelona, el movimiento sufri¨® ¡°un proceso de fragmentaci¨®n¡±. As¨ª nacieron los sindicatos de barrio, en ocasiones ligados a la ¨®rbita de la izquierda independentista, que ¡°vio en la vivienda una nueva f¨®rmula de militancia pol¨ªtica¡±. Estos movimientos discurren en paralelo, por ejemplo, al Sindicat de Llogaters, que lucha por la regulaci¨®n del precio de los alquileres.

Adem¨¢s de la investigaci¨®n judicial, los Mossos ya han mostrado su preocupaci¨®n por la actividad de sindicatos de la vivienda, en especial el de El Raval. Al menos en tres ocasiones, los agentes han detectado intentos de ocupaci¨®n u ocupaciones por personas vinculadas a sindicatos para cederlos a terceros.

El caso m¨¢s llamativo ocurri¨® el 1 de octubre. ¡°Un grupo numeroso de personas del colectivo el Sindicat de l¡¯Habitatge del Raval y del casal La Galera intentaron mediante violencia e intimidaci¨®n echar a personas de la calle Sant Bartomeu, 6¡±, describieron los Mossos. Quer¨ªan que varias personas, tambi¨¦n okupas, que viv¨ªan en un piso del bloque, se fuesen. Uno de los denunciados declar¨® que ¡°la primera intenci¨®n era negociar¡± un ¡°desalojo voluntario ya que se quer¨ªa reubicar ilegalmente a otras personas¡±. Como no se dejaron, acabaron a golpes y empujones. El caso recay¨® el Juzgado de Instrucci¨®n 6 de Barcelona, que archiv¨® la causa.

En uno de sus atestados, los Mossos alertan de una ¡°nueva forma de actuar¡± de los grupos provivienda, utilizando la ¡°presi¨®n de la concentraci¨®n de un n¨²mero elevado de personas¡± para evitar un desahucio ¡°realizando delitos de forma grupal como la desobediencia o la misma coautor¨ªa de la ocupaci¨®n que se quiere intentar evitar¡±.