443 desahucios en Barcelona entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre

Un informe de la unidad antidesahucios del Ayuntamiento de Barcelona alerta que desde el 14 de septiembre ¡ªfecha en que los juzgados reemprendieron la actividad judicial tras la primera ola de la covid¡ª hasta el 23 de octubre, el Consistorio ha tenido conocimiento de 443 ¨®rdenes judiciales de desalojo que afectaban a 1.211 personas: 748 adultos y 463 menores. Con los datos del informe, la alcaldesa, Ada Colau, ha exigido al Gobierno de Pedro S¨¢nchez, en el que participa su partido, una ampliaci¨®n de las moratorias para impedir una oleada de desalojos.

¡°El 22 de septiembre nos desalojaron a mi hermana, y a m¨ª ¡ªcon dos menores a nuestro cargo¡ª del piso en el que llev¨¢bamos desde 2018 y que es propiedad de un fondo inversor. Mi hermana vive desde entonces con mi sobrina de dos a?os ¡ªenferma de fibromatosis¡ª en un hostal. Mi hija y yo no hemos tenido m¨¢s remedio que volver a liberar [as¨ª denomina a la ocupaci¨®n] otro piso. Al final, nuestra manera de sobrevivir se ha convertido en una reivindicaci¨®n. Quiero trabajar para pagar un alquiler digno y no las barbaridades que o¨ªmos cada dia¡±, explica Ana Mar¨ªa Banegas, una de las afectadas por la nueva oleada de desahucios. El pasado 22 de septiembre decenas de Mossos se presentaron, por tercera ocasi¨®n, en las puertas de su vivienda en el 178 de la calle C¨°rsega de Barcelona. El Sindicato de Inquilinos y otros colectivos llegaron a concentrar decenas de personas en las puertas del edificio. De nada sirvi¨®, Ana Mar¨ªa y su hermana Yovana se quedaron, esta vez s¨ª, en la calle.

Con los datos del informe Desahucios de Personas en Situaci¨®n de Vulnerabilidad durante la Pandemia, adelantado por SER Catalunya, y al que ha tenido acceso este diario, el Ayuntamiento ha exigido al Gobierno de Pedro S¨¢nchez una ampliaci¨®n de las ayudas para impedir un ¡°estallido social que podr¨ªa evitarse ampliando la moratoria a todas las familias en situaci¨®n de vulnerabilidad con independencia de si su precariedad es consecuencia de la covid¡±.

El documento destaca la extrema vulnerabilidad econ¨®mica de familias que no disponen de ahorros ni patrimonio y tienen ingresos econ¨®micos m¨ªnimos que fluct¨²an entre 430 y 1.500 euros. Unos ingresos con los que, seg¨²n el Consistorio, no se puede asumir un alquiler a precio de mercado.

Los redactores del informe aseguran que se est¨¢n efectuando lanzamientos a ¡°personas en situaci¨®n de pobreza que no pueden acogerse a la moratoria del Gobierno porque su vulnerabilidad econ¨®mica y social es anterior a la pandemia o bien porque carecen de un t¨ªtulo legal sobre la vivienda en la que residen¡±. El 80% de las unidades familiares en proceso de perder la vivienda se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, y cumplen con los requisitos para acceder a una vivienda p¨²blica.

La unidad antidesahucios denuncia, adem¨¢s, las cada vez m¨¢s ¡°numerosas y contundentes¡± actuaciones de los Mossos d¡¯Esquadra. ¡°La desproporcionada presencia policial, los intentos de desahucio durante la madrugada o ya entrada la noche durante esta segunda ola de la pandemia, no solo vulneran los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, sino que comprometen la salud de las familias afectadas y tambi¨¦n de las profesionales que las atienden¡±.

El informe destaca que los barrios que m¨¢s han sufrido desahucios durante la pandemia han sido Raval, Carmel y la Antigua Izquierda del Eixample. ¡°De hecho, durante el periodo analizado, se han se?alado desahucios a familias con al menos un miembro contagiado por la covid-19 o menores en situaci¨®n de aislamiento¡±, destaca el documento.

La mayor¨ªa de desalojos, el 38,12%, afecta a familias que han ocupado viviendas propiedad de bancos, seguidos por familiares que viv¨ªan de alquiler y pagaban su renta con normalidad hasta que uno de los adultos perdi¨® el empleo, el 33,41%, y, en ¨²ltimo lugar, un 14,5% de familias a las que se ha instado el desalojo sin haber informado al Consistorio para tener margen de mediaci¨®n o de asignaci¨®n de una vivienda social.

De las 443 ¨®rdenes de desahucio, m¨¢s del 50% fueron impulsadas por grandes tenedores, empresas, bancos y personas f¨ªsicas que tienen a su nombre m¨¢s de 15 viviendas en Catalu?a. El 36% proviene de peque?os propietarios y el resto todav¨ªa no se ha verificado. El informe concluye: ¡°Resulta de m¨¢xima urgencia ampliar la moratoria de lanzamientos a todas las personas en situaci¨®n de vulnerabilidad¡±.