El Gobierno catal¨¢n fracasa en su plan para regularizar a personas cuidadoras
El objetivo de la Generalitat era legalizar la situaci¨®n de 900 trabajadoras a trav¨¦s de una l¨ªnea de ayudas. Solo se presentaron 352 solicitudes, de las cuales solo 63 se aprobaron
La l¨ªnea de subvenciones que lanz¨® la Generalitat el pasado verano para empezar a poner fin a las irregularidades del sector de los cuidados a personas mayores y dependientes no ha cumplido con sus objetivos marcados. Con un presupuesto de 2,3 millones, constaba de subvenciones de 2.685 euros para cubrir la cuota anual de la Seguridad Social. El objetivo del Govern era que 900 trabajadoras se beneficiasen de esta regularizaci¨®n, pero las dificultades por la pandemia y la din¨¢mica de este sector, en el que la mayor parte de la actividad se desarrolla en la econom¨ªa sumergida, han frustrado los planes. Solo se presentaron 352 solicitudes, y solo se han aprobado 63 subvenciones. En junio se abrir¨¢ una nueva l¨ªnea de ayudas.
La irregularidad en el sector de los cuidados a las personas mayores y dependientes es end¨¦mica. En Catalu?a, seg¨²n los c¨¢lculos que present¨® el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia en verano al anunciar la l¨ªnea de subvenciones, 100.000 personas trabajan en estas tareas. Pero cuatro de cada diez lo hacen sin contrato laboral, y las condiciones salariales, las vacaciones y los d¨ªas de permiso quedan sujetas al acuerdo con las familias y mediante la econom¨ªa sumergida. La pandemia de covid 19 ha tensado las costuras de un oficio en el que la precariedad y, en algunos casos, el abuso hacia estas trabajadoras son m¨¢s habituales de lo que parece, como denuncia el sindicato Sindillar.
Tambi¨¦n la pandemia ha disparado la necesidad de estas trabajadoras, ya que durante meses, a causa del confinamiento, eran ellas las ¨²nicas que ten¨ªan contacto con dependientes o ancianos. Aunque por la irregularidad de este sector no hay datos fiables sobre c¨®mo ha aumentado la demanda de estas empleadas, puede dar una pista sobre ello la lista de espera que hay para acceder a una residencia de ancianos.
En Catalu?a la lista de espera es de 17.500 personas, y aunque hay m¨¢s de 15.000 plazas vacantes, apenas disminuye. Una de las razones es el miedo que tienen las familias de ingresar a sus mayores en las residencias, despu¨¦s de que estos centros fueran los m¨¢s afectados por la mortalidad asociada al virus de la covid 19. Lo demuestra el hecho de que el 40% de las personas que esperan para tener plaza han renunciado una o m¨¢s veces a diferentes propuestas para entrar en una residencia, y en algunos casos, algunas han renunciado hasta 24 veces, seg¨²n los datos del Departamento de Asuntos Sociales.
Fuentes del sector de las residencias admiten que, en especial desde la ¨²ltima crisis financiera, las familias solo se plantean llevar a sus mayores a los centros cuando estos ya presentan un alto grado de dependencia. Ahora, con el miedo al contagio y tras el trauma de la alta mortalidad durante los meses m¨¢s letales de la pandemia, optan por seguir en casa y contratar a trabajadoras de cuidados en el hogar.
Para empezar a regularizar esta situaci¨®n, el Departamento de Asuntos Sociales lanz¨® una l¨ªnea de subvenciones que por primera vez trataba de fomentar la contrataci¨®n regulada de estas trabajadoras. La subvenci¨®n consiste en pagar la cuota ¨ªntegra de la Seguridad Social de las trabajadoras durante un a?o, con una ayuda ¨²nica de 2.685 euros (unos 223 al mes), tomando como referencia el salario m¨ªnimo interprofesional.
El requisito para obtener esta subvenci¨®n era que la persona o familia contratante garantizara que el empleo durar¨ªa, al menos, 12 meses, y que la trabajadora no hubiese estado dada de alta a la Seguridad Social en los ¨²ltimos dos a?os (con el objetivo de incidir primero en las trabajadoras que llevaban m¨¢s tiempo en una situaci¨®n irregular). La Generalitat confiaba en hacer aflorar parte de la econom¨ªa sumergida de esta actividad (clave para la econom¨ªa, ya que mientras las cuidadoras trabajan, los familiares tambi¨¦n pueden desarrollarse profesionalmente) y tambi¨¦n ayudar a la obtenci¨®n de autorizaciones de residencia y trabajo a muchas de las trabajadoras, que mayoritariamente son de origen migrante.
El departamento que dirige el consejero en funciones Chakir El Homrani (ERC) calcul¨® que 900 personas se beneficiar¨ªan de esta regularizaci¨®n, pero solo se recibieron 352 solicitudes y, de estas, solo se aprobaron subvenciones para cubrir las cuotas de 63 trabajadoras. Fuentes del departamento defiende que esta convocatoria se puso en marcha despu¨¦s del confinamiento y en pleno verano (el plazo estuvo abierto desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre) y que esto, junto con el hecho de que fuese la primera de estas caracter¨ªsticas, requiri¨® un esfuerzo de explicaci¨®n para dar a conocer la ayuda superior a la de otras subvenciones.
Adem¨¢s, estas fuentes argumentan que la coincidencia del plazo con los meses de verano estuvo forzada por ¡°un desajuste entre la subdelegaci¨®n del Govern y los tempos presupuestarios¡±. La pr¨®xima convocatoria se har¨¢ el pr¨®ximo junio para evitar el calendario veraniego, y el departamento prev¨¦ mejorar los tr¨¢mites electr¨®nicos. No obstante, el Gobierno catal¨¢n admite que en este sector es dif¨ªcil fomentar la contrataci¨®n, y aunque se present¨® con el apoyo de 100 entidades, ¡°se trata de un tr¨¢mite farragoso¡± , defiende.
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