Los juristas advierten del riesgo de incurrir en malversaci¨®n y prevaricaci¨®n si la Generalitat avala las fianzas del Tribunal de Cuentas

La posibilidad de que la Generalitat haga frente al afianzamiento de los 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas ha exigido como presunta responsabilidad contable por la promoci¨®n exterior del proc¨¦s abre un abanico de consecuencias legales, ninguna de las cuales carecer¨ªa de riesgo para la Administraci¨®n catalana, seg¨²n los juristas consultados. La propuesta parte de Junts per Catalunya, miembro del Govern de coalici¨®n presidido por Pere Aragon¨¨s, que quiere que sea el gobierno aut¨®nomo quien avale el pago de esas fianzas.

De entrada, ese dinero tendr¨ªa que provenir de alguna disposici¨®n presupuestaria. Cabe preguntarse en qu¨¦ concepto. Pero lo m¨¢s complicado para quien asumiera la responsabilidad de poner en marcha ese mecanismo es que podr¨ªa implicarle consecuencias penales.

Hay dos figuras delictivas que aparecen r¨¢pidamente como hip¨®tesis de trabajo para una situaci¨®n de este tipo. Se trata de la malversaci¨®n y la prevaricaci¨®n. La malversaci¨®n pertenece al cap¨ªtulo de los delitos contra la Administraci¨®n p¨²blica. Suele decirse que el bien jur¨ªdico protegido por esta figura delictiva es el buen funcionamiento de la Administraci¨®n, lo que incluye el correcto manejo de sus fondos. No encaja bien con este prop¨®sito el empleo de dinero p¨²blico para asegurar el pago de cantidades que con anterioridad se usaron indebidamente, como el supuesto que investiga el Tribunal de Cuentas en relaci¨®n con las sumas invertidas en dar a conocer en el exterior los proyectos independentistas y en encontrar para ellos respaldo internacional. El empleo de fondos para hacer frente a un pago impuesto precisamente por un episodio concreto de incorrecta gesti¨®n anterior ¡ªcomo seg¨²n el Tribunal de Cuentas fue utilizar recursos p¨²blicos en la b¨²squeda de ese apoyo internacional al proyecto de secesi¨®n mediante leyes de desconexi¨®n con Espa?a¡ª podr¨ªa provocar la reacci¨®n de la Fiscal¨ªa.

La posibilidad de que aparezcan hechos susceptibles de calificarse como prevaricaci¨®n no es remota. El tipo delictivo persigue la comisi¨®n de actos o la toma de decisiones a sabiendas de que son injustas, contrarias a las obligaciones del cargo que se ejerce. El art¨ªculo 404 del C¨®digo Penal dispone que a la autoridad o funcionario p¨²blico que, a sabiendas de su injusticia, dictase una resoluci¨®n arbitraria en un asunto administrativo se le castigar¨¢ con la inhabilitaci¨®n especial para el empleo o cargo p¨²blico y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a 15 a?os. En este asunto no solo est¨¢ la Fiscal¨ªa como parte acusadora. Una vez que la Abogac¨ªa del Estado se ha apartado por considerar que no tiene legitimaci¨®n, quedan Sociedad Civil Catalana y Abogados por la Constituci¨®n, que presentar¨ªan otra demanda por responsabilidad contable y una querella por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n.