El Govern estudia la viabilidad de avalar las fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas
La portavoz de Junts pide a la Generalitat que d¨¦ un paso pol¨ªtico y proteja a los 34 investigados y ERC que se active la caja de solidaridad
El Gobierno catal¨¢n est¨¢ estudiando la viabilidad de avalar las fianzas de 5,4 millones exigidas por el Tribunal de Cuentas a los 34 altos cargos de la Generalitat a los que acusa de haber promocionado el proc¨¦s en el extranjero entre 2011 y 2017. El organismo ha concedido a los investigados, entre los que figuran los expresidentes Artur Mas, Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras, dos semanas para afrontar esa cantidad. El plazo expira el d¨ªa 21. Elsa Artadi, portavoz de Junts, ha sostenido que la ejecutiva de su partido ha hecho una reflexi¨®n y que es el Gobierno catal¨¢n el que debe dar ¡°el paso pol¨ªtico adelante, contundente y sin fisuras¡± para ¡°proteger¡± a los 34 excargos y defender la instituci¨®n.
Tras la celebraci¨®n de la ejecutiva del partido, Artadi ha expresado que tiene depositada toda su confianza en la Generalitat para que responda con la mejor f¨®rmula. ¡°Se trata de un aval, no de un pago. Estamos hablando de unas fianzas que se les exigen a unas personas antes de celebrar un juicio y que haya sentencias. Toda la confianza de que se materialice para evitar su ruina y embargo¡±, ha afirmado.
Artadi se ha mostrado partidaria de que la decisi¨®n final se apruebe en una reuni¨®n del Govern que deber¨ªa celebrarse antes del d¨ªa 21, cuando expira el plazo de las fianzas. ¡°La f¨®rmula debe ser lo m¨¢ximo de concreta. La posici¨®n de Junts es firme; hace tiempo, meses, que trabaja en ella y esperemos que tire adelante¡±. La tambi¨¦n vicepresidenta de la formaci¨®n ha puesto el acento en que al grupo de 34 personas se le persigue por un plan de trabajo aprobado por el Gobierno catal¨¢n. ¡°Siguieron unas instrucciones que eran legales¡±, ha recalcado la diputada. ¡°No hay que dejar a nadie atr¨¢s. El Govern tiene que actuar en defensa de la instituci¨®n¡±.
ERC afronta con m¨¢s cautela que Junts la posibilidad de que sea la Generalitat quien conceda el aval. La portavoz del partido, Marta Vilalta, asegur¨® este lunes que las decisiones del tribunal son una ¡°extorsi¨®n econ¨®mica¡±, incluso habl¨® de una ¡°inquisici¨®n econ¨®mica¡±, pero al mismo tiempo no fue capaz de aventurar que la Generalitat pueda cubrir las finanzas. Vilalta se escud¨® en que se trata de una decisi¨®n que debe tomar el Gobierno de la comunidad esta semana lo m¨¢s tardar. De hecho, el Govern abordar¨¢ hoy mismo en su reuni¨®n semanal el asunto.
La consejera de la Presidencia, Laura Vilagr¨¤, de ERC, avanz¨® que el Govern debe proteger a los servidores p¨²blicos bajo el ¡°principio de indemnidad¡±, que, explic¨®, garantiza a los funcionarios un derecho a la tutela y a ser defendidos por su administraci¨®n. ¡±Es lo que haremos. Si nos fijamos en el Estatuto B¨¢sico del Funcionario P¨²blico, un estatuto espa?ol, de matriz centralizada, plantea que cualquier servidor debe ser defendido por su administraci¨®n¡±, dijo Sin precisar si ese apoyo ser¨¢ tambi¨¦n econ¨®mico. Vilagr¨¤ record¨® en TV3 que la acci¨®n exterior es una competencia estatutaria y que la Generalitat nunca recibi¨® avisos de estar infringiendo la legalidad.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragon¨¨s, admit¨ªa el domingo en El Peri¨®dico que el apoyo a los investigados era una cuesti¨®n ¡°dif¨ªcil¡±. Varios juristas sostienen que el Ejecutivo catal¨¢n puede incurrir en delitos de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n. Vilalta incidi¨® en otra cuesti¨®n apuntada por Aragon¨¨s este fin de semana: que sea la ciudadan¨ªa, la iniciativa privada, la que avale a los investigados. ¡°Queremos hacer evidente que todo un pueblo acompa?a a estas personas y esperemos que se active tambi¨¦n la caja de solidaridad para que todos y todas podamos aportar¡±. Esta caja de solidaridad es un programa de voluntariado de ayuda econ¨®mica a los condenados y encausados desde el arranque del proc¨¦s. La caja no cuenta en estos momentos con suficientes fondos para cubrir las fianzas de 5,4 millones de euros que requiere el Tribunal de Cuentas.
Los abogados, a la expectativa
¡°Todos los escenarios est¨¢n abiertos¡±, subrayan fuentes jur¨ªdicas cercanas a los afectados por el procedimiento contable del Tribunal de Cuentas. Los abogados no participan directamente en las reuniones que se suceden en m¨²ltiples frentes (entre partidos, en el seno del Govern, con los responsables de la caja de solidaridad). Pero s¨ª han trasladado, en algunos casos, su preocupaci¨®n por que el Govern acabe prestando un aval para cubrir la fianza que reclama el tribunal, en la forma que sea. ¡°El Tribunal de Cuentas jam¨¢s lo va a aceptar, y seg¨²n c¨®mo se plantee el ejecutivo podr¨ªa incurrir incluso en responsabilidades penales¡±, subrayan.
Las mismas fuentes apuntan a que, si el Gobierno de Pere Aragon¨¨s finalmente no intercede, ser¨¢n los partidos (junto a la sociedad civil) los que tomen el relevo. Alguno de los afectados ya ha sido informado por Esquerra Republicana de que el partido asumir¨ªa el pago en caso de no hallar otra soluci¨®n, indican esas mismas fuentes. Otros abogados subrayan la situaci¨®n de ¡°desconcierto¡± en la que han quedado los afectados por la falta de decisi¨®n en el Govern. JES?S GARC?A
La Assemblea Nacional Catalana ha emitido un comunicado en el que critica que sean los particulares los que asuman de nuevo esta carga financiera porque considera que ¡°debilitar¨ªa al movimiento independentista¡± y porque subrayan que este apoyo de la sociedad civil ¡°ha de servir para el independentismo de base que no tiene el paraguas de una instituci¨®n, partido pol¨ªtico u organizaci¨®n¡±. La ANC exige a la Generalitat ¡°que defienda y que cubra hasta el ¨²ltimo c¨¦ntimo de las personas afectadas¡±. ¡°No hacerlo ser¨ªa renunciar a la defensa de la legitimidad del Govern y de su acci¨®n, y dejar desamparados a sus cargos¡±, dice la ANC, y a?ade que ello ¡°sentar¨ªa un precedente que dejar¨ªa tocada la credibilidad¡± de la instituci¨®n de cara al futuro.
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