La Generalitat crea un fondo de 10 millones para cubrir las fianzas de los investigados por el Tribunal de Cuentas

El Gobierno catal¨¢n ha aprobado este martes, mediante un decreto ley, la creaci¨®n de un fondo de cobertura de reclamaciones judiciales, de 10 millones de euros, y al que se podr¨¢n acoger los ex altos cargos afectados por los procesos del Tribunal de Cuentas. Los interesados solo pueden solicitar la ayuda si no hay sentencia firme condenatoria, ha explica...

El Gobierno catal¨¢n ha aprobado este martes, mediante un decreto ley, la creaci¨®n de un fondo de cobertura de reclamaciones judiciales, de 10 millones de euros, y al que se podr¨¢n acoger los ex altos cargos afectados por los procesos del Tribunal de Cuentas. Los interesados solo pueden solicitar la ayuda si no hay sentencia firme condenatoria, ha explicado el consejero de Econom¨ªa, Jaume Gir¨®, que se ha mostrado confiado en que el mecanismo no implica cometer ning¨²n delito de malversaci¨®n. Tambi¨¦n ha defendido que cuenta con todas las garant¨ªas jur¨ªdicas para tirar adelante. ¡°No hay desplazamiento de dinero de la Generalitat¡±, ha apostillado. La caja de solidaridad ha expresado su satisfacci¨®n con la medida pero esta tarde ha realizado un llamamiento para recaudar ayudas al tener dudas de que el Tribunal de Cuentas acepte la medida.

El Tribunal de Cuentas pide a una cuarentena de exaltos cargos de la Generalitat y servidores p¨²blicos el pago de fianzas por 5,4 millones de euros, el dinero que el ente fiscalizador cree que se ha malgastado en la internacionalizaci¨®n del proceso independentista. Gir¨® ha explicado que los trabajadores de la Administraci¨®n que crean que se pueden acoger a este fondo tienen que presentar una solicitud delante del Instituto Catal¨¢n de Finanzas (ICF), que despu¨¦s de comprobar los datos dar¨¢ un contraaval a una entidad financiera que ser¨¢ la que finalmente aporte el dinero ante el Tribunal de Cuentas. No se ha querido revelar el nombre de cu¨¢l ser¨¢ ese banco.

¡°No hay desplazamiento de dinero de la Generalitat en ning¨²n momento, hasta que haya una sentencia en firme en contra¡±, ha aclarado el consejero. ¡°No estamos dando 10 millones de euros a nadie. Estamos creando un sistema de aval y contraaval¡±, ha defendido Gir¨® cuando se le ha preguntado en varias ocasiones a qu¨¦ partida de los Presupuestos de la Generalitat se cargar¨ªan esos fondos. Fuentes de Econom¨ªa han explicado que pr¨®ximamente se aprobar¨¢ una transferencia por ese monte al ICF pero sin aclarar el origen del dinero.

La garant¨ªa del fondo se mantendr¨¢ mientras no haya una sentencia firme ¡°y no se hayan agotado todas las v¨ªas de impugnaci¨®n judiciales y jurisdiccionales, estatales e internacionales¡±, seg¨²n la nota de prensa del Govern. Es decir, en el caso de que el Tribunal Supremo condenara a las personas que previamente investig¨® el Tribunal de Cuentas, el banco pagar¨ªa pero la Generalitat no reclamar¨ªa el dinero al afectado hasta que haya una sentencia europea, si se recurre a esa instancia.

La portavoz del Gobierno, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, ha evitado pronunciarse a la espera de conocer los detalles de la decisi¨®n del Govern. ¡°Nos tienen que permitir que conozcamos el acuerdo al que han llegado en la Generalitat. No conocemos la norma. Evidentemente el Gobierno vela en Catalu?a y todas las comunidades por la legalidad¡±, ha afirmado en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, informa Jos¨¦ Marcos.

El texto del decreto ley se conocer¨¢ ma?ana, una vez sea publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalu?a. Si se confirma la responsabilidad civil, las personas tendr¨¢n que devolver el dinero, as¨ª como los intereses y los cargos de gesti¨®n, ha insistido Gir¨®. Precisamente, ese cobro de intereses, han defendido desde Econom¨ªa, es la salvaguarda para evitar que se pueda decir que hay una malversaci¨®n o prevaricaci¨®n.

¡°En ese momento, la Generalitat reclamar¨¢ a los afectados el dinero m¨¢s los intereses¡±, ha explicado Gir¨®. Vilagr¨¤ ha contado que el decreto ley (que tendr¨¢ que ser validado por la C¨¢mara catalana, con mayor¨ªa independentista) busca cubrir las carencias de los seguros actualmente contratados. La reforma responde, ha dicho la consejera, al principio de indemnidad, es decir, la cobertura que pueden tener los trabajadores p¨²blicos en procesos administrativos o judiciales por actos derivados del ejercicio de su cargo.

As¨ª, por ejemplo, el exconsejero de Cultura, Santi Vila, tambi¨¦n podr¨¢ recurrir al fondo. Un tribunal de Huesca le pidi¨® en febrero de este a?o, un aval de 216.000 euros como garant¨ªa de responsabilidad en la causa sobre los bienes de Sijena. El tambi¨¦n exalcalde tuvo que entregar las escrituras de su piso. El titular de Econom¨ªa ha estado acompa?ado por la consejera de Presidencia, Laura Vilagr¨¤, que ha recordado que la norma tiene que ser revalidada por el Parlamento, donde hay una mayor¨ªa independentista.

El ICF, ha dicho Gir¨®, es la entidad que inicialmente se encargar¨¢ de gestionar el fondo hasta que se cree un ¨®rgano espec¨ªfico. Desde Econom¨ªa han defendido que se hace a trav¨¦s de ese ¨®rgano porque tiene experiencia en los avales bancarios. El instituto es una entidad financiera que tiene a la Generalitat como ¨²nico accionista y que fue fundada en 1985 con la misi¨®n de ¡°impulsar y facilitar el acceso a la financiaci¨®n al tejido econ¨®mico de Catalu?a¡±. Su objetivo, seg¨²n se detalla en su p¨¢gina corporativa, es ¡°contribuir al crecimiento de la econom¨ªa catalana actuando como complemento del sector financiero privado¡±.

Apoyo de la CUP

El l¨ªder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que si el Gobierno no hace nada, su partido denunciar¨¢ por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n al Govern y recurrir¨¢ solicitando la inhabilitaci¨®n de los que aprueben ese fondo. Casado tambi¨¦n ha exigido al presidente Pedro S¨¢nchez, a trav¨¦s de un mensaje en Twitter, que aclare si va a evitar la ¡°inadmisible malversaci¨®n¡± que supone la creaci¨®n del fondo al afirmar que se trata de un ¡°fraude de los que malgastaron el dinero de los espa?oles para dar un golpe al Estado¡±.

La CUP, socio parlamentario del Govern, ha acogido con satisfacci¨®n la decisi¨®n del Consell Executiu. Laia Estrada, diputada de la CUP, ha recordado que siempre han defendido que la Generalitat est¨¦ al lado de los ¡°represaliados¡±. ¡°Es lo que siempre hemos pedido. Nos parece bien cualquier f¨®rmula. Queremos evitar, eso s¨ª, a toda costa que haya represaliados de primera y de segunda y [queremos] que no haya distinciones¡±, ha afirmado la parlamentaria, que ha pedido a la Generalitat que deje de actuar como acusaci¨®n particular contra independentistas. ¡°Es una de sus asignaturas pendientes. Tiene que apoyar a los represaliados sin fisuras¡±, ha recalcado.

Los comunes, que no conoc¨ªan al detalle la decisi¨®n, han querido ser prudentes y han pedido que la decisi¨®n sea sostenible jur¨ªdicamente. David Cid, portavoz de la coalici¨®n de izquierdas, ha afirmado que consideran que el Tribunal de Cuentas est¨¢ tomando decisiones profundamente injustas y arbitrarias y que el Partido Popular ha convertido ese organismo en su ¡°cortijo¡± al bloquear su renovaci¨®n. En ese sentido, Jaume Asens, presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, impulsar¨¢ una propuesta para cambiar el funcionamiento del ente para que sea estructural y no puntual.

Antes de conocerse el decreto, Ciudadanos ya ha calificado de ¡°inadmisible¡± que la Generalitat tenga que pagar el exceso de los l¨ªderes separatistas. ¡°Estamos sufriendo un doble atropello¡±, ha afirmado el diputado Nacho Mart¨ªn Blanco, portavoz de Cs. ¡°Eso es normalizar y saquear las arcas p¨²blicas¡±. Es impresentable que ahora decidan que los catalanes volvamos a pagar ese dinero¡±, ha dicho.

Los responsables de la caja de solidaridad del independentismo y los l¨ªderes de la Assamblea Nacional Catalana (ANC) y de ?mnium han realizado esta tarde un llamamiento la ciudadan¨ªa para que ayude a recaudar fondos para poder hacer frente a las fianzas y otras causas contra activistas. Actualmente, la caja dispone de 400.000 euros y est¨¢ lejos por tanto de los 5,6 millones que se les reclaman. Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC, ha expresado su satisfacci¨®n por la medida del Gobierno pero ha advertido que no sabe cu¨¢nto tiempo resistir¨¢. ¡°Prevemos ataques. Es imprescindible nutrirla¡±, ha afirmado.

Josep Cruanyes, portavoz de la caja, ha afirmado que el fondo del Govern es ¡°un respiro¡± pero que necesitan fondos para evitar los eventuales embargos. ¡°Es muy buena noticia. Es una respuesta robusta y de pa¨ªs con el Govern liderando y las entidades acompa?ando. Nos da un poco de tiempo pero no solucione el problema de fondos. No sabemos si lo aceptar¨¢. Y si hay una sentencia no ser¨¢ una soluci¨®n¡±, ha afirmado Albert Royo, el principal investigado en su calidad de exdirector general del Diplocat.

La caja de solidaridad ha presentado esta ma?ana una petici¨®n en el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 13 de Barcelona que sigue una causa contra el 1-O en el que denuncia que existe una duplicidad de fianzas por ese asunto tanto en ese juzgado como en el Tribunal de Cuentas y, por tanto, reclama la devoluci¨®n de cerca de cuatro millones de euros. ¡°Son fianzas doblemente consignadas por un mismo objeto y vulnera el derecho a un juicio justo y equitativo¡±, ha afirmado Cruanyes que trasladar¨¢ los hechos al Consejo de Europa. La caja ha atendido en los ¨²ltimos a?os a 600 personas y ha depositado la inmensa mayor¨ªa de los 14 millones de euros para cubrir responsabilidad civil y fianzas.