La Generalitat defiende el aval de 10 millones para hacer pol¨ªtica ¡°en libertad¡±

El Govern se emple¨® este mi¨¦rcoles a fondo durante la sesi¨®n de control en el Parlament para justificar la puesta en marcha del fondo que busca avalar la responsabilidad patrimonial de casos derivados de decisiones de servidores p¨²blicos y que amparar¨ªa a los 34 ex altos cargos investigados por el Tribunal de Cuentas. La medida, seg¨²n el consejero de Econom¨ªa, Jaume Gir¨®, busca ¡°restablecer un espacio de libertad¡± y poder hacer pol¨ªtica ¡°sin miedo a que te embarguen¡±. El president Pere Aragon¨¨s, por su parte, defendi¨® que pese a la aprobaci¨®n de un fondo de 10 millones de euros, la cobertura de los funcionarios catalanes es menor a la de otras comunidades, si bien no detall¨® en qu¨¦ consist¨ªa el supuesto agravio.

¡°Los trabajadores p¨²blicos no tienen que tener miedo a hacer su trabajo bien hecho, de acuerdo a lo que permite la ley y con un programa de Gobierno¡±, defendi¨® Aragon¨¨s. El tema del decreto ley, aprobado el pasado martes y a¨²n pendiente de convalidaci¨®n en el Parlament, fue sacado en la sesi¨®n de la C¨¢mara por Cs, PP y Vox, que ya adelantaron que recurrir¨¢n la medida. Entienden que se malversa dinero d¨¢ndole contraavales a los investigados para que una entidad bancaria avale la multa colectiva de 5,4 millones. ¡°No hay desplazamiento patrimonial en ning¨²n caso¡±, aseguraron tanto Gir¨® como Aragon¨¨s en sus intervenciones.

El president record¨® que es una obligaci¨®n de la Administraci¨®n proteger a los altos cargos y trabajadores p¨²blicos en sus actuaciones y que ello est¨¢ contenido en diversas normas tanto catalanas como estatales. Efectivamente, la Generalitat ten¨ªa un problema de cobertura despu¨¦s de la decisi¨®n de varias empresas de poner pegas a las p¨®lizas en pleno ¨®rdago secesionista.

Dos semanas despu¨¦s de la celebraci¨®n del refer¨¦ndum ilegal del 1-O, en 2017, varias empresas aseguradoras como Zurich o Fiatc dieron un paso atr¨¢s. En octubre de ese mismo a?o, SegurCaixa Adeslas se neg¨® a asumir los 5,2 millones de euros de fianza que se pidieron a miembros del Govern de Artur Mas por la organizaci¨®n de la consulta del 9-N, argumentando que dentro de la cobertura no figuraba cubrir ¡°casos derivados de actos delictivos¡±. La caja de solidaridad creada por las entidades independentistas fue la que hizo frente a la multa que ped¨ªa tambi¨¦n el Tribunal de Cuentas. Quedaban varios casos en el aire, como por ejemplo el del contencioso sobre las obras de arte religioso de Sijena, en las cuales la justicia ha obligado a los exconsejeros de Cultura Santi Vila y Lluis Puig a avalar posibles multas con su patrimonio personal.

¡°Se ha hecho una soluci¨®n que es de emergencia, pero que es de cobertura general para evitar que las personas perseguidas tengan que responder con su patrimonio particular a unas fianzas que son indecentes¡±, defendi¨® Aragon¨¨s, que de todas maneras cree que la ¡°respuesta adecuada¡± ser¨ªa la aprobaci¨®n de una amnist¨ªa a los ¡°perseguidos por la causa general contra el independentismo¡±.

El presidente catal¨¢n, sin embargo, aleg¨® que la ¡°soluci¨®n de emergencia¡±, adem¨¢s de las p¨®lizas vigentes, ofrece menos garant¨ªas en responsabilidad contable de la que tienen trabajadores p¨²blicos de otras Administraciones. Seg¨²n Aragon¨¨s, Galicia, Castilla Le¨®n, Andaluc¨ªa o hasta el propio Gobierno central ofrecen m¨¢s cobertura, aunque no entr¨® en detalles. El jefe del Govern dej¨® entrever que, a diferencia de esos territorios, con la f¨®rmula del fondo ¡°no se asume directamente la responsabilidad contable, se garantiza un aval¡± bancario.