El PSC cuestiona la legalidad del fondo de la Generalitat para avalar las multas del Tribunal de Cuentas
Los socialistas catalanes solicitan un dictamen jur¨ªdico al Consejo de Garant¨ªas Estatutarias y avisan que la ¨²ltima palabra la tendr¨¢ el Gobierno central
El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) dio este viernes un primer paso hacia un posible recurso contra el fondo econ¨®mico que la Generalitat ha creado para avalar a los 34 ex altos cargos sancionados por el Tribunal de Cuentas. El PSC elev¨® la cuesti¨®n al Consejo de Garant¨ªas Estatutarias (CGE), un organismo consultivo dependiente de la Generalitat que emite dict¨¢menes jur¨ªdicos sobre el encaje en la Constituci¨®n y en el Estatuto de autonom¨ªa de las leyes del parlamento, de los decretos del Ejecutivo catal¨¢n pero tambi¨¦n del Gobierno central.
La Generalitat aprob¨® esta semana la creaci¨®n de un fondo de 10 de millones de euros concebido para avalar a los sancionados por el Tribunal de Cuentas, con multas que suman 5,4 millones por considerarlos responsables de un gasto indebido de dinero p¨²blico en propaganda internacional a favor de la independencia. Este fondo se presenta como una herramienta para todos los funcionarios de la Generalitat que por su trabajo tengan que asumir ¡°obligaciones legales que se les reclamen en un proceso judicial o administrativo, por acciones que hayan llevado a cabo en ejercicio de su cargo o de sus funciones, y que no queden cubiertas por las p¨®lizas de seguros de responsabilidad civil, patrimonial y contable que ya tiene suscritas la Generalitat de Catalu?a con esta finalidad¡±.
Una duda que el PSC esgrime ante el CGE es si el decreto ley del Ejecutivo catal¨¢n para tirar adelante con el fondo est¨¢ justificado por el nivel de urgencia necesaria que exige la Constituci¨®n para estos procedimientos; otra cuesti¨®n que plantean los socialistas es que el fondo est¨¢ esencialmente dise?ado para beneficiar a los sancionados por el Tribunal de Cuentas a ra¨ªz del proceso de independencia: ¡°Bajo la apariencia de una norma de car¨¢cter general puede que nos encontremos, en verdad, ante una ley singular o de caso ¨²nico, y que no existe una urgencia extraordinaria que justifique desvirtuar la potestad legislativa ordinaria¡±.
Salvador Illa, secretario de organizaci¨®n del PSC y jefe de la oposici¨®n en la C¨¢mara Catalana, subray¨® este viernes en Catalunya R¨¤dio que ser¨¢ el Gobierno central quien decida si el fondo de la Generalitat ¡°se ajusta a la legalidad o no¡±: ¡°Nosotros debemos convalidarlo en el Parlamento. Creo que tiene muchos elementos que se ajustan a la legalidad, y otros que no. Hay que aclararlo¡±. Illa insisti¨® en que cualquier recurso de inconstitucionalidad ser¨¢ una decisi¨®n del Gobierno de Pedro S¨¢nchez.
El Ejecutivo central y la Generalitat han iniciado contactos sobre esta cuesti¨®n, seg¨²n avanz¨® el pasado jueves EL PA?S. Se tratar¨ªa de un intercambio de valoraciones para dilucidar de qu¨¦ manera el decreto ley para la creaci¨®n de este fondo de avales puede evitar ser recurrido ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de presentar un recurso de anticonstitucionalidad que suspende de inmediato la validez del decreto ley. Los socialistas consideran que las multas del Tribunal de Cuentas son un obst¨¢culo en la nueva fase de di¨¢logo para encontrar una soluci¨®n al conflicto pol¨ªtico derivado de las demandas del independentismo catal¨¢n.
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