77 ayuntamientos de Catalu?a piden regular el precio del alquiler cinco a?os m¨¢s
Badalona, gobernada por el PP y que recurri¨® la ley catalana, tambi¨¦n la seguir¨¢ aplicando
Este mi¨¦rcoles se cumple un a?o de la entrada en vigor en Catalu?a de la ley que regula el alquiler y que, de facto, no permite subidas de precio. La ley 11/2020 de medidas urgentes en materia de contenci¨®n de rentas. Los impulsores y partidarios del texto (con el Sindicato de Inquilinos al frente) aseguran que ha permitido moderar el precio del alquiler. Sus detractores, el sector inmobiliario y los grandes portales, niegan que haya impactado en los precios y alertan de una reducci¨®n dr¨¢stica de la oferta de pisos.
Unos y otros coinciden, con todo, en que el contexto de este primer a?o de aplicaci¨®n, a partir de la segunda ola de la pandemia del coronavirus y con la crisis econ¨®mica que ha desencadenado, dificulta discernir qu¨¦ efectos pueden atribuirse a la norma y cu¨¢les al contexto de crisis global.
Pero hay un dato relevante, subraya la Secretar¨ªa de Vivienda de la Generalitat. De los 61 municipios donde se comenz¨® a aplicar la nueva regulaci¨®n (los de m¨¢s de 20.000 habitantes, cinco millones en total), 55 han solicitado o ya han aprobado la declaraci¨®n de ¨¢rea de mercado tenso de la vivienda, lo que les permitir¨¢ regular los precios cinco a?os m¨¢s. En este listado est¨¢n Barcelona, Girona Tarragona y Lleida, y las principales ciudades del ¨¢rea metropolitana. Adem¨¢s, 22 municipios que no estaban en la lista han pedido poder frenar las subidas (Cardedeu, La Garriga o Sant Sadurn¨ª d¡¯Anoia, por citar algunos). En total, 77 ciudades. Y la lista no est¨¢ cerrada.
Entre las poblaciones que han prorrogado la regulaci¨®n algunas est¨¢n gobernadas por partidos que votaron en contra de la Ley en el Parlament, como el PSC (L¡¯Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad catalana) o el PP (Badalona, la cuarta en poblaci¨®n). En el caso de Badalona es todav¨ªa m¨¢s chocante, porque el partido del alcalde, Xavier Garc¨ªa Albiol, recurri¨® la norma ante el Tribunal Constitucional. Fuentes del Gobierno de la ciudad argumentan: ¡°Aunque globalmente no compartimos la medida, la idiosincrasia concreta de algunos barrios de la ciudad comporta que temporalmente no se vea con malos ojos¡±.
¡°La cifra de Ayuntamientos es significativa. Pese al posicionamiento de sus partidos, detectan que algo hab¨ªa que hacer a nivel de rentas del alquiler¡±, valora el Secretario de Vivienda de la Generalitat, Carles Sala. En el listado de los 22 que piden la declaraci¨®n de mercado tenso, hay 17 que no tienen ¨ªndice de precios de referencia, la herramienta en la que se basa la Ley, porque los nuevos contratos no pueden superar este indicador. Sala precisa que estas poblaciones no tienen suficiente muestra para obtener un ¨ªndice, pero plantea ¡°a medio plazo, acciones para construirlo¡±.
Sobre la evoluci¨®n de los precios, el secretario de Vivienda apunta que ¡°para analizarlos con rigor habr¨ªa que saber cu¨¢nto puede atribuirse a la pandemia, lo que es indestriable¡±. Los datos oficiales de enero a junio de este a?o (los ¨²ltimos disponibles) comparados con los de 2020 indican una ca¨ªda de las rentas del 2,7% en el conjunto de Catalu?a y del 7,1% en Barcelona. Unos precios que hab¨ªan iniciado un descenso a finales de 2019, antes de la pandemia y de la nueva ley. Los porcentajes que s¨ª se han disparado, l¨®gico por el par¨®n total pand¨¦mico, son los contratos firmados de enero a junio: un 49% en toda Catalu?a y un 66% en Barcelona.
La concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Luc¨ªa Mart¨ªn, celebr¨® en el pleno del mi¨¦rcoles donde se prorrog¨® la norma que el mercado haya sufrido distorsiones (ni mercado negro, ni par¨¢lisis, ni retirada de la oferta, dijo) y en cambio asegur¨® que ¡°el descenso de la renta familiar debido a la pandemia ha sido diez veces superior a la ca¨ªda de los alquileres¡±.
Desde el Sindicato de Inquilinos, su portavoz, Jaime Palomera, cree que ¡°el mejor aval a la ley¡± son los municipios que han pedido prorrogar la regulaci¨®n y los nuevos que lo han pedido. ¡°La Ley, adem¨¢s, ha dado tranquilidad a la gente: ahora saben que cuando se acaba el contrato no le podr¨¢n subir el precio¡±, celebra.
Desde la PAH, Luc¨ªa Delgado, constata que ¡°en las situaciones m¨¢s extremas la ley no ha atenuado¡± el fen¨®meno de los desahucios, que han continuado. ¡°La contenci¨®n de rentas es positiva, pero los precios deben bajar m¨¢s¡±, defiende.
En la C¨¢mara de la Propiedad, Oscar Gorgues aporta dos ideas: que la Ley no ha influido en los precios, ¡°porque han bajado m¨¢s en Madrid, donde no est¨¢n regulados, que en Barcelona¡±, y que la norma ¡°ha provocado la retirada de oferta del mercado¡±. Joan Company, presidente del consejo catal¨¢n de colegios de Agentes de Propiedad Inmobiliaria (API) cree que la ca¨ªda de precios ¡°tiene que ver con que el alquiler est¨¢ muy vinculado a la evoluci¨®n econ¨®mica y al gasto corriente que las familias pueden asumir¡±, por lo que vincula las cifras a la pandemia. Y en el colegio de Barcelona, su director de relaciones institucionales, Juan Jos¨¦ Aguilera, a?ade que la norma ¡°tiene buena voluntad para ayudar a familias en situaci¨®n de vulnerabilidad¡±, pero critica que la contenci¨®n ¡°frena la inversi¨®n de nacionales y extranjeros que quieren comprar inmuebles y ponerlos en alquiler: les genera incertidumbre e indefensi¨®n, y reduce sus m¨¢rgenes¡±.
Tambi¨¦n el portal inmobiliario Idealista, hizo hace unos d¨ªas balance de un a?o de la 11/2020. ¡°Impacto casi nulo en las bajadas de precio, que se ha reducido de forma similar en los grandes mercados¡± y ¡°dram¨¢tico recorte de la oferta¡±, aseguraron.
Una normativa pendiente del Tribunal Constitucional
La ley catalana de contenci¨®n de rentas del alquiler fue recurrida por el Partido Popular y tambi¨¦n por el Gobierno de Pedro S¨¢nchez ante el Tribunal Constitucional. El ejecutivo espa?ol, con todo, no pidi¨® la suspensi¨®n cautelar de su vigencia, por lo que sigue funcionando hasta que el tribunal se pronuncie.
El PP la recurri¨® solo tres meses despu¨¦s de que la aprobara el Parlament con los votos de Junts, ERC, los comunes y la CUP. ¡°Presentamos el recurso de inconstitucionalidad contra esa ley porque es un ataque a la propiedad privada, a los futuros arrendatarios y a los inquilinos¡±, dijo Pablo Casado entonces.
El recurso del Gobierno fue presentado en junio. En su caso, aleg¨® cuestiones competenciales para hacerlo, como ya se?al¨® el Consejo de Garant¨ªas Estatutarias en Catalu?a. Lo que no pidi¨® el ejecutivo fue medidas cautelares para suspender su vigencia, aunque hubiera podido. Uno de los motivos fue que tambi¨¦n el Gobierno tiene previsto regular de alguna forma el alquiler.
Mientras, en Catalu?a hay abiertos 385 expedientes por incumplimientos de la ley. Un tercio los han cursado los Ayuntamientos, otro tercio la Agencia de la Vivienda de la Generalitat y el tercio restante el departamento de Consumo. Con todo, solo se han tramitado 11 sanciones. Entre otras cuestiones, las denuncias son por cuestiones como no indicar el precio del ¨ªndice oficial o del contrato anterior en los anuncios.
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