El juez procesa a Albiol por tolerar la instalaci¨®n ilegal de antenas de telefon¨ªa m¨®vil

El alcalde de Badalona, Xavier Garc¨ªa Albiol (PP), tendr¨¢ que sentarse, con toda probabilidad y por segunda vez, en el banquillo de los acusados. La primera vez fue hace ocho a?os, cuando le juzgaron por repartir panfletos xen¨®fobos contra los gitanos rumanos. Le fue bien: logr¨® ser absuelto de un delito de odio. Esta vez responde ante la justicia por un asunto bien distinto: tolerar la instalaci¨®n de dos antenas de telefon¨ªa m¨®vil en la comisar¨ªa de la Guardia Urbana de Badalona que no contaban con ning¨²n tipo de licencia y eran ¡°manifiestamente ilegales¡±, seg¨²n el auto del juez que da por finalizada la investigaci¨®n del caso y al que ha accedido EL PA?S. La Fiscal¨ªa, que present¨® la denuncia inicial, concretar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas si solicita que se abra juicio oral contra el alcalde del Partido Popular y qu¨¦ pena pide para ¨¦l.

El juez ve indicios de que Albiol y otras siete personas ¡ªconcejales y otros cargos municipales¡ª cometieron los delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n por permitir la instalaci¨®n irregular de dos antenas de telefon¨ªa. Pese a las advertencias de vecinos y polic¨ªas, y pese a que conoc¨ªan las irregularidades, no hicieron nada por revertir la situaci¨®n, a?ade el auto judicial. Las antenas, propiedad de Vodafone y Telef¨®nica, operaron sin ning¨²n tipo de licencia entre 2012 y 2018, cuando fueron desmanteladas ¡°de forma voluntaria¡± por las empresas, sin que nadie lo pidiera. En ese tiempo, el Ayuntamiento dej¨® de ingresar casi 17.500 euros en impuestos que las empresas deb¨ªan haber abonado por ocupar un espacio p¨²blico como una comisar¨ªa.

En 2012, Badalona y otras ciudades afrontaban un problema serio: la falta de cobertura de la red de telefon¨ªa m¨®vil. En julio, un empleado de Vodafone escribi¨® un correo electr¨®nico a Tom¨¢s V., jefe de tecnolog¨ªas de la informaci¨®n del consistorio y uno de los procesados. D¨ªas m¨¢s tarde, Tom¨¢s V. (consejero delegado de la empresa p¨²blica Engestur) dio su conformidad para la instalaci¨®n, que consist¨ªa en un m¨®dulo prefabricado y una antena de 20 metros de altura. En septiembre, Telef¨®nica instal¨® en la misma comisar¨ªa, solo con una autorizaci¨®n verbal, otra estaci¨®n de telefon¨ªa m¨®vil, que consist¨ªa en un cami¨®n con un m¨¢stil.

La inacci¨®n del edil

Las antenas precisaban, seg¨²n la normativa, de una licencia urban¨ªstica y ambiental que nadie solicit¨® ni concedi¨®. Adem¨¢s, seg¨²n el Plan General Metropolitano de Barcelona, una instalaci¨®n de ese tipo no pod¨ªa ocupar un equipamiento nuevo como era entonces la comisar¨ªa de polic¨ªa local, ubicada en una zona elevada de la periferia de Badalona conocida como Tur¨® d¡¯En Caritg. ¡°No constan solicitudes formales, ni ning¨²n expediente administrativo, urban¨ªstico, ambiental o tributario¡±, concluye el titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 4 de Badalona, Josep Maria Noales.

El juez lamenta que dos empresas ¡°con ¨¢nimo de lucro¡± hayan ocupado un espacio p¨²blico sin que eso haya reportado un solo ingreso a la ciudad en concepto de canon. En una respuesta al juez, el consistorio cifr¨® en 617 euros el dinero que deber¨ªan haber ingresado en seis a?os por ocupar ese espacio. Pero un informe encargado por el juez a la Oficina Antifraude de Catalu?a (OAC) desmonta el c¨¢lculo del ayuntamiento y eleva esa cifra hasta los 17.448 euros.

Cuando las antenas se instalaron Albiol no solo cumpl¨ªa su primer mandato como alcalde (2011-2015) sino que ten¨ªa atribuidas competencias directas en urbanismo; por ejemplo, otorgar licencias de obras o ambientales y resolver expedientes urban¨ªsticos o sancionadores. El alcalde supo de la situaci¨®n de las antenas, seg¨²n el juez, desde agosto de 2012, cuando fue informado (primero por carta y despu¨¦s en persona) por representantes del sindicato policial SFP, que hab¨ªan puesto el grito en el cielo por la instalaci¨®n. Desde entonces, ¡°no consta que Albiol realizase gesti¨®n alguna en relaci¨®n con las solicitudes de informaci¨®n y retirada¡± de las antenas, se?ala la resoluci¨®n.

En su declaraci¨®n como investigado, en julio de 2020, Albiol aleg¨® que desconoc¨ªa que las antenas no tuvieran licencia y se desvincul¨® del asunto: ¡°Son cuestiones puramente t¨¦cnicas que no llegan al alcalde¡±, dijo a la salida del juzgado.

La instalaci¨®n de las antenas provoc¨® quejas de los vecinos del barrio y, en especial, de la Guardia Urbana. Los mandos ordenaron impedir el acceso de los camiones cisterna que deb¨ªan llevar gasoil para alimentar la infraestructura. ¡°De forma absolutamente incomprensible¡±, relata el juez, cuando eso ocurri¨® las compa?¨ªas lograron conectarse directamente al suministro el¨¦ctrico de la comisar¨ªa ¡°con un alargo y un enchufe¡±. Nadie en el ayuntamiento lo impidi¨®.

Ocho procesados

La pasividad de los responsables del Ayuntamiento de Badalona a la hora de poner fin a la situaci¨®n de ilegalidad de las antenas de telefon¨ªa se remonta al primer mandato de Albiol (2011-2015), pero se extiende tambi¨¦n a la etapa de Dolors Sabater, de la CUP (2015-2018) al frente de la alcald¨ªa. De ah¨ª que los concejales y cargos p¨²blicos ahora procesados por orden del juez pertenezcan a gobiernos de ambos mandatos. A diferencia de Albiol, sin embargo, Sabater hab¨ªa delegado las competencias en materia de urbanismo y por eso no se sentar¨¢ en el banquillo; de hecho, pese a la petici¨®n de la fiscal¨ªa, no lleg¨® ni siquiera a ser citada como investigada.

El juez ha concluido que hay indicios de delito de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n contra ocho personas. Una de ellas es Miquel Jurado, concejal de seguridad ciudadana durante el primer mandato de Albiol. Seg¨²n el juez, Jurado era ¡°perfectamente conocedor de la ilegalidad de las instalaciones¡± y, pese a ello, ¡°ocult¨®¡± esa circunstancia al sindicato policial SFP, que le hab¨ªa pedido explicaciones. No hizo nada por revertir la ilegalidad, concluye el juez.

Algo similar ocurre en el caso de Oriol Llad¨® (Esquerra Republicana), que fue concejal de Urbanismo mientras Sabater fue alcaldesa. Llad¨® ¡°tuvo pleno conocimiento de la antijur¨ªdica situaci¨®n de las antenas, no constando que realizara actuaci¨®n correctora alguna¡±.

Los otros cinco procesados son Christian C, gerente de Engestur; Tom¨¢s V, consejero delegado de Engestur; Josep D, jefe de los servicios jur¨ªdicos del ayuntamiento; Xavier S., gerente de Territorio; y Miguel ?ngel S., de la empresa MSR.