La consejera de Cultura declara ante el juez que no recibi¨® ninguna advertencia del TC sobre el 1-O

La consejera de Cultura, Nat¨¤lia Garriga (ERC), ha alegado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) que no recibi¨® ning¨²n requerimiento del Tribunal Constitucional advirti¨¦ndole de la suspensi¨®n del refer¨¦ndum del 1-O y ha negado que usara fondos p¨²blicos para organizar el refer¨¦ndum. Arropada por la c¨²pula de los partidos independentistas, Garriga ha comparecido esta ma?ana ante la juez del TSJC Maria Eug¨¨nia Alegret, que le ha notificado su procesamiento por su papel en la organizaci¨®n del 1-O y le ha ofrecido volver a prestar declaraci¨®n antes de que el caso se env¨ªe a juicio, seg¨²n han informado fuentes jur¨ªdicas.

Antes de adquirir la condici¨®n de aforada por su nombramiento como consejera, Garriga fue procesada por el juez que investiga los preparativos del 1-O por los delitos de desobediencia y malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, pero tanto la Fiscal¨ªa como la Abogac¨ªa del Estado le atribuyen solo el primero de ellos, que no conlleva pena de prisi¨®n. Garriga se ha acogido a su derecho a contestar solo a las preguntas de su abogada, Laura Par¨¦s, y ha mantenido que el Constitucional nunca le notific¨® su obligaci¨®n de abstenerse de la preparaci¨®n del 1-O, por lo que ha pedido al Tribunal que expida un escrito que as¨ª lo acredite.

Acerca del delito malversaci¨®n que planea sobre la consejera -dado que Vox s¨ª podr¨ªa acusarla del mismo-, Par¨¦s le ha preguntado ¨²nicamente por su papel en la adjudicaci¨®n de varios contratos menores para acondicionar un centro de atenci¨®n telef¨®nica que deb¨ªa recoger los datos del 1-O en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnolog¨ªas de la Informaci¨®n (CTTI). Garriga ha sostenido que las instalaciones del CTII no se acondicionaron para organizar el 1-O, sino que se concibieron para albergar otras utilidades relacionadas con la administraci¨®n catalana. Concretamente, ha a?adido, esas instalaciones se utilizaron para las elecciones catalanas del 2017, posteriormente han acogido el servicio de atenci¨®n telef¨®nica a la salud del 061 y, ya en pandemia, a los rastreadores de coronavirus.

Seg¨²n mantiene la Fiscal¨ªa, la propia juez del TSJC que proces¨® por el 1-O a Josep Maria Jov¨¦ ya descart¨® que los gastos destinados al acondicionamiento del citado centro constituyeran un delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, dado que despu¨¦s fue utilizado para procesos electorales legales y otras actividades.

La Fiscal¨ªa acusa a la consejera de ejercer de ¡°enlace¡± entre Jov¨¦ y otra de las procesadas por el 1-O para obtener un local donde almacenar el material electoral del refer¨¦ndum y de ¡°transmitir instrucciones¡± para la cesi¨®n de unas naves de Bigues i Riells (Barcelona), as¨ª como de realizar gestiones sobre la web del refer¨¦ndum. No obstante, la consejera no ha llegado a pronunciarse sobre esos hechos, dado que su defensa ha optado por obviarlos en su interrogatorio.

Varios consejeros del Govern, la presidenta del Parlament, Laura Borr¨¤s, y dirigentes de ERC, JxCat, la CUP y ?mnium Cultural han arropado hoy a la consejera de Cultura, Nat¨¤lia Garriga, ante lo que han calificado de nueva muestra de la ¡°represi¨®n¡± del Estado. La secretaria general adjunta y portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, en declaraciones a los medios, ha definido a Garriga como ¡°una servidora p¨²blica que a lo largo de su carrera ha trabajado por el bien com¨²n y ahora debe enfrentarse a una causa injusta, se la persigue por haber colaborado en el refer¨¦ndum¡±, que ¡°nunca es delito¡±. La portavoz republicana ha cargado contra la ¡°persecuci¨®n obsesiva del Estado¡±, que ¡°no servir¨¢ para parar al independentismo¡±, por lo que ERC ¡°reivindica las soluciones pol¨ªticas y no represivas¡±, entre ellas, una amnist¨ªa.

Por su parte, la presidenta del Parlament, Laura Borr¨¤s (JxCat), acompa?ada de los diputados Aurora Madaula, Francesc de Dalmases y Elsa Artadi, ha denunciado que el Estado ¡°no pasa p¨¢gina¡± del refer¨¦ndum del 1 de octubre y contin¨²a con su ¡°represi¨®n¡± contra ¡°servidores p¨²blicos¡± como Garriga. ¡°En estos tiempos en que se apela al principio de realidad, vemos cu¨¢l es la realidad del Estado: esta persecuci¨®n que no se detiene¡±, ha dicho Borr¨¤s, en un reproche velado al presidente de la Generalitat, Pere Aragon¨¨s, que este fin de semana reivindic¨® el principio de realidad de ERC en contraposici¨®n a las ¡°proclamas vac¨ªas¡± de otros partidos. La CUP ha acudido con los diputados Dolors Sabater, Xavier Pellicer y Eul¨¤lia Reguant para reclamar ¡°no normalizar esta situaci¨®n de represi¨®n¡± ni tampoco ¡°estabilizar las relaciones con el Estado como si no existiera el conflicto¡±, ha dicho Sabater, que ha pedido una ¡°amnist¨ªa completa¡±. El nuevo presidente de ?mnium Cultural, Xavier Antich, ha criticado la ¡°anomal¨ªa¡± que supone que ¡°los mismos tribunales supuestamente de justicia persigan a la consejera por dar voz a la ciudadan¨ªa, mientras amparan la corrupci¨®n y podredumbre de la monarqu¨ªa borb¨®nica¡±.

Garriga fue detenida el 20 de septiembre de 2017, en la operaci¨®n para abortar la log¨ªstica del 1-O y que dio pie al registro al Departamento de Econom¨ªa, dirigido por Oriol Junqueras y donde ella ejerc¨ªa de directora de servicios. Posteriormente, fue procesada por participar en los preparativos del refer¨¦ndum que suspendi¨® el Tribunal Constitucional, principalmente dadas sus gestiones para obtener un local donde almacenar material electoral y acondicionar un centro de recogida de datos de la votaci¨®n. A ra¨ªz de las ¨²ltimas elecciones catalanas, Garriga fue nombrada consejera de Cultura y la causa contra ella, que estaba ya ultimada, pas¨® a manos del TSJC, que la ha incorporado al proceso que tiene abierto contra los diputados de ERC y ex altos cargos de Econom¨ªa Josep Maria Jov¨¦ -quien era su superior en el Departamento- y Llu¨ªs Salvad¨®. Junto a una treintena de cargos del Govern de Carles Puigdemont, Garriga fue procesada por desobediencia y malversaci¨®n; pero ahora, con la causa ya en manos del TSJC, la Fiscal¨ªa ha abierto la puerta a que se le impute solo el primero de esos delitos, que se castiga con inhabilitaci¨®n y multa, pero no conlleva penas de prisi¨®n.