?Qui¨¦n quiere hacer posible el derecho a la vivienda?
La Constituci¨®n espa?ola declara un derecho a la vivienda que no se hace posible. El Constitucional, que debe encargarse del cumplimiento de la Constituci¨®n, no act¨²a para garantizarlo.
Ning¨²n partido habla en contra del derecho a la vivienda, pero no hay manera de hacerlo efectivo. Un recurso del Partido Popular acaba de tener como respuesta que el Constitucional anule la capacidad de la ley catalana de vivienda que permit¨ªa la fijaci¨®n de l¨ªmites en los alquileres, y que estaba consiguiendo su objetivo. Se considera que la norma catalana invade competencias estatales. No es el primer caso en el que el Constitucional interviene restringiendo una ley aprobada en el Parlament de Catalunya que busca avanzar en el derecho a la vivienda, lo hizo ya para recortar el decreto contra los desahucios.
Hay una contradicci¨®n que emerge al tener noticia de estas actuaciones: la Constituci¨®n espa?ola declara un derecho a la vivienda que no se hace posible. El Constitucional, que debe encargarse del cumplimiento de la Constituci¨®n no act¨²a para garantizarlo. Nunca se ha interpretado que el derecho a la vivienda deba ser garantizado, ning¨²n gobierno hasta ahora lo ha querido hacer. Tampoco ning¨²n Constitucional. Si hoy se plantea el derecho a la vivienda como una obligaci¨®n de las administraciones es consecuencia de la fuerza y el apoyo social de la movilizaci¨®n a favor de ampliar y consolidar derechos.
El Sindicat de Llogateres, creado en 2017, es el impulsor de la ley del Parlament para limitar el precio de los alquileres. La Plataforma de Afectadas por la Hipotecas lo fue de la Ley 24/2015 para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energ¨¦tica. El Parlament de Catalunya ha hecho posible legalizar para hacer avanzar en estos derechos, incluso contra la voluntad de los gobiernos existentes. Incluso hay partidos que llev¨¢ndolas al Constitucional las reclaman en lo municipal al ver su eficacia.
Conviene reconocer el trabajo fundamental de la movilizaci¨®n social para que este derecho tenga un gran impulso popular, entre en el sentido com¨²n de la ¨¦poca y en la agenda institucional. Y tambi¨¦n es es necesario atender a lo que hacen los partidos. ?Por qu¨¦ si dicen estar a favor del derecho a la vivienda llevan toda ley al Constitucional y no impulsan ninguna que lo haga posible? ?Si el Constitucional anula leyes por invasi¨®n competencial por qu¨¦ los partidos que pueden legislar en el Congreso no lo est¨¢n haciendo? ?Si gobiernan aprobando estas leyes porque no las desarrollan c¨®mo necesitar¨ªan? ?Por qu¨¦ el Ayuntamiento de Barcelona hace lo que est¨¢ muy lejos de hacer Generalitat y Gobierno? Basta con analizar y comparar la inversi¨®n en vivienda social o acompa?amiento a las personas que viven emergencia habitacional de cada administraci¨®n.
M¨¢s all¨¢ de partidismos, conviene poder conversar abiertamente de lo que falta hacer para que un derecho declarado est¨¦ garantizado. La lucha por este derecho es larga, la primera huelga documentada es de 1931 y ha dado pie a un interesante y necesario programa Memoria de las luchas por la vivienda en Barcelona, impulsado por el ayuntamiento hasta junio de 2022, Podr¨ªa ser un buen espacio para esta conversaci¨®n. Un derecho no existe si no se garantiza.
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